Con 43 votos a favor, 12 en contra y una abstención, los integrantes de las comisiones unidas de Trabajo y de Hacienda de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobaron, este viernes 30 de julio, la prórroga de un mes, del 1 de agosto al 1 de septiembre, para la entrada en vigor de las reforma a la subcontratación laboral -mejor conocido como “outsourcing”-, así como el cumplimiento de las obligaciones de las empresas en dicha materia.
El dictamen -aprobado por mayoría- fue turnado a la Mesa Directiva de la Cámara baja del Congreso de la Unión, para ser discutido y votado este mismo día, durante la sesión extraordinaria convocada para ello. En caso de ser aprobado, será enviado al Senado para el proceso constitucional correspondiente.
Según el dictamen, las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirman que a la fecha solo 2 millones 300 mil trabajadores han pasado del esquema de subcontratación a formar parte de las empresas a las cuales prestaban sus servicios.
En el caso del Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas, a la fecha existen 70 mil empresas que han ingresado al registro y, de ese universo, solo 25 mil 500 lo han concluido.
STPS INFORMA QUE 840 MIL TRABAJADORES YA SALIERON DEL ESQUEMA DE SUBCONTRATACIÓN
El pasado 9 de julio, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno Federal, informó que a dos meses y medio de la aprobación de la reforma a la subcontratación laboral -mejor conocido como “outsourcing”-, un total de 830 mil trabajadores han salido de dicho esquema y han sido contratados de manera formal.
“A dos meses y medio de la reforma, 830 mil trabajadores han salido del esquema, han sido reconocidos y registrados por sus patrones reales, lo que implica que por primera vez tendrán derecho al reparto de utilidades”, señaló la funcionaria federal.
Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, Alcalde Luján previó que el próximo año se pagarán 157 mil millones de pesos en utilidades, ya que se establecieron dos modalidades que se retribuirá a los empleados en las empresas que obtuvieron altas utilidades.
“Dos modalidades: 90 días o el promedio de los últimos tres años, lo que resulte más favorable. La proyección 56 mil millones de pesos y con el paquete de reforma se estima se pagará el próximo año 157 mil millones de pesos, que equivale al 7.7 por ciento”, apuntó la titular de la STPS.
“Con estas modalidades la proyección es que en la situación actual se están repartiendo 56 mil millones de pesos qué más o menos equivale a 2.8 por ciento de las utilidades totales, con la reforma, el paquete de reforma de la subcontratación y la incorporación de nuevos trabajadores se estima que se pagará para el próximo año, mayo del próximo año, 157 mil millones de pesos que equivale a 7.7 por ciento”, detalló.
“Para que no haya malas interpretaciones, como por ejemplo establecer que la antigüedad de un trabajador juega un papel para definir si es 90 días o es el promedio de los últimos tres meses, no es el caso, todos los trabajadores depende de lo que sea más favorable, si el monto es mayor del promedio de los últimos tres años eso es lo que debe pagarse si el monto es mayor hasta 90 días, eso es lo que debe pagarse”, dijo.
EMPRESAS REPARTIRÁN 100 MIL MDP MÁS EN UTILIDADES CON REFORMA AL OUTSOURCING: STPS
El pasado 23 de abril, Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, aseguró que con la reforma a la subcontratación laboral -mejor conocido como “outsourcing”-, las utilidades que reparten las empresas a trabajadores aumentarían en 100 mil millones de pesos, lo que equivale a un alza de 180 por ciento.
“En materia de reparto de utilidades, que es un derecho constitucional, en la práctica este derecho de había venido extinguiendo por figuras de outsourcing e insourcing, había empresas hermanas que simplemente transferían los trabajadores, por lo que no se repartían las ganancias”, expuso la funcionaria federal.
“Por utilidades las empresas habían repartido 56 mil millones de pesos, con la propuesta a la reforma se repartirán 157 mil millones de pesos, se incrementarán 100 mil millones de pesos”, indicó Alcalde Luján, quien detalló que con la nueva reforma, publicados los lineamientos, las empresas tendrían 3 meses para regularizarse y transferir a sus trabajadores reconociéndolos como propios.
“El reparto de utilidades es un derecho constitucional que establece que los trabajadores tienen derecho a parte de las ganancias de las empresas; en la práctica se había extinguido por figuras de subcontratación, porque estaban las empresas que generaban utilidades y había empresas hermanas que tenían a los trabajadores y no generaban utilidades por tanto no se repartía”, indicó, durante la conferencia de prensa matutina.
La titular de la STPS destacó que habría dos modalidades para el reparto de utilidades, uno es hasta 90 días o el promedio de los últimos tres años, mientras que para los trabajadores que no recibían nada de estas ganancias o un porcentaje muy pequeño, se incrementaría a 57 días con la propuesta de obtener 2.6 veces más.
“Eso nos traerá al país más productividad, que la injusticia que tienen los trabajadores, que no tienen a nadie que los proteja, ahora pueden trabajar y desarrollarse y desarrollar su función y con la protección que les dan estas leyes”, comentó, por su parte, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“La fuerza laboral de México es impresionante sí, yo creo que somos o debemos de ser la envidia de muchos países. 56 millones de personas en edad de trabajar, lo que se conoce como la población económicamente activa, mayor que cualquier país europeo”, indicó el líder empresarial.
