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jueves, febrero 15, 2024
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Araceli y su defensa de municipalización del agua

La presidente municipal de Rosarito se pronunció por seguir ponderando la transferencia de la Comisión de Servicios Públicos en el próximo Ayuntamiento, más aún cuando la localidad nunca contó con una dirección estatal propia. Ante el desacuerdo de la gobernadora electa, Marina Ávila Olmeda, con la aprobación del traspaso de las comisiones a los municipios y la advertencia de que pudiera revertirse, apostó por defender “lo que por derecho” le corresponde a Rosarito. Adelantó tener previsto prescindir de los servicios de cobranza de Fisamex

Para Hilda Araceli Brown Figueredo, alcaldesa reelecta de Rosarito, lo más importante es la municipalización del servicio de agua potable en el quinto municipio de Baja California, toda vez que esa localidad nunca ha contado con un organismo propio para operar y administrar el suministro del recurso.


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En su opinión, se trata de un procedimiento que le compete gestionar, con todo y que la próxima gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se haya mostrado en desacuerdo.

“Para mí eso es lo más importante y obviamente estoy dispuesta a defender lo que por derecho nos corresponde”, dijo Brown Figueredo en entrevista con ZETA.

“Estoy metida totalmente en lo que me corresponde, en el tema totalmente, porque la gente me generó a mí la confianza; yo soy gestora ante el Estado y la Federación, y estoy haciendo mi gestión”, recalcó.


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A raíz de que el Congreso del Estado aprobó una propuesta del gobernador Jaime Bonilla Valdez para que los municipios se hagan cargo de la administración y el manejo de los organismos operadores de los servicios de agua y drenaje, el VIII Ayuntamiento de Rosarito formalizó un convenio de transferencia con el gobierno estatal el 4 de agosto. Brown Figueredo mencionó que actualmente está trabajándose “el organigrama y la funcionalidad, el reglamento interno del órgano que se aprobó por medio de Cabildo por mayoría”.

Desde que arrancó la actual administración municipal, ella hizo un exhorto a la XXIII Legislatura de Baja California, así como al mandatario estatal, “para que se municipalizara el agua”. La petición fue parte de “una lucha (que) inició con la fundación del municipio”, en 1995.

“Es algo que no se dio nunca, Rosarito ni siquiera tiene dirección de la CESP, es el único municipio que no tiene dirección”, deploró.

Sobre la controversia constitucional que presentó el síndico procurador del Ayuntamiento, José Luis Zazueta Pérez, quien tachó de irregular el proceso legislativo para municipalizar las comisiones, Brown Figueredo subrayó que el Cabildo desconoció el recurso presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “y estamos en un proceso y lo que resulte, nuestro máximo compromiso es con el pueblo”, remarcó.

De las posibles consecuencias por el actuar del funcionario municipal, de quien regidores recriminaron que no les haya avisado que presentaría el medio de control, la primera edil reiteró: “Nosotros seguimos un proceso (…) tenemos que acercar los servicios a la comunidad, no complicar la vida, (sino) facilitarla”.

Manifestó que el hecho de que el 27 de junio, de gira por Baja California, Andrés Manuel López Obrador haya dicho que una de las principales demandas de residentes de Rosarito era el abasto de agua, representa “todo un compromiso” para ella: “Él viene en menos de tres meses (previo a que Bonilla concluya en el cargo de gobernador) y tengo que tenerle una respuesta”. Insistió en que el traspaso de la comisión suministradora “ni siquiera debería estar a discusión”.

En alusión a Ávila Olmeda, para quien la consabida municipalización no cumplió “con los tiempos ni las formas procesales parlamentarias”, de manera que pudiera ser revertida, sostuvo que lleva una “excelente” relación con la mexicalense.

“Somos compañeras de la Cuarta Transformación, estamos en contacto y sé que faltan algunos meses para que ella tome el poder (1 de noviembre), pero también sé que va a hacer cumplimiento a su compromiso, que la Cuarta Transformación (impulsada por López Obrador) para nosotros es lo más importante, Movimiento Regeneración Nacional (que constituye la raíz de Morena) se va a seguir construyendo en Baja California y en el país”, expuso Brown Figueredo.

