Tres ex funcionarios del gobierno de BCS, ahora laboran en la Fiscalía General del Estado de Baja California, cada uno con acusaciones penales por distintos hechos. Rosa Iliana Soto Quiñonez, directora de Capital Humano, por suplantación de identidad; Claudia Elena Meza de la Toba, fiscal de Contraloría y Visitaduría, por ejercicio ilícito de funciones; y José Antonio Ramírez Gómez, oficial mayor, por corrupción
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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California tiene en sus entrañas una red de ex funcionarios de Baja California Sur acusados de realizar actividades irregulares durante sus distintos cargos, y ahora, al interior de la dependencia de seguridad se protegen entre ellos y han defraudado.
Los funcionarios son Rosa Iliana Soto Quiñonez, directora de Capital Humano; Claudia Elena Meza de la Toba, fiscal de Contraloría y Visitaduría; y José Antonio Ramírez Gómez, oficial mayor de la FGE. Todos laboran en la institución desde el 1 de noviembre de 2019.
Comenzando por la directora de Capital Humano, encargada de contratar al nuevo personal en la FGE, todos los currículos y contratos pasan por sus manos. El papeleo, pagos, etcétera, suceden en el área que dirige.
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Soto Quiñonez cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad de Sonora de 1998 a 2003, posteriormente, de 2012 a 2015 laboró en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Baja California Sur como jefa de departamento de la Dirección de Fiscalización. Y de 2015 a 2016, se desempeñó como subdirectora de Recursos Humanos del XV Ayuntamiento de La Paz.
Posteriormente, realizó una maestría en Política Fiscal y Tributaria en la Universidad Mundial, en el mismo periodo en que trabajó a cargo de la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal de La Paz, de 2016 a 2018.
Rosa Iliana Soto Quiñonez fue denunciada por el delito de usurpación y suplantación de identidad por integrar a la nómina de la dependencia a una mujer que nunca laboró en la fiscalía y además se realizaron pagos de más de medio millón de pesos supuestamente a esta persona, por sus servicios.
Miriam Robles (como pidió ser identificada para no afectar el proceso legal en contra de la funcionaria) fue dada de alta sin su consentimiento a la nómina de la FGE, bajo el cargo de Contralor Interno, con un sueldo mensual de 40 mil pesos; y en papel, esta persona que nunca laboró en la fiscalía, estaría la subordinada de Soto Quiñones.
El 27 de mayo del año en curso, la afectada presentó una denuncia ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contra el Gobierno de Baja California y la FGE, a razón de ingresos no reconocidos y acumulados en 29 facturas emitidas durante 2020, con una suma de 653 mil 308.25 pesos que Miriam Robles no reconoce.
“No reconozco dichos ingresos y mucho menos una relación laboral con la dependencia. Nunca he recibido un salario o contraprestación de esta administración gubernamental ni de ninguna otra, por lo que solicité la cancelación de los CFDI y se procediera con una investigación en contra de la funcionaria”, declaró la denunciante.
El cargo directivo al que se dio de alta a Robles tiene como fecha de activación el 7 de enero de 2020, y como fecha de finalización el 31 de diciembre del mismo año. La denunciante comentó que conoció en entrevista de trabajo a Soto Quiñones el 28 de febrero de ese año y, después de aquella fecha, nunca volvió a saber sobre la supuesta vacante que le ofrecían como administrativa.
Robles se enteró de esta irregularidad cuando llegó el momento de hacer su declaración anual ante el SAT y su contador le notificó que había inconsistencias por los ingresos no reportados provenientes del Gobierno de Baja California, lo que le generó un daño fiscal.
El 28 de mayo de 2021, Miriam Robles acudió a la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría a presentar su denuncia por el delito de robo de identidad contra Rosa Iliana Soto Quiñonez, directora de Capital Humano de la FGE. Se asignó el número de expediente 0204-2021-23139. Una vez levantada su comparecencia ante dicho órgano, le fue negada la entrega de la copia de la misma, sin fundamento legal alguno.
La denuncia fue remitida a la oficina de Claudia Elena Meza de la Toba, fiscal de Contraloría y Visitaduría, ya que supuestamente la falta se cometió en la jurisdicción de Mexicali.
Miriam buscó a Meza de la Toba hace casi dos meses para solicitarle copia de su denuncia y conocer los avances en la investigación, sin embargo, a la fecha no ha sido atendida por ningún funcionario de la dependencia a cargo de Guillermo Ruiz Hernández.
