El Ayuntamiento de Tijuana todavía no cuenta con el recurso necesario para ampliar la seguridad social de los oficiales activos, que la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California refiere en su reforma del 28 de diciembre de 2020. Además, la actual administración, desde que Arturo González Cruz estuvo a la cabeza y posteriormente con Karla Ruíz Macfarland, no permitió que la asociación Brazos Abiertos, que ayuda a viudas y huerfanos de policías municipales, tenga acceso a un apoyo ecónomico que año tras año recibe por parte de la corporación.
Alrededor de 40 viudas de policias municipales que han muerto por complicaciones relacionadas a la COVID-19 y a causa de padecimientos como infartos al corazón, se encuentran en el desamparo por parte del Ayuntamiento de Tijuana, quienes aprovechando los vacíos legales, les han entregado finiquitos que no respetan la antiguedad de los oficiales fallecidos y no les otorgaron el resto del aguinaldo que les debían; además, por no haber muerto en el cumplimiento de su deber, se le ha quitado la oportunidad de becas educativas para sus hijos, así como los servicios médicos.
“El Ayuntamiento ha sido insensible”, acusan viudas de oficiales
Tras meses de empujar y presionar al Ayuntamiento de Tijuana, que preside Karla Ruíz Macfarland, las viudas lograron que el pasado viernes 25 de junio, se rindieran honras funebres a sus esposos, oficiales de la Policía Municipal que fallecieron a causa de la COVID-19. Durante los meses previos, se les negó esta ceremonia a causa de la pandemia y luego por el proceso electoral que se vivió en el estado.
Edith Escárcega González, viuda del oficial Juan Antonio Anguiano Juárez, quién dedicó los últimos 31 años de su vida en la Policía Municipal de Tijuana, expresó su molestia y tristeza porque en Oficialía Mayor del Ayuntamiento, les han referido que su esposo no cuenta con antiguedad y por lo tanto no le piensan dar un finiquito acorde al tiempo trabajado.
“Estoy muy molesta porque el vivió en la policía día y noche, se quedaba horas extras que no le pagaban como en cualquier trabajo. Estos homenajes no nos los querían hacer, nosotras estuvimos batallando, tocamos puertas hasta que buscamos a los medios y por eso nos hicieron este evento. Si nos da coraje, que después que ellos fallecen, se olvidan de uno”, compartió la señora Escárcega mientras sostenía en sus manos un retrato del oficial Anguiano.
El oficial Anguiano enfermó en diciembre de 2020, al realizar su actividades laborles, las que desempeñaba sin el equipo de protección adecuado, porque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), solo les entregó una careta y un par de guantes, motivo por el que tuvo que adquirir su equipo pero no fue suficiente.
“Me piden que vaya a entregar la carta testamentaria para iniciar el trámite del finiquito y del seguro de vida, me traen vuelta y vuelta, he gastado mucho dinero en gasolina, en sacar actas de nacimiento actualizadas. Son muy despotas las personas en Oficialía Mayor… Estamos exigiendo que nos den el finiquito como dice la ley, el mio trabajó más de 30 años, quiero lo que le corresponde por derecho. Me quieren dar cerca de 16 mil pesos, se me hace injusto.”
“Ellos tienen seguro de vida por parte del Ayuntamiento, pero nos dijeron que como fue por COVID, ellos no tienen derecho a nada, porque según ellos, es muerte natural. Ellos dicen que como es COVID es muerte natural, es algo que me han dicho en todos lados”, explicó Escarcega González.
En el caso de Guadalupe García Hernández, viuda del oficial José Alfonso Blanco Anzurez que estuvo 8 años como policía activo, compartió que su esposo se contagió de COVID-19 por una visita que hizo al ISSSTECALI el 1 de diciembre de 2020 para recibir atención médica a raíz de un ataque directo que recibió al atender un reporte por una persona violenta en la colonia Parajes del Valle. A los días, comenzó con síntomas de COVID-19 y para el 26 de diciembre comenzó a agravarse, fue internado en Hospital General y falleció el 4 de enero de 2021. Con su muerte quedó en la horfandad su hija de 10 años.
“No tuvimos apoyo, como fue por COVID no lo tomaban como una muerte en el cumplimiento de su deber. Yo siempre hice hincapié que mi esposo se contagió en el cumplimiento de su trabajo. A mí, en el cobro del finiquito me hicieron un ajuste y no tengo derecho a un peso de finiquito porque hubo el adeudo de equipo de mi esposo que asciende a los 22 mil pesos, y el finiquito era de 20 mil pesos, practicamente les debo 2 mil pesos, y no fueron flexibles con mi situación”
“Bastante insensibilidad hemos visto por parte del Ayuntamiento, ojalá que cambien las cosas y se vean. Mi niña tiene 10 años, necesita apoyo en cuestón de su beca, apoyo en cuestión para educación, lo que viene siendo una pensión. Nosotras como viudas no tenemos derecho a pensión, pero los hijos de oficiales caídos en cumplimiento de su deber sí tienen derecho a pensión. En caso de todos los oficiales que han muerto por COVID-19 lo toman como una enfermedad general y no tenemos derecho a nada”, indicó García Hernández.