“Yo le decía a los sindicatos, le decía a las autoridades que nuestro objetivo tiene que ser formalizar la mayor cantidad de trabajadores, decirles que estas nuevas leyes y estas nuevas orientaciones hacen el jardín más verde, que se crucen, que se vengan, que se formalicen”, agregó el presidente del CCE.
“Ahora que lo injusticia que tienen los trabajadores que no tienen a nadie que los proteja ahora pueden trabajar y desarrollarse y desarrollar su función y con la protección que le dan estas leyes que de alguna manera se han ido formando y formalizarlo a través del tiempo. Necesitamos hacer un gran esfuerzo por formalizar a nuestro País”, insistió el líder empresarial.
“Porque en la medida que lo hagamos, esos 56 millones de trabajadores tendrán la protección de leyes, tendrán el beneficio que le dan todos estos esfuerzos que el gobierno los trabajadores y los
APROBACIÓN DE LA REFORMA AL OUTSOURCING
El pasado 29 de abril, con 118 votos a favor y dos abstenciones, el Pleno del Senado de la República aprobó, sin cambios desde San Lázaro, el proyecto de reforma para prohibir la subcontratación laboral -también llamado “outsourcing”-, tanto en la administración pública, como en el sector privado.
La reforma incluye adiciones y derogaciones a disposiciones de las leyes Federal del Trabajo; del Seguro Social; del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Impuesto Sobre la Renta; del Impuesto al Valor Agregado; Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; de la Reglamentaria y del Código Fiscal de la Federación.
La reforma aprobada también por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el pasado 14 de abril, prohíbe la subcontratación de personal, entendida como el acto en que una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, salvo en el caso de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa beneficiaria.
Asimismo, prevé multas de 2 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (de 179 mil 240 a 4 millones 481 mil pesos) a quien realice subcontratación de personal o preste servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente.
Aunado a ello, las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
Las empresas que actualmente operan bajo el régimen de subcontratación laboral contarán con un plazo de 90 días naturales para la sustitución patronal y migración de trabajadores, siempre y cuando la empresa destino reconozca sus derechos laborales, incluyendo la antigüedad, ante las instancias legales correspondientes.
“VA EN SERIO”, DESAPARECERÁ, SE ELIMINARÁ LA SUBCONTRATACIÓN: AMLO
El presidente López Obrador aseguró, el pasado 6 de enero, que “va en serio” su propuesta de desaparecer la figura de la subcontratación (outsourcing, en inglés) y que el Gobierno Federal debe dar el ejemplo.
El mandatario nacional señaló que en el primer trimestre de este año tiene previsto enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, su iniciativa de reforma para prohibir la subcontratación.
Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que se buscaba un acuerdo con la iniciativa privada “a ver si reaccionaban”, pero “no sucedió”.
“Ya tenemos previsto que para el primer trimestre de este año se envía la iniciativa, ya está allá, pero buscando un acuerdo, esperando a ver si reaccionaban y no sucedió lo mismo, pero vimos que se continúa con estas prácticas”, agregó el político tabasqueño.
“Yo si creo que debe eliminarse la subcontratación, el outsorcing, y que da pie a que se despidan a los trabajadores sin garantizarle sus prestaciones”, indicó López Obrador.
Al asegurar que son procesos, el presidente reconoció que dentro del Gobierno Federal todavía existe la subcontratación, por lo que llamó a las instituciones que conforman su Administración, a evitar este tipo de contrataciones. Manifestó que el Gobierno Federal debe de dar el ejemplo.
“Son procesos, y se tienen que ir eliminando, y poner el ejemplo en el Gobierno para que no se utilicen estas prácticas, si es que hay dependencias del Gobierno que contratan trabajadores y los despiden y no pagan aguinaldo y otras prestaciones, eso es completamente indebido […] Va en serio en que va a desaparecer, se va a eliminar la subcontratación”, aseguró.
Ese mismo día, el diario El Universal informó que a pesar de que el presidente López Obrador impulsa la prohibición de la subcontratación, instituciones federales “desoyeron” su orden y firmaron contratos de subcontratación con diversas empresas para este año.
En una revisión hecha por dicho rotativo en la plataforma CompraNet, se encontró que instituciones públicas como las secretarías de Bienestar, y de la Defensa Nacional (SEDENA), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), firmaron contratos con empresas de subcontratación para trabajos profesionales y de limpieza.
El pasado 9 de diciembre, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), rechazaron el acuerdo suscrito ese mismo día, entre el Gobierno Federal, así como algunos representantes de los sectores empresarial y obrero.
Ello para que la discusión de la iniciativa para eliminar la subcontratación laboral, conocida como ‘outsourcing’, se realice hasta febrero del 2021, cuando inicie el último periodo ordinario de sesiones de la LXIV legislatura.