Claudia Elena fue compañera de Soto Quiñonez en la Universidad de Sonora, donde también estudió la Licenciatura en Derecho de 1998 a 2003. Se volverían a encontrar de 2015 a 2019 en Baja California Sur. Meza de la Toba se desempeñó como comisionada presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de BCS. Ahora, ambas están en Baja California.
En el caso de Claudia Meza de la Toba, han surgido señalamientos por no contar con cédula profesional, sin embargo, en el Registro Nacional de Profesionistas aparece la 12365837, expedida en 2021 y no con fecha de 1998, cuando concluyó sus estudios en la Universidad de Sonora, sin otra persona dada de alta con el mismo número.
OFICIAL MAYOR, DENUNCIADO HACE 10 AÑOS
José Antonio Ramírez Gómez, actual oficial mayor de la FGE, habría sido secretario de Finanzas de Baja California Sur en dos administraciones consecutivas panistas: la primera de 2008 a 2011, y la segunda de 2011 a 2014. De esa fecha hasta 2019 fungió como director de Administración y Finanzas de la empresa Inmobiliaria Diroma, SA de CV.
Ramírez Gómez cursó la carrera de Administración de Empresas en CETYS Universidad Campus Tijuana entre 1988 a 1991, además de la maestría en Gestión Pública Aplicada en el Tecnológico de Monterrey de 2005 a 2007.
Durante su periodo en el servicio público de BCS, fue acusado de corrupción y de haber asignado ilícitamente casi 500 millones de pesos en obras a una empresa fantasma, denominada Camulocopa BCS, SA de CV junto con Carlos Lascuráin. Habrían solapado y protegido al ex subdirector Samuel Araiza para que se asignaran obras a su empresa constructora fachada.
El 28 de febrero de 2011, el Órgano de Control Interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) inició el número de expediente DE/021/2011, luego que algunas compañías constructoras presentaran una denuncia por la asignación ilegal de contratos a una empresa fantasma, registrada y dirigida por el entonces subdirector administrativo de la institución federal, Samuel Araiza Vázquez.
Firmaron la asignación de obras públicas a sabiendas de que la compañía constructora aparecía registrada a nombre de la hermana del entonces subdirector administrativo de la SCT, Samuel Araiza Vázquez, y plenamente conscientes de que estaban cometiendo delitos previstos y estipulados por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Reglamento Interno de la SCT y del Código Penal Federal.
En suma, fueron 434 millones pagados de manera ilícita por trabajos realizados en obras de modernización de terracerías, obras de drenaje y pavimentos de caminos.
A diez años transcurridos, ZETA buscó en las bases de datos públicas y no localizó sentencia condenatoria alguna.
“ESTAR ACUSADO DE ALGO NO ES SUFICIENTE PARA QUE NO TRABAJEN EN LA FGE”: FISCAL CENTRAL
Cuestionado por ZETA sobre los casos anteriormente expuestos, el fiscal central Hiram Sánchez Zamora aclaró que ya está investigando el caso de usurpación de identidad por parte de Rosa Iliana Soto Quiñonez, directora de Capital Humano, también se verificó el tema de la cédula profesional de la visitadora, y argumentó que una acusación formal no es suficiente para negar el empleo a alguien en la FGE.
— ¿Cuál es el estatus de la denuncia contra la directora de Capital Humano por robo de identidad?
“Hay una carpeta de investigación que ya está integrando el área de Visitaduría de la Fiscalía General del Estado, y se llevará hasta sus últimas consecuencias en caso de que haya una responsabilidad”.
— ¿Hay más denuncias?
“No hemos tenido más denuncias al respecto”.
— ¿Qué han determinado en el caso de la cédula profesional duplicada de Claudia Elena Meza de la Toba?
“Es un tema que corresponde al área de Centro de Control y Confianza, se pidió la información a la SEP (Secretaría de Educación Pública), dijeron que era un error, pero sí contaba con su cédula profesional expedida correctamente”.
— ¿Se puede ser parte de la Fiscalía General del Estado con denuncias penales de cualquier tipo?
“El hecho de ser acusado no es suficiente, hay un principio de presunción de inocencia, a una persona la denuncian y se abre una carpeta de investigación en su contra en lo que se determina su responsabilidad, entonces, no sería justo negarle el trabajo si aún no hay una sentencia condenatoria”.
Por último, respecto al caso específico José Antonio Ramírez Gómez, el funcionario aseguró desconocer acusación alguna en contra del actual oficial mayor de la FGE. Aludió que sería un tema del fiscal de Baja California Sur, Daniel de la Rosa, y si el delito se denunció hace 10 años y no hubo sentencia condenatoria, es probable que ya haya prescrito.
