La consulta del próximo 1 de agosto, que espera la participación de 2 millones 916 mil 017 bajacalifornianos, y costará 528 millones de pesos en todo el país, tiene varios inconvenientes. De entrada, no preguntará lo que realmente quería el Presidente Andrés Manuel López Obrador: si los mexicanos están de acuerdo en investigar y juzgar a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Como si los ciudadanos no hubieran manifestado ya a través de las urnas y llevándolo a la Presidencia de la República, que están hartos de las políticas criminales y económicas del PRI, del PAN y de la impunidad. Pero como la justicia no se consulta, porque el gobierno tiene la obligación de perseguir a los delincuentes y de presumir inocencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le corrigió el guion al mandatario, por lo que ahora el mexicano votará respecto a la siguiente pregunta:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Ya no se habla ni de juicios ni de ex presidentes, y como mencionó en diversos momentos a la prensa nacional el magistrado y presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, se trata solo de una consulta para conocer el sentir de los votantes en cuanto a las “políticas criminales”. La consulta no servirá para nada, o dicho oficialmente por el magistrado, ésta en particular, no será vinculante:
“Es claro que los efectos de una consulta sobre la política criminal, no podría tener efectos vinculantes para las autoridades, en el sentido de obligarlas a actuar o no en función de sus atribuciones (…) esto no significa que la justicia penal quede a merced de la opinión pública. La voluntad popular tiene límites…”. No generará presión a las autoridades, ni expone a nadie como culpable.
Así las cosas, se usarán cientos de millones de pesos, para preguntarle a la gente acerca de la inconformidad que ya han manifestado en las urnas, con una pregunta genérica, cuyo resultado no será vinculante. Al final, solo servirá para que, sin tener a ninguno de los ex mandatarios acusados, detenidos o juzgados, AMLO pueda decir que cumplió -aunque hasta el momento solo sea en discurso- su promesa de no querer “pasar a la historia como tapadera, como alcahuete, que todos den a conocer su punto de vista libremente”, como lo expuso en la mañanera del 22 de junio, cuando enlistó sus razones para juzgar a sus antecesores.
A la fila de sinrazones, se agrega el detalle de que por Ley, toda consulta conlleva un periodo de veda, de cero propaganda, y aunque la prohibición es para que los gobiernos eviten transmitir información con el objetivo de influir en el voto a favor de su causa, la pasada elección mostró que los políticos oportunistas igual trasmitieron mensajes con el evidente fin de influir en la comunidad, y adicionalmente, algunos aprovecharon el pretexto de la veda para dejar de informar sobre temas importantes y actuar en la opacidad.
Como en la pasada elección, del 15 de julio al 1 de agosto, salud, educación y protección civil, son los únicos temas públicos para los gobiernos, permitidos por el Instituto Nacional Electoral, y esté será el único que puede informar sobre la Consulta Popular.
La Ley no dice que dejen de trabajar, solo que por este período no cacareen el huevo, pero eso no va a suceder. Como en la jornada electoral, AMLO se negó a dejar de publicitar sus “logros” en las conferencias mañaneras, y en la primera semana no solo anunció que repartirá más dinero, al incorporar 2.2 millones al programa de adultos mayores, sino que aprovechó para sugerir que debería juzgarse a los ex presidentes por privatizar la educación.
En Baja California, los gobiernos municipales boletinaron que se adherían a la veda, mientras el gobernador Jaime Bonilla continuó sus transmisiones de Facebook con temas variados, al igual que las Jornadas por la Paz, y anunció aumento de sueldos a burócratas.
Pero durante seis días, escudado en sus escoltas, se ha negado a responder personalmente por los 13 préstamos y las deudas que dejará para siguientes gobiernos que por su desaseo no tendrán disposición de efectivo. Y menos ha dicho esta boca es mía respecto a los millonarios “préstamos” -ilegales- que solicitó a los ayuntamientos, a los que bautizaron “convenio de colaboración” y “financiamiento temporal”, pero sí ha criticado a la prensa por cuestionarlo. El góber mandó al secretario de Hacienda, Adalberto González Higuera, quien ya cambió varias veces de versiones, pero sigue sin dar un enfoque legal a lo que nació torcido.
Peor aún, los funcionarios opacos tendrán más oportunidades de violentar la veda cuando les favorezca, y usarla de pretexto para ocultar la información que no les conviene. Porque resulta que, en 2022, “durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno”. Entonces, de conseguir 2 millones de firmas, para la revocación que promueve el Presidente de la República tendrán un nuevo período de oportunista opacidad, de prácticamente tres meses, por lo menos de diciembre del año en curso a marzo de 2022, cuando se realice la consulta.
Así que toca a la sociedad organizada, en México y Baja California, pugnar y pelear para que los gobiernos no oculten las sesiones de los comités de compra y la firma de contratos como ocurrió en la campaña pasada, o los importes de los préstamos, “convenios de colaboración” y “financiamientos temporales”, como está pasando ahora.
La transparencia y la rendición de cuentas es obligatoria, lo contrario es un abuso de poder que debe ser sancionado.
