El Gobierno de Argentina, encabezado en la actualidad por Alberto Fernández Pérez, acusó formalmente, este viernes 16 de julio, al Mauricio Macri Blanco -ex presidente entre 2015 y 2019- y a ex funcionarios de su Administración, por contrabando de armamento y municiones a Bolivia, con el objetivo de supuestamente reprimir las protestas que acontecieron en medio de la crisis política y social que sacudió a dicho país a finales del 2019.
El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial, imputó al también jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2015, así como a la ex ministros de de Seguridad y de Defensa, Patricia Bullrich Luro y Oscar Aguad Beily, entre otros.
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Navas Rial también imputó al ex embajador en Bolivia, al ex director General de Aduanas, al ex director del organismo que autorizó el envío del material, al ex director de la Gendarmería y a otros funcionarios públicos.
Según lo reportaron medios locales, la imputación se dió a partir de una denuncia penal presentada por el Gobierno de Fernández Pérez, por el supuesto envío durante la Administración de su antecesor, de distintas cantidades de cartuchos, gases lacrimógenos y granadas de gas a Bolivia, con el objetivo de “poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país encabezada por Jeanine Áñez [Chávez] tras el golpe de Estado”.
Laa denuncia oficial indica, también, que el envío irregular del material militar se produjo el 12 de noviembre del 2019, dos días después de la renuncia a la Presidencia de Evo Morales Ayma, “a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declaradas en las distintas instancias de control y en particular ante el servicio aduanero”.
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Según la agencia estadounidense The Associated Press (AP), tras el dictamen del fiscal, el juez en lo penal económico, Javier López Biscayart, debe resolver si hace lugar a las medidas de prueba solicitadas por el acusador.
El presunto envío de armamento y municiones a Bolivia fue revelado la semana pasada por el canciller boliviano Rogelio Mayta Mayta, quien presentó como prueba una supuesta carta de agradecimiento que le envió el ex comandante de la Fuerza Aérea boliviana, general Gonzalo Terceros, al entonces embajador argentino en La Paz.
Sin embargo, el mando militar boliviano denunció que la misiva es falsa y que su firma fue adulterada. Mientras que Macri Blanco negó la acusación y dijo que la única acción que tuvo su Gobierno durante el conflicto político y social en Bolivia fue ofrecer asilo “en la Embajada argentina a funcionarios de Evo Morales e incluso sus familias, junto a periodistas argentinos asignados en ese país”.
“Todo lo dicho es falso. Todo es mentira”, se defendió el también ex presidente del Club Atlético Boca Juniors entre 1995 y 2007, en una carta publicada días atrás, a través de sus diversas cuentas en las redes sociales.
Aunado a ello, el ex presidente de Argentina señaló que la acusación en su contra se trata de una maniobra montada por su sucesor, Fernández Pérez, para “desviar la atención del fracaso en el manejo de la pandemia, del fracaso económico y del fracaso de la gestión de las vacunas”.
El ex mandatario boliviano -sobre quien pesaban en su país varias órdenes para comparecer por acusaciones de genocidio, terrorismo y sedición, delitos que él negó-, se instaló en México tras su renuncia a la Presidencia de Bolivia en medio de una crisis política, llegó a Argentina en el mes de diciembre del 2019, en medio de un operativo secreto, y permanece en el país sudamericano bajo la modalidad de “refugiado político”.
Morales Ayma viajó a Cuba procedente de México por un tratamiento médico y, luego de la asunción de Alberto Fernández Pérez como presidente, aceptó una invitación para instalarse, al menos por un tiempo, en la ciudad capital Buenos Aires.
