Con 22 votos a favor y una abstención, diputados del Congreso de Baja California desecharon la denuncia de juicio político en contra del ex alcalde del XXII ayuntamiento de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna y sus funcionarios.
A un día de que venciera el plazo de cinco días que fijó un juez de distrito para resolver la sentencia de amparo, los congresistas llamaron a una sesión extraordinaria este sábado 17 de julio.
De acuerdo con el dictamen 01 de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional la denuncia la recibió Oficialía de Partes el 29 de abril del 2019.
La solicitud de juicio político se derivó de que en ese gobierno intentaron concesionar a la empresa Iberparking la operación de parquímetros, pero en el transcurso hubo irregularidades.
Además del ex alcalde Novelo Osuna, los señalados en el juicio político son: Samuel Albestraín Pérez, Norma Angélica Silva Aguirre, Bertha del Carmen Martinez Villalobos, Orlando Agapito Toscano Montaña, Ricardo Medina Fierro, Maria Rosa Guzman Agúndez, David Alfredo de la Mora Silva y Rodolfo Mechado Pérez.
En calidad de Secretario General, Ivan Alonso Barbosa Ochoa, la Oficial Mayor, Mónica Vargas Núñez y la titular de Recursos Materiales, Sandra Melgoza Bojorquez.
La diputada Miriam Cano se abstuvo de emitir un voto a favor o en contra debido a que, aseguró, no conocía el dictamen.
“No circuló el dictamen, el hecho de sacar tan apresurados -el punto- evita que tengamos los elementos para definir si estamos a favor o en contra”, mencionó.
El diputado Juan Manuel Molina consideró que a la demanda de juicio político le faltaron elementos probatorios.
Es extraño el hecho de que el XXII ayuntamiento haya aprobado un reglamento de estacionamientos y una figura de parquímetros, dijo, además en el mismo acto se declararon imposibilitados para prestar el servicio y de esa manera autorizaron la concesión del mismo.
La Ley de Responsabilidad establece que el juicio político sigue vigente en su normatividad y para la procedencia de este tipo de denuncias exige reiteradas conductas que vayan en contra de los planes de la administración pública, sin embargo, en este caso solo se trató de un solo acto y por lo tanto es improcedente, resumió Molina.