Sin embargo, la COPARMEX, CANACINTRA y el CNA advirtieron que la iniciativa del Gobierno Federal preserva la idea de prohibir de manera sustancial la subcontratación, lo que atenta contra la creación y preservación de empleos formales.
“Su aprobación en estos términos dañaría además seriamente la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas”, criticaron los tres organismos patronales y empresariales.
La COPARMEX, CANACINTRA y el CNA argumentaron que la responsabilidad de las actividades irregulares dentro del ,’outsourcing’, como el incumplimiento de obligaciones fiscales y laborales, recae en la falta de supervisión adecuada por parte de autoridades como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
“Resulta absurdo que se pretenda generalizar y responsabilizar de estas conductas a todas las empresas cuando los ilícitos hayan sido cometidos, en todo caso, por una absoluta minoría”, enfatizaron la COPARMEX, CANACINTRA y el CNA.
Los tres organismos empresariales y patronales se posicionaron a favor de regular la subcontratación laboral, pero afirmaron que el diálogo debe centrarse en que dicha figura es lícita y conveniente.
Asimismo, los organismos empresariales pidieron respetar las libertades de trabajadores y empresas para celebrar contratos sin restricciones y como mejor convenga a sus intereses.
“Esta libertad de contratación debe permitirse sin más límites que el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de seguridad social de las empresas y desde luego, la creación de más y mejores empleos, de tal manera que los trabajadores contratados bajo esa modalidad tengan un ejercicio pleno de sus derechos”, concluyeron la COPARMEX, CANACINTRA y el CNA.
El Gobierno Federal, así como algunos representantes de los sectores empresarial y obrero, firmaron el 9 de diciembre, un acuerdo “tripartita”, para que la discusión de la iniciativa para eliminar la subcontratación laboral, conocida como “outsourcing”, se realice hasta febrero del 2021, cuando inicie el último periodo ordinario de sesiones de la LXIV legislatura.
López Obrador afirmó que en la eliminación de la subcontratación “no se puede imponer nada, nada por la fuerza, todo por la razón y derecho”, por lo que anunció que se iniciaría un periodo de consulta entre el Gobierno Federal, los empresarios y los representantes de los trabajadores”.
“Hemos decidido, después de solicitudes, de diálogo y de consulta que hizo el sector empresarial, el sector obrero, que se inicie un proceso para llegar pronto a un acuerdo de estos dos temas: subcontratación y el reparto utilidades”, sostuvo el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.
“Muchas gracias por aceptar este encuentro para suscribir un documento y empezar el proceso de consulta, para que en el próximo periodo ordinario de sesiones, porque ya no va a haber tiempo, eso se le va a notificar y se le va a pedir respetuosamente al Congreso que nos espere, de modo que la iniciativa que están analizando pueda ser mejorada, enriquecida, a partir de este diálogo y del acuerdo al que se llegue”, señaló el político tabasqueño.
Por su parte, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), informó que la propuesta del presidente López Obrador será enviada al Congreso de la Unión, como iniciativa preferente del titular del Poder Ejecutivo Federal, por lo que los legisladores tendrán 30 días para analizarla.
La titular de la STPS indicó que el acuerdo contempla que el Gobierno Federal, los empresarios y los representantes de los trabajadores se comprometen a resolver los “abusos” en la subcontratación de personal, por lo que las empresas deberán regularizar sus plantillas laborales, además de que se definirá un esquema para un reparto de utilidades justo y equitativo.
“Primero, las partes están de acuerdo y se comprometen a resolver el problema del abuso de la subcontratación de personal, las empresas del país iniciaron de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo Federal”, señaló Alcalde Luján, quien explicó, además, que tanto el Gobierno Federal, como los empresarios y los representantes de los trabajadores acordaron cuatro puntos:
1. Las partes se comprometen a resolver el abuso de la subcontratación, por lo que las empresas iniciarán el proceso para modificar sus plantillas.
2. El esquema de utilidades necesita más tiempo para que se discuta en pro de un reparto más justo, equitativo, y que termine con la discrecionalidad de cómo se realiza su distribución.
3. La iniciativa tendrá carácter de preferente, por lo que será en 30 días cuando los diputados deban discutirla para aprobarla o rechazarla.
4. Se llamó a las empresas que solo se dedican a manejar la nómina, para evitar dar de baja masivamente a sus empleados en diciembre.
Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) exhortarán a dicha empresas, pero de encontrar irregularidades o la posible comisión de delitos se tomarán medidas administrativas o penales.
El 12 de noviembre del 2020, el Gobierno Federal presentó la iniciativa que mandaría a la Cámara de Diputados para eliminar el ‘outsourcing’ y que planteaba perseguir a las empresas que recurran a la subcontratación por defraudación fiscal.
El acuerdo de este 9 de diciembre fue suscrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador; así como por Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS; por Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP); por Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del SAT; por Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS; por Carlos Martínez Velázquez, director general del INFONAVIT y por Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación.
En representación del sector empresarial y de los trabajadores, firmaron representantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-Servytur), de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Confederación de Trabajadores de México (CTM), entre otros.
