La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó la sexta denuncia por posible desvío y lavado de dinero por 3 mil millones de pesos contra Emilio Lozoya Austin, quien está relacionado con el caso de Odebrecht siendo director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
En un comunicado -difundido este 18 de julio- la UIF de Santiago Nieto Castillo indicó que la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República involucra a 11 personas físicas y 33 morales por los delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos.
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Emilio Lozoya Austin es acusado de haber recibido 10.5 millones de pesos en sobornos de la constructora brasileña Odebrech a cambio de contratos con Pemex, realizadas en Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas.
El gobierno mexicano también le imputó haber comprado durante su administración al frente de la petrolera una planta inservible de fertilizantes Agronitrogenados al director de Altos Hornos de México, Alonso Alcira, quien lo habría sobornado con una casa en la Ciudad de México.
Según la UIF logró identificar un esquema de lavado de dinero en Pemex entre 2012 y 2016, el cual operaba mediante contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht por sumas millonarias que podrían haber financiado campañas políticas.
En el primer grupo de operaciones, las empresas -con relación directa con Odebrecht- recibieron recursos públicos de Pemex y organismos
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gubernamentales de forma injustificada por medio de diversos vínculos corporativos, financieros o comerciales.
Entre las empresas hay una de Odebrecht, que durante la administración de Lozoya Austin registró transferencias por más de 3 mil millones de pesos supuestamente por concepto de pagos por la prestación del servicio de “construcción” a favor del gobierno federal.
“En el segundo grupo de la operación, las empresas recibieron los recursos del primer grupo y se encargaron de transaccionarlos y estratificarlos mediante un esquema de triangulación de recursos, para posteriormente enviarlos a empresas con características de fachada”.
Las cuales se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante un esquema de dispersión de recursos, por medio del retiro masivo de dinero en efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales, como en Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México.