De igual manera, comentó que no le han hecho valido el seguro de vida que dejó su esposo porque en la delegación de la Presa Rural no capturaron la última incapacidad que ella presentó mientras su esposo estaba internado, sin embargo, dado que esta incapacidad no fue capturada, la aseguradora tomó esos días como baja laboral por lo que se deslindó de entregar ese seguro de vida.
Un total de seis viudas entrevistadas compartieron vivencias similares, como por ejemplo, que menos de media hora después de que se les informó de la muerte de sus esposos, recibieron llamadas de la SSPCM para pedirles que acudieran a entregar las pertenencias de los agentes y recogieran las cartas testamentarias.
Destacaron que el Ayuntamiento no invirtió en los gastos funerarios porque es el banco Banorte, que se encarga de todos los gastos por un seguro con el que cuentan con esta institución bancaria. Además, el aguinaldo que reciben en dos partes, solo les entregaron la parte de diciembre, mientras los oficiales estaban vivos, para enero, cuando les tocaba recibir la segunda parte, ya no les entregó, en la mayoría tampoco recibieron la última catorcena del salario de sus esposos.
A la fecha les prometieron una reunión con la alcaldesa para resolver el tema pero no les han contactado aún. Aunque la mayoría no está de acuerdo con la cantidad que les quieren dar, en Oficilía Mayor les dijeron que su cheque podría quedar liberado hasta dentro de 7 meses.
Ayuntamiento le niega apoyo económico a asociación que ve por viudas y huerfanos de oficiales
Alberto Licona Castillón, presidente de la asociación Brazos Abiertos, que desde hace 23 años ayuda de manera integral, económica, espiritual y psicológicamente a viudas y huerfanos de los policías caídos en el cumplimiento de su deber, informó que en el año 2020, el alcalde Arturo González Cruz no permitió que los oficiales hicieran una donación anual a la asociación.
“Este apoyo lo gestionó Madre Antonia en lo económico, y es una tradición que siempre ha sido, todos los policías lo saben. Recursos Humanos de la SSPCM nos facilita una especie de nómina donde viene el nombre del oficial y un espacio para su firma donde se señala que se le van a descontar 100 pesos vía nómina para favorecer a la asociación Brazos Abiertos; recabamos las firmas y las entregamos a Recursos Humanos que a su vez lo manda al Ayuntamiento, y ahí es donde se hace el depósito en una cuenta de ahorros que tenemos para la asociación.”
“El año pasado recabamos la firmas como cada año, pero en Recursos Humanos nos dijeron que ese año no se iba a poder hacer la colecta. Estuvimos buscando una respuesta, pero nunca obtuvimos acceso a ninguna. Con la actual alcaldesa le mandamos solicitud, nos mandaron a la secretaría, pero no nos atendió el secretario y seguimos sin tener una respuesta, por lo que seguiremos buscando a la alcaldesa para hacer esa colecta que es muy importante para nosotros, ojalá que se conmueva un poco y nos ayude”, señaló el presidente.
Apoyos a viudas es una decisión política
Para Gilberto Zúñiga Inzunza, coordinador jurídico y vicepresidente de la Asociación de Policías de Tijuana (APT) las condiciones que viven las viudas de oficiales fallecidos, es un acto de “mala fe” que siempre ha existido desde el gobierno federal, estatal y municipal, ya que se han tardado en legislar sobre el tema, afectando tanto a los policías activos como a sus familiares, cuando los agentes fallecen.
“¿El por qué los finiquitos tan pequeños? En la administración de Carlos Bustamante para acá se dejó de tomar en cuenta la antiguedad del policía, una antiguedad que se reconocía de manera supleatoria de acuerdo a la Ley del Servicio Civil, había un cálculo de 10 mil pesos por año cuando un policía renunciaba o fallecia, cualquiera de las dos modalidades que pasa lo mismo ahorita, esas cantidades son las que te tocaban también. Ahora si tienes un año o 30 en servicio, lo que se te genere en ese año de derechos, es lo que se te va a dar, no importa la antiguedad”, explicó el coordinador jurídico.
y agregó, “Por eso es la sorpresa de las viudas, porque les dejaron de reconocer la antiguedad, una cuestión que al final fue solo una decisión política y lo dejaron de hacer. Era un reconocimiento de manera supleatoria, nada más de voluntad política. Nosotros los policías no estamos reconocidos como trabajadores, estamos reconocidos como prestadores de servicios con una prestación administrativa.”
