ENSENADA.- Vacíos legales en representaciones de ejidos y dilación de juicios agrarios ha provocado la toma de la Procuraduría Agraria en Ensenada -desde hace una semana-, expusieron algunos de sus miembros durante una reunión celebrada este jueves.
Reynaldo Magaña, apoderado directo de la asamblea del Ejido Laguna de Hanson, explicó que debido a la pandemia se suspendieron asambleas ejidales, por disposición sanitaria.
En ese inter de aproximadamente un año y medio se vencieron las directivas de unos 70 comisariados ejidales en zona costa, mismos que se encuentran en un vacío legal debido a que al término de su periodo en automático entran los suplentes y el Consejo de Vigilancia en los siguientes 60 días debe lanar la convocatoria para renovar órganos de representación ejidal.
En este caso, abundó Magaña, ya se vencieron los periodos ordinarios, es decir, los 60 días de los suplentes y los 60 días del Consejo de Vigilancia.
Ante este escenario, la única institución oficial para convocar a la regularización es la Procuraduría Agraria y en este momento está impedida porque las oficinas están tomadas por “un grupo de personas con intereses muy particulares, personales, no son conflictos agrarios”, apuntó.
Dijo que hay una enorme cantidad de juicios que se están difiriendo porque varios de los abogados son de oficio y no pueden ingresar a las oficinas. Así, el Tribunal Agrario puede hacer dos cosas, declara que perdió una de las partes porque no contestó, no presentó sus argumentos, o diferir la audiencia, como está ocurriendo.
Margarita Montes Gilbert, presidenta del Comisariado Ejidal El Bramadero, ubicado en la zona San Pedro Mártir, afirmó que los expedientes se encuentran secuestrados porque los asesores asignados a los juicios no pueden a las oficinas, por lo tanto, no hay audiencias.
Las audiencias se están reprogramando hasta dentro de tres meses, sostuvo, por lo que exigió respetar el derecho de las personas que necesitan el servicio y que sea liberada la oficina.
De quienes tienen tomadas las oficinas, comentó que son entre ocho o 10 personas; independientemente de que tengan o no razón en sus peticiones, pidió que el problema entre ellos y la Procuraduría Agraria se dirima por los cauces legales.
