Con negativa tras negativa a transparentar el estado de las finanzas públicas, el XXIII Ayuntamiento, presidido por Armando Ayala Robles, revela un manejo inadecuado de los recursos, señalan desde la iniciativa privada. Tampoco hay un plan para mitigar este pasivo. Tesorería Municipal advierte que solo se enfocan en cubrir gastos administrativos y responsabilizar a la pasada administración de Marco Novelo Osuna del déficit heredado
El Ayuntamiento de Ensenada se resiste a entregar información sobre el estado que guarda la deuda pública 2020-2021, según consta en la solicitud con folio 01053220 hecha al organismo de Transparencia.
De acuerdo con el resultado de las Obligaciones Financieras de los Municipios de México 2021, que realiza el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, el puerto figura dentro del ranking, de manera que las finanzas municipales siguen siendo complicadas para los ciudadanos.
De los 2 mil 446 municipios en el país, 25 presentan un pasivo superior e implican un riesgo administrativo, como el caso de Ensenada, que figura en el lugar 17, con 564.4 millones de pesos sólo a bancos, contra el más endeudado, Tijuana, con una deuda de 2 mil 591 millones hasta el 31 de marzo del año en curso.
Aunado a esta cantidad referida por el CEFP, existen otros adeudos a proveedores, seguros, impuestos, retenciones y sindicatos.
En 2019, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) requirió información sobre la deuda total de los ejercicios 2019 y 2020, así como el plan para abatir este problema. La solicitud fue respondida de manera parcial por parte de la administración de Armando Ayala Robles, limitándose a responder al pasivo que dejó el ex alcalde Marco Novelo Osuna en el mismo año.
Conforme a esta única entrega de datos, hasta el 30 de septiembre de 2019 se debían 5 mil 061 millones 674 mil 750 pesos, pero ante la opacidad, se desconoce si tal cantidad se mantiene o ha incrementado.
Las cifras aproximadas son: 2 mil 044 millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali); 153.9 millones de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 63.3 millones de pesos a financieras; y 562.3 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
También le deben 4.9 millones de pesos al sindicato; 710 mil pesos de otras retenciones; 603.9 millones de pesos de deuda pública (Bansi); 24.8 millones de pesos a paramunicipales; 314.3 millones de pesos a proveedores y acreedores; 981.7 millones de pesos de fondos federales; y 307.6 millones de pesos de pasivos laborales.
El nivel de concentración de la deuda municipal en México es importante, considerando que, de esos 25 municipios, el 4.0% de los 621 ayuntamientos con deuda registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), representa más de la mitad del déficit total de este nivel de gobierno (55.3%).
La petición con folio 01053220 los ha llevado a pelear en varias instancias, debido a que la actual administración se niega a transparentar el plan con el cual pretenden abatir este problema.
LA MEGA DEUDA
En 2020, Tesorería Municipal se negó a dar detalles de la deuda pública, limitándose a informar que el monto a deber incrementó hasta el 30 de agosto de ese año a 2 mil 504 millones 601 mil 619 pesos con 40 centavos.
“No hay claridad en las cifras, ni en la respuesta, y no coinciden los montos”, sostuvo la Coparmex.
La respuesta respecto a 2020 fue: “En cuanto al pasivo al 31 de agosto de 2020, la proporción de a corto y largo plazo fue reestructurado en razón a lo convenido con Issstecali respecto a cubrir en el corto plazo lo devengado en la presente administración, sin embargo, el pasivo total sufrió un incremento, ya que se ubicó en la cantidad de $2mil 504 millones 601 mil 619.40”.
Sobre el plan para mitigar la deuda, Tesorería respondió:
“Se informa que ante el escenario que presenta la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), y su impacto en el entorno económico se prevé que estaremos operando con márgenes muy limitados en los recursos tanto propios como por concepto de participaciones y aportaciones federales como estatales.