Indicó que la Ley de Seguridad Pública de Baja California los sigue imponiendo una figura de prestadores de servicios públicos con una prestación administrativa, por lo que no se les reconoce como trabajadores y es más fácil que se les puedan retirar derechos laborales. Indicó que al tener el reconocimiento como trabajadores del estado, podrán acceder a mayores derechos.
Enfatizó que las autoridades dejaron de ejercer el tema de la antiguedad, porque no estaban obligados por ley, porque al ser prestadores de servicios, no tiene derechos laborales. Sobre el finquito, dijo que se integra por lo proporiconal al aguinaldo, las vacaciones y las primas con las que contamos, y que corresponden al último año que uno oficial estuvo en servicio con base a la Ley del Servicio Civil de Baja California.
“La Ley del Servicio Civil viene a ejercerce de manera supleatoria porque no tenemos una ley propia, es donde entra este limbo, porque nunca se generaron nuestras propias leyes, entonces, ellos toman el cálculo de 40 días en diciembre y 20 días en enero, esa es la forma que se aplica el aguinaldo para los trabajadores de gobierno, de ahí se utiliza el criterio para las mujeres embarazadas, las vacaciones; los cálculos administrativos se toman de la Ley del Serivicio Civil y de ahí se hacen los cálculos”, refirió.
Por otra parte, indicó que en la reforma de la Ley de Seguridad Pública del 28 de diciembre de 2020, se les otorgan los derechos de antiguedad y pensión a las viudas, así como el apoyo para educación, a quienes tengan hijos menores de edad, por lo que las viudas que sientan que son vulneradas pueden demandar lo que por derecho les corresponde.
Tanto la Ley de Seguridad Pública como el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera y de Seguridad Social de la SSPCM de Tijuana, solo hacen referencia a pensiones entregadas por fallecimientos a consecuencia del servicio. Pero en el artículo 246, fracción IX, se indica que en caso de fallecimiento, los descendientes y dependientes menores de 18 años se les otorgará acceso a la educación básica, media superior y superior pública, a través de becas de estudio.
Ayuntamiento de Tijuana con buenas intenciones pero sin actuar
Luego que la alcaldesa de Tijuana, Karla Ruíz Macfarland negó que estuviera poniendo travas a las viudas para hacer la ceremonia de honras funebres a los policías que han fallecido por COVID-19, y dar su posicionamiento en referencia a que los pagos eran correctos conforme a lo que establece la ley, aseguró que en el lapso de un mes podría quedar el pago del seguro de vida y que buscaría a las viudas para dialogar con ellas.
De hecho, el día de las honras funebres personal cercano a la alcaldesa, se acercó a algunas de las viudas para informarles que la presidenta municipal se reuniría por separado con cada una, hecho que no ocurrió, ya que ninguna de las viudas ha sido llamada al dialogo como lo había prometido la primera edil de Tijuana.
José Cañada García, regidor y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil en el 23 Ayuntamiento de Tijuana, confirmó que el nuevo reglamento contempla una pensión vitalicia para las esposas y para los hijos menores, incluso para los hijos mayores de edad que están estudiando. Sin embargo, lo que hace falta es el recurso para sustentar los gastos que generarán.
Tan solo ampliar los servicios de seguridad social podrían costar alrededor de 200 millones de pesos. Se espera que el Gobierno del Estado ponga 120 millones de pesos y el resto lo ponga el Ayuntamiento.
Anunció que existe la intención de contemplar a las viudas de los policías que cayeron por COVID-19, porque la mayor parte pudo contraer la COVID-19 dentro de sus horas de trabajo, y yo se buscaría que sus familias no queden desamparadas.
“Precisamente estamos modificando el reglamento, vamos a modificar el reglamento, yo traigo un punto de acuerdo donde dice: por fallecimiento, cuando un miembro fallezca a consecuencia de sus servicios, que esté trabajando o en su defecto que sea parte de la policía municipal, como cualquier trabajador, sus familiares tengan los beneficios que comprenden el seguro de vida, así como de los establecidos en el artículo 246 fracción 10 de este reglamento.”
“Estamos trabajando en ese sentido, y ya hay un proyecto que ya me lo presentaron, y nada más estamos valorando, y en estos días vamos a tener una reunión de la Comisión de Seguridad, para efectos de ver el reglamento y ver si procede o no, que lo hemos trabajado con la Consejería Jurídica, con el Secretario y todo parece que va por buen camino, y en menos de un mes podríamos aprobarlo en Cabildo. En este nuevo proyecto vamos a contemplar a las viudas de oficiales que murieron en años anteriores”, mencionó Cañada García.
Pese a estas intenciones, el regidor ha sido señalado por viudas y oficiales, de ignorar todas las peticiones de reunión que le han solicitado, así como escritos hechos llegar a su oficina, de los cuales no han tenido respuesta.
Como parte de este reportaje se buscó al Oficial Mayor, Gibrán González Resendiz, pero declinó la entrevista, informando que no tenía nada que agregar al respecto del tema.
