El cinismo de la 4T en el Congreso

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Cachanillaz lunes, 5 julio, 2021 12:00 PM

Quienes ya se pasaron de gandallas, son los diputados de la XXIII Legislatura de Baja California, los cuales optaron por excederse en la haraganería y despachar desde la comodidad de su hogar durante las sesiones de pleno.

Y es que los 25 diputados, sobre todo los de la denominada Cuarta Transformación -quienes tienen la sartén por el mango-, están aferrados en llevar a cabo las sesiones de manera restringida y remota, por lo que la mayoría despacha desde su casa, en restaurantes, casinos, desde su vehículo o cualquier otra diligencia, confirmando así que la mayoría de ellos son menos que “levanta-dedos”.

Desde marzo de 2020, el Poder Legislativo determinó cerrar las oficinas del Congreso del Estado, y abrir la posibilidad de llevar a cabo sesiones vía remota, argumentando tener interés en continuar con su labor legislativa, pero protegerse para no ser víctimas de la pandemia que ocasionó el nuevo coronavirus.

Si bien es cierto que una medida como esa era necesaria ante el brote que se registró en el primer trimestre del año pasado, la realidad es que los diputados se volvieron comodinos y mantienen secuestradas las oficinas del recinto legislativo, impidiendo el acceso a los ciudadanos y a medios de comunicación, salvo que, por instrucción directa, les permitan el ingreso.

Se torna verdaderamente ridículo porque los diputados ya despachan desde el interior en muchas reuniones, como las que han encabezado las legisladoras Mirian Cano y Julia González en pasadas semanas en torno a la atención de personas de la comunidad LGBTTTIQA, pero se restringe el acceso a cualquier otra persona.

La intención ha sido clara: no quieren personas que los molesten, no quieren protestas dentro del Legislativo, no quieren exponerse al reclamo popular ante sus iniciativas, muchas de estas polémicas -e incluso ilegales-; tampoco quieren responder a la ciudadanía por sus actos. Por ello, prefieren apoderarse del edificio legislativo que, en teoría, es donde recae el poder popular y usarlo para sus fines.

Qué se puede decir de transparencia y rendición de cuentas cuando los diputados prefieren reunirse a puerta cerrada o desde la comodidad de su hogar, para gestionar en lo oscurito.

Lo peor es que la mayoría ya están vacunados, e incluso participaron en campañas políticas donde tuvieron actos públicos y hasta masivos, lo que deja en evidencia el doble discurso de los 25 diputados.

Sin embargo, la principal responsabilidad recae en los que se sabe toman las decisiones, como la presidenta de la Mesa Directiva, Eva Gricelda Rodríguez; la coordinadora de la bancada de Morena, María Luisa Ávila; el presidente de la Comisión de Gobernación, Juan Manuel Molina; así como el de la Comisión de Administración, Víctor Hugo Navarro.

PERDIDO

Ahora resulta que nadie cuenta con el contrato realizado por el Poder Ejecutivo con la empresa La Cosmopolitana para abastecer de alimentación a los internos de los centros de Reinserción Social de Baja California.

CachanillaZ llevó a cabo dos solicitudes de Transparencia a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, Oficialía Mayor y Secretaría de Hacienda, del Poder Ejecutivo estatal, para obtener una copia del contrato con dicha empresa implicada en múltiples ocasiones en sospechas de corrupción.

La Cosmopolitana, beneficiada con un contrato plurianual para abastecer de alimento a los penales de la entidad por los próximos seis años, signó un contrato, pero resulta que ninguna de las dependencias asegura contar con la información del mismo.

Por un lado, en la petición 00467121, realizada a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, se informó que “es de competencia del Ejecutivo central”, al no tratarse de compras consolidadas.

Sin embargo, la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, en la 00613921 se respondió que la petición sobre dicha información es “improcedente” y exhorta a hacer lo propio… pero a la Comisión del Sistema Penitenciario.

En otras palabras, ambas dependencias se ponen de acuerdo para ocultar información de un polémico contrato, envuelto en dudas y una estela de corrupción. Otra vez, el oscurantismo de la 4T en Baja California.

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