En su momento, la gobernadora electa indicó que, en lo respectivo a su administración, no se renovará el contrato con Fisamex, empresa que en el gobierno actual y desde el anterior (encabezado por Francisco Vega de Lamadrid) se encarga de hacer cobranza de deudas para la Comisión Estatal de Servicios Públicos. La munícipe de Rosarito adelantó que, en dado caso, ella tampoco contratará lo servicios de la compañía.

El órgano “que está pronto” a constituirse, nacerá “sin deuda”, vislumbró. “No tenemos por qué contratar a nadie, tenemos la capacidad de salir adelante y sé que lo vamos a hacer bien, que vamos a dar un muy buen servicio, es algo que vamos a construir y lo tenemos que construir nosotros, el Municipio”, explicó.

Dijo tener “muy buena relación” con el empresariado (sector que ha sido objeto de los cobros de Fisamex). “Yo no tengo mala relación con nadie, me llevo muy bien con todos, por eso ha funcionado el municipio, claro, al principio no les gustó mucho mi manera de gobernar, lo fueron entendiendo, se fue procesando y, bueno, soy bien aceptada y yo como en la banqueta, también sé comer en los banquetes”, enunció.

El año pasado, a la alcaldesa se le criticó haber permitido la reapertura del establecimiento Papas and Beer, tras las restricciones implementadas ante el riesgo de contagio de COVID-19, y tratándose de otros negocios, no los favoreció con esa concesión. Ante los señalamientos de favoritismo, Brown Figueredo aseguró que esa empresa no le pagaba. “Estoy haciendo mi trabajo de manera honesta y muy honrada, aunque les duela”, publicó vía red social.

En el ejercicio periodístico con este Semanario y hablando de ascendencia política, la alcaldesa se definió como “obradorista”. Dijo tener “muchos años en la lucha social (encabezada por el hoy Presidente López Obrador), muchos años participando en el movimiento que ha tenido diferentes nombres”.

Asentó que en tal escenario, también ha recibido apoyo de Bonilla Valdez. “El bonillismo me ha apoyado en todo, soy una persona muy agradecida, muy leal a mis valores y principios, y siempre voy a estar agradecida con el gobernador”, aseveró.

Al igual que Armando Ayala Robles, de Ensenada, Brown Figueredo apostó por reelegirse en el cargo de presidente municipal en los comicios del 6 de junio. De acuerdo con los cómputos municipales efectuados por el Instituto Estatal Electoral, la planilla del ensenadense obtuvo 49.8719% de votación, en tanto que la de la alcaldesa rosaritense, 36.3374 %.

Mientras que en la elección de 2021, se emitieron 13 mil 446 votos a favor de la ex perredista, en la de 2019 fueron emitidos 11 mil 434. Sin embargo, en términos de proporciones, el porcentaje de votación de hace dos años fue de 45.05% para Brown Figueredo.

De cualquier modo, dijo, “me siento muy orgullosa porque gané con más votos que la primera vez y los gobiernos tienden a tener un desgaste natural, que la gente que no me había dado la confianza, me la diera, dice mucho para mí”.

También habló de la cercanía que en cuestión de sufragios tuvo con ella su máximo competidor, el candidato independiente Luis Fernando Serrano García, a quien se le adjudican 9 mil 727 votos (26.48%). “Ni tan cerca, digo, para que lo tengan bien claro, porque no estuvo ni tan cerca, o sea, 11 puntos de diferencia no es ni tan cerca; tan cerca hubiera sido que fueran dos o tres puntos de diferencia, ahí sí hubiera sido cerca, pero no, no es tan cerca”, subrayó.

Posteriormente, presumió que en la reciente jornada electoral, se refrendó su credibilidad y la del Ayuntamiento que encabeza, característica que a lo largo de la actual administración se ha visto constatada con una mayor recaudación: “Seguimos ahora sí que rompiendo nuestros propios récords, estamos recaudando más de lo que teníamos programado, la gente nos dio la confianza y nos la sigue dando”.