“El plan de trabajo en el rubro de pasivos estará enfocado en cumplir lo máximo posible en cuanto al pago de las obligaciones generados por la presente administración, evitando incrementar dichos pasivos, en tanto se buscarán mecanismos que permitan negociar y en su caso convenir en la medida de las posibilidades los deudos de administraciones anteriores”.
También responsabilizan al gobierno de Marco Novelo Osuna.
Es claro que el nivel de endeudamiento heredado a la actual administración se encuentra muy por encima de los niveles críticos manejables, por lo que la aplicación de los lineamientos establecidos en el Plan Municipal de Austeridad y Fomento Económico “Vamos Juntos”, será una herramienta importante para enfrentar las necesidades.
Conforme al estudio del CEFP, Ensenada figura en el ranking de los 25 municipios más endeudados, al ser sus ingresos, inferiores a los gastos.
La tendencia de los gobiernos porteños ha sido la misma en los últimos dos gobiernos. En 2018, el puerto también se coló en número 12 del ranking, con un déficit de 719.2 millones de pesos; cada uno de los ciudadanos debía mil 324 pesos.
Al primer trimestre de 2021, ofrecía un análisis de corto plazo del comportamiento de la deuda municipal durante el primer trimestre de 2021, así como un análisis histórico de largo plazo, considerando los últimos diez años.
La situación a nivel nacional indica que el monto total de la deuda municipal presenta una tendencia creciente en general desde el primer trimestre de 2011 hasta el tercer trimestre de 2017, momento en que alcanza su máximo nivel de 51 mil 672.8 millones de pesos.
Según la SHCP, al 31 de marzo de 2021, los municipios más endeudados del país en términos absolutos eran: Tijuana, Baja California, con 2 mil 591.0 millones de pesos; Monterrey, Nuevo León, con mil 953.9 millones de pesos; Hermosillo, Sonora, con mil 773.3 millones de pesos; Guadalajara, Jalisco, mil 720.1 millones de pesos; Zapopan, Jalisco, mil 186.0 millones de pesos; y León, Guanajuato, con mil 037.4 millones de pesos.
Estos municipios, que representan el 0.9% del total con deuda registrada ante la SHCP, concentran poco más de una cuarta parte -25.7%- del total de la deuda de este orden de gobierno.
GOBIERNO DE ENSENADA EN LA OPACIDAD: COPARMEX
Armando León Ptacnik, presidente de la federación Baja California de la Confederación Patronal de la República Mexicana, informó sobre la opacidad en la que opera la XXIII administración municipal, que se ha negado a informar sobre el estado que guarda la deuda en este gobierno.
Consideró que desde hace tiempo hay un reclamo de la sociedad, de manera particular del sector empresarial, para que haya un orden de las finanzas públicas. Una mala administración del erario incide en los ciudadanos, ya que su deterioro ha provocado la ausencia de obra pública, desvíos y demás quebrantos.
Por lo anterior, es del interés de la Coparmex conocer si se ha cumplido la promesa del actual ayuntamiento, al igual que los anteriores, de ordenar y contener el creciente deterioro de las finanzas municipales, y dado que la información en el portal no es clara, han solicitado específicamente conocer el comportamiento detallado de los pasivos en 2020.
No obstante, sólo recibieron una respuesta con datos confusos al mes de septiembre de 2020, que además de incompletos, no corresponden al mes de agosto como se solicitó, confirmó el empresario.
Por tal motivo, el organismo se encuentra en medio de una disputa ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Baja California (ITAIPBC), la cual no ha podido obligar al gobierno a cumplir con la obligación.
Volvieron a plantear la solicitud de información, pero a septiembre de 2020 y sin respuesta obtenida, surgió una nueva queja ante el ITAIPBC, que al 29 de julio del año en curso, no se ha resuelto.
Para León Ptacnik, la opacidad generalmente obedece a ineficiencia en el manejo de recursos que desea ocultarse o a una inadecuada administración de esos recursos públicos.
