El diputado de Movimiento Ciudadano en la XXIII Legislatura de Baja California, Rodrigo Otáñez Licona, refirió que con la aprobación del dictamen 107 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, relativo a la prohibición de propaganda electoral en bardas, publivallas, espectaculares, pantallas electrónicas, postes y similares, los partidos de oposición se verán en desventaja, pues los gobiernos emanados de Morena “van a seguir promocionando sus acciones”.
Abordado por ZETA, mencionó que en el proceso comicial de 2024 las fuerzas opositoras se verán en dificultades “porque se está eliminando muchas formas de propaganda político electoral, en muchos lugares, muchos puntos donde va a ser todavía un reto mayor el llegar a la población”.
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Señaló que en contraparte el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador así como la administración estatal, encabezada por Jaime Bonilla Valdez, siguen haciendo “propaganda de los programas gubernamentales”.
Este miércoles 21 de julio, con 27 votos a favor, tres en contra y una abstención quedaron aprobadas las reformas a los artículos 73, 152, 153, 165 y 166, de la Ley Electoral del Estado de Baja California, así como la adición del artículo 354 BIS a esa normatividad.
El presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, Juan Manuel Molina García, expuso que la prohibición aplica para espacios de uso común lo mismo que privado así como unidades del servicio de transporte de pasajeros o de carga.
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Indicó que el Consejo General de Instituto Estatal Electoral queda facultado para retirar el material propagandístico con el que se incumpla lo estipulado y que las redes sociales se incorporan al rubro de propaganda.
En materia de sanciones dijo que a quien contravenga a la nueva prohibición se le impondrá una multa de 50 a 5 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente.
Enviada por el mandatario estatal, Bonilla Valdez, la iniciativa fue recibida por el Congreso local el 9 de junio de 2021, tres días después de haberse celebrado los comicios concurrentes.
Por lo que a la exposición de motivos correspondiente, quedó asentado que la propuesta se dio “en el marco de atender las nuevas realidades sociales” y que “en términos legales de la Constitución local, son facultades y obligaciones del gobernador velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del estado, así como el garantizar a toda persona residente en el mismo el real disfrute de un medio ambiente adecuado para su desarrollo, bienestar y mejor calidad de vida”.
Para el diputado Rodrigo Otáñez Licona, quien al igual que las diputadas de Acción Nacional, Eva María Vazquez y Loreto Quintero, votó en contra la propuesta del gobernador, la reforma “contrapone otras disposiciones mayores, desde la libertad de expresión, la libertad de competir en igualdad de circunstancias (y) muchas otras disposiciones”, de ahí que Movimiento Ciudadano procederá jurídicamente, dijo.
“Vamos a impugnar esta norma”, expuso y agregó: “creemos que la democracia se está viendo afectada con este tipo de acciones”.
Afirmó que las empresas de publicidad a su vez procederán en términos jurídicos.
“También estarán presentando su defensa jurídica, porque ellos están viendo coartado su derecho, que es el libre mercado, donde ellos a un cliente, en este caso los partidos políticos o los candidatos, no le van a poder ofrecer sus servicios”.
Dijo no parecerle congruente la modificación a la Ley, tomando en cuenta el despliegue propagandístico con el que se condujo Morena en el proceso electoral 2020-2021,
“Lo veo lamentable, que venimos saliendo de un proceso electoral, donde la ciudadanía vio quiénes fueron los que usaron más este tipo de espacios de propaganda publicitaria y ahora vemos que son ellos mismos quienes están tratando de coartar este tipo de derecho y esta forma de competencia en las siguientes elecciones”.
Sobre el recurso a interponer por parte de MC, reveló que “el representante de Movimiento General de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (Salvador Miguel de Loera Guardado) está viendo la ruta jurídica”.