En términos de oposición a su gobierno, a propósito de la presentación de su segundo y último Informe, la cual tuvo lugar el 3 de agosto, la regidora de Movimiento Ciudadano, Norma Angélica Llamas Covarrubias, acusó que el acto fue de acceso restringido. De acuerdo con el Artículo 145 del reglamento interior del Ayuntamiento, “los informes de gobierno deben ser en una sesión solemne de cabildo abierta al público, con Honores a la Bandera ante la comunidad”, arguyó la opositora.

Por lo que a ese particular refiere, la presidente municipal rosaritense profirió: “Es que ella (Llamas Covarrubias) está en contra hasta de recibir información, ve cómo votó la última vez, votó en contra de recibir información, información que es de interés público, yo no la comprendo. Afortunadamente ya va de salida, pero ese es un actuar recurrente de ella”.

Sobre los posibles pendientes que se esté heredando como munícipe reelecta, “uno de los compromisos que tenemos con nuestra comunidad, es construir la paz, y parte de la paz es la regularización de la tenencia de la tierra y la legalización del patrimonio familiar, que es la certeza jurídica; teniendo certeza jurídica en el patrimonio familiar, es parte de la paz que queremos construir”, ejemplificó.

De enero a junio de 2020, hubo tres homicidios culposos en Rosarito conforme a información de la Fiscalía General del Estado, en tanto que en el mismo periodo, pero de 2021, fueron 18 los delitos registrados en ese rubro.

“Vamos a seguir, invirtiendo en la seguridad, es uno de los principales objetivos, la inversión en la seguridad es esencial (más allá de la reciente adquisición de 30 unidades para la Policía Municipal); es fundamental, porque además somos un destino turístico, pero no nada más porque seamos un destino turístico, sino porque insisto en que debemos darle el bienestar a nuestra comunidad, pero no podemos confundirnos. Hay que tener bien claro, porque es parte de la educación que también estamos emitiendo: la Policía Municipal es preventiva del delito y hemos cambiado la imagen y los vamos a seguir dignificando, tenemos buena Policía y, como lo he venido diciendo por dos años, claro que siempre hay frijolitos negros en el arroz blanco, pero son más arrocitos blancos”, exclamó.

Con todo y que Rosarito es “un municipio conurbado con Tijuana, que es la ciudad más violenta del país”, el VIII Ayuntamiento ha tomado las medidas pertinentes en materia de blindaje.

“Trabajamos muchísimo en ese aspecto, hemos bajado los índices de seguridad en todos los aspectos, no lo digo yo, lo dice la Federación, ahí están las estadísticas, lo marcan, pero además yo siempre estoy pendiente, de manera personal patrullo las calles de mi comunidad, salgo en la noche a patrullar Rosarito para saber cómo funciona y que no vengan y me cuenten”, expuso.

Cuestionada sobre el retroceso en el semáforo de riesgo epidémico de Verde a Amarillo en Baja California, aplicado el 9 de agosto tras la celebración de eventos masivos en el marco de la feria de esa localidad, Brown Figueredo concluyó: “Rosarito ha sido el municipio con mayor obediencia civil al respecto, hemos sido el municipio que menos casos de COVID (19) tenemos per cápita en Baja California, entonces la gente ya sabe qué hacer, somos adultos, ya tenemos la educación, exhortamos desde el gobierno a la población a que se siga cuidando”.

La rosaritense tomará posesión de nueva cuenta el 1 de octubre, para desempeñarse como alcaldesa hasta el 30 de septiembre de 2024. Como suplente en la alcaldía del IX Ayuntamiento, estará Alejandra Edith Padilla Orozco, y al frente de Sindicatura Procuradora, Jaime Ibarra Acedo.

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Autor(a)

Eduardo Andrade Uribe
Eduardo Andrade Uribe
Licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México; con certificado de terminación de la maestría en Cultura Escrita otorgado por el Centro de Estudios Sor Juana. Activo en semanario ZETA dese 2005.
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