Parlamento
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El discurso “moralino” del Presidente López Obrador se hunde en el hoyo profundo de la incongruencia. La 4T insiste -en todo foro, debate y ocasión- en resaltar las presuntas cualidades morales de un hombre a quien, a fuerza de repetición y alabanza, le han colgado como medallas virtudes que él mismo sacude una y otra vez, como gesto de franca alergia.
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La gran mentira de las cualidades morales y éticas de Andrés Manuel pues, resaltan por su ausencia cuando se expone un día y el siguiente también; ese hueco, esa oquedad, ese espacio vacío de las virtudes que, presuntamente, practicaba el primer mandatario de este país.
Lejos de hacer un amplio listado del tamaño de sus informes longitudinales, hoy me quiero concentrar en dos hechos que demuestran el vacío de ética política del máximo líder de la pseudotransformación, resaltando cómo es que esa oquedad se repite en la persona de sus colaboradores y amigos; incluyendo a quien está por terminar su gobierno en Baja California, en el macabro bienio de pesadilla que seguimos sufriendo…
Comienzo por Jaime Bonilla. Hace un par de semanas se anunció que el Gobierno del Estado toma un préstamo “blando” del municipio de Playas de Rosarito por 34 millones de pesos. El planteamiento, sus razones y ejecución, son un poema a la falta de ética, a la inmoralidad y, desde luego, incurren los servidores públicos involucrados en cuando menos una trifecta de delitos. Hoy sabemos que pudieran ser cientos de millones que la Secretaría de Hacienda estatal le ha exactado a municipios y que éstos, con docilidad criminal, han concedido. Todo ello es ilegal e inmoral.
Primero, porque el Artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal, ordena que los ciudadanos contribuyamos con la federación, estados, municipios y CDMX de manera justa y equitativa, para el gasto público. Luego, el gasto público tiene que estar, por un lado, directamente vinculado a las funciones de ley y autorizado en el presupuesto correspondiente. Dudo que exista partida de gasto público municipal para otorgar “financiamientos temporales” a terceros. Pero aún más, ni el Artículo 115 constitucional ni la ley del régimen municipal, otorgan al municipio funciones de entidad financiera… así sea por un día.
El artículo 7 de la ley de deuda pública en B.C. reputa como “financiamiento temporal”, y declara que no se considera deuda pública aquel financiamiento que se obtiene para pagarse en un plazo menor a 12 meses y además, sirva para resolver “necesidades temporales de efectivo”. En dicho ordenamiento, solamente se autoriza a los municipios otorgar este tipo de financiamientos a sus entidades “paramunicipales” o estas entre sí.
Esto significa, en términos llanos, que el municipio le puede prestar “una lana” a menos de 12 meses, por ejemplo, a su Instituto de Cultura o Deportes Municipal en tanto que organismos descentralizados (paramunicipales). Empero, en la medida que es lo único a lo que la ley le autoriza, resulta ilegal y criminal que el municipio de Rosarito le llegue a prestar 34 millones de pesos al gobierno estatal.
Llama la atención que el Gobierno del Estado de Baja California, no haya podido, por ejemplo, acudir a un préstamo bancario o anticipo de participaciones federales como bien lo prevé la ley. ¿Será que ya no hay bancos que les presten? ¿De veras son tan boyantes las finanzas municipales frente a sus necesidades propias, como para desprenderse de dinero de esa manera? Pero la pregunta mayor es: ¿dónde queda la ética y la moral que tanto se pregona? Nada más las necesidades de seguridad o limpia, cuyo déficit es notorio, hacen que ese desvío de recursos sea profundamente inmoral, además de los delitos implícitos.
En otro frente, tenemos al ahora no solo investigador de delitos, sino investigador académico, Alejandro Gertz Manero. Escandaliza el fiasco protagonizado por el Fiscal General, forzando su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores luego de varias reprobaciones y, lo más grave, haber sido “balconeado” por el plagio en que incurrió en sus presuntos trabajos académicos, según informó en su columna el gran Guillermