Los discursos triunfalistas en materia del combate a la inseguridad de los gobiernos de la Cuarta Transformación en Baja California, se sostienen entre nubes. La realidad es exhibida con solo observar las cifras de homicidios en cada uno de los municipios de la entidad; la mayoría se encuentran entre los de mayor incidencia al año. Una consecuencia -entre tantas- es la saturación que se genera en las distintas morgues de Baja California, de las cuales algunas están sobrepasadas hasta en un 300%
El lunes 19 de julio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en su conferencia mañanera la lista de los 50 municipios con mayor incidencia de homicidios a nivel nacional. Destacó a Tijuana, cuna del gobernador Jaime Bonilla Valdez, como el de mayores resultados sangrientos a nivel nacional, pero también evidenció a los municipios de Ensenada, Tecate y Mexicali en los lugares 9, 16 y 23 de la deshonrosa lista.
A esto se suma que los municipios de Caborca y San Luis Río Colorado, Sonora, también forman parte de la lista, y al menos sobre lo que ocurre en Mexicali, ambas comunidades tienen una influencia importante en la cifra de homicidios.
Mientras los discursos triunfalistas de recuperación en Baja California y a nivel nacional, prevalecen como parte del discurso de los gobiernos de Morena, el Estado sostiene una situación de violencia que no ha podido ser contrarrestada, pese a que la propia Fiscalía General del Estado (FGE) presume incrementos en materia de cumplimientos de orden de aprehensión por este hecho delictivo.
Aunado a las consecuencias letales derivadas de este problema, el Servicio Médico Forense (Semefo), es uno de los que más reciente esta problemática, pues el incremento generalizado de la violencia en todos los municipios, mantiene una saturación dentro de las diversas morgues de Baja California.
Municipios como Tecate tienen una sobreocupación del 300%, mientras que Tijuana casi alcanza una saturación del doble de su capacidad; Mexicali, el que se ha presumido como el municipio más seguro del Estado, mantiene una tendencia al alza en torno a homicidios y se encuentra a escasos cuerpos de no contar con espacio para el resguardo de cadáveres.
César Raúl González Vaca, director del Semefo, aseveró que a partir de 2017 se dio un crecimiento exponencial en la recepción de cuerpos, pues de tener un promedio de 500, ahora se alcanzan anualmente los mil cadáveres.
Esto generó grandes complicaciones, sobre todo en Tijuana, donde pilas de cuerpos se amontonaban en las reducidas instalaciones de la institución a cargo del Poder Judicial, al grado de generar inconformidad de vecinos por los fétidos olores provenientes del inmueble. La gran diferencia es que la situación se registra en cuatro de los cinco municipios de BC, no solo en Tijuana.
Al cierre de este reportaje, en el transcurso de 2021, Mexicali ha registrado 140 asesinatos; Tijuana, mil 142; Ensenada, 212; Tecate, 177; Rosarito con 58 y San Quintín 22, según las cifras oficiales de la FGE, de los cuales, según el fiscal central Hiram Sánchez Zamora, gran porcentaje de los móviles descansan en la hipótesis de un conflicto por narcomenudeo.
FGE MANTIENE CUERPOS DESDE 2018
Por Ley, los cuerpos que se resguardan en las instalaciones del Semefo tienen un periodo de resguardo que no debe exceder las dos semanas, con la intención de evitar precisamente una saturación en los frigoríficos de la institución.
Sin embargo, desde 2018, sobre todo durante la nueva administración emanada de Morena, en Baja California los procesos de liberación de cadáveres se han vuelto lentos, toda vez que la FGE otorga la última palabra para que inicie el proceso de inhumación.
El doctor González Vaca, aseveró que la institución se ve obligada a resguardar los restos mientras el Ministerio Público no otorgue el permiso, pese a que la reglamentación vigente indique que el plazo máximo de resguardo sea de dos semanas.
A partir de ese momento, el Semefo requiere al menos una semana más de trámite ante los respectivos ayuntamientos para concretar la inhumación.
El fiscal central Sánchez Zamora asegura que esta conducta ha sido intencional, puesto que se pretende resguardar el mayor tiempo posible a los cadáveres para no revictimizar a los familiares de personas desaparecidas.
Y es que colectivos de búsqueda le han externado su inconformidad y dolor al llevar a cabo procesos de exhumación de cadáveres de la fosa común, sobre todo en Tijuana, donde, según González Vaca, se generan agujeros con una capacidad de hasta nueve restos.
Cada cuerpo que remueven -agregó el doctor- representa un cobro extra por parte de la funeraria a la familia, y la víctima se encuentra en el noveno espacio. El gasto para una familia podría ser sustancial, aunque no especificó el dato, puesto que cada negocio maneja sus propias cuotas.
Una revisión rápida de ZETA a funerarias, permitió establecer que solo el costo del trámite para llevar a cabo la exhumación, ronda entre los 7 mil y los 8 mil pesos.
Actualmente, la morgue de Tijuana está sobrepasada por el doble de su capacidad; en Ensenada caben 50 cuerpos y tienen 70; en Tecate, capacidad para 20 y resguardan 60; mientras que en Mexicali están a escasos cuerpos de llegar a su tope máximo.
De ellos, el 70% son homicidios violentos y candidatos a ser enviados a la fosa común por exceder las dos semanas dentro de las instalaciones del Semefo pero, aun así, la FGE “paraliza” el traslado de cuerpos a la morgue.
Aunque este argumento podría considerarse lógico, Irma Leyva, representante de Madres Unidas y Fuertes, rechazó que su colectivo tenga interés en que se mantengan los cadáveres bajo resguardo del Semefo, puesto que el verdadero problema es la simulación y falta de atención de las áreas especializadas para la identificación de cadáveres de la FGE.
Recordó que en alguna ocasión solicitó la extracción de pruebas de ADN a un cadáver enterrado, ya que coincidía con las características de su hijo Diego Hernández Leyva, desaparecido desde 2007. Sin embargo, la FGE tardó años en darle una respuesta positiva.
BANCO GENÉTICO TIENE 5 MIL PERFILES EN BC
Ángel Lozano, director de Servicios Periciales, indicó que entre familiares y víctimas, el banco de perfiles genéticos de la FGE tiene capacidad de 5 mil muestras, las cuales se comparten con autoridades federales para extender la búsqueda a todo el país.
No conforme con ello, existe un aproximado de 300 restos óseos o cadáveres en mal estado en espera de ser ingresados a las bases de datos de genética.
En muchas ocasiones resulta complicado extraer información genética de restos óseos. Ejemplificó que solo en el proceso de limpieza, previo a intentar obtener una muestra, se requieren al menos dos semanas de trabajo en un solo hueso, sin garantías de que en el proceso se obtenga una muestra ideal para comparativa de genética.
Acorde con el funcionario de la FGE, nunca es suficiente el personal para trabajar en estos rubros, por lo que requerirían al menos el doble. Actualmente cuentan con 54 criminalistas distribuidos en municipios, con 17 elementos especializados en lofoscopía (huellas dactilares) y odontología forense, además de dos laboratorios con cuatro elementos.
Sin embargo, comentó que aún les falta un perito de antropología forense, para lo cual se abrió una convocatoria que no ha sido cubierta.
Según información proporcionada por la Secretaría General de Gobierno, el Estado está gestionando equipo especial para pruebas de ADN con el objetivo de prestárselo a la FGE y así acelerar los procesos de extracción e identificación de restos humanos, lo que representaría una inversión tentativa de 9 millones de pesos.
Cabe señalar que la Comisión Estatal de Búsqueda, ha llevado a cabo 80 operativos de búsqueda de cadáveres, en 56 de ellos se han localizado restos, mismos que pasan a poder de la FGE, entidad encargada de la identificación de los cuerpos.
PJ SE COMPROMETE A CONSTRUIR PANTEÓN FORENSE
El conflicto entre el Poder Judicial y la FGE por el tratamiento de los cadáveres, ha llegado incluso a tener como testigo al gobernador Jaime Bonilla Valdez en reuniones de trabajo. En la confrontación de argumentos, se logró llegar a un acuerdo: el panteón forense.
Por medio de un recurso federal, el Poder Judicial ha planteado la construcción de un panteón forense que vendría a sustituir a los actuales procesos de inhumación de cadáveres, como se conocen.
El esquema pretende emular el proyecto originado en Guerrero, de construir un inmueble con determinada cantidad de gavetas, donde se resguarden los cadáveres por un periodo de 7 años para posteriormente ser turnados a un área llamada osteoteca (banco de huesos).
El director del Semefo Baja California refiere que antes de terminar el año, estiman iniciar la construcción del panteón forense en Tijuana, con capacidad para resguardar 2 mil cuerpos.
El proyecto inicial se contemplaba en Mexicali, pero ante la urgencia de dar solución a la cantidad de cadáveres que se atienden en Tijuana, se decidió moverlo para esa zona, teniendo como opciones el Panteón Municipal 13, donde actualmente se entierran los cuerpos, o bien, recurrir a algún espacio en La Encantada.
Sin embargo, este primer proyecto tendría que venir acompañado de una segunda etapa de manera urgente, pues en un periodo menor a dos años, la construcción estaría sobrepasada.
Para entender un poco el problema, en 2010, en Mexicali y Tijuana se enviaban 38 y 481 cuerpos a fosa común, respectivamente; para 2020, Mexicali enviaba 277 y mil 042 en Tijuana. De ellos, uno de cada tres no es identificado y termina en fosa común.
El fiscal central Hiram Sánchez Zamora coincidió con el doctor González Vaca en que la única solución es la construcción de un panteón forense que albergue los restos por un periodo de siete años -lo que exige la Ley-, puesto que simplificaría la consulta de cadáveres cuando sea necesario.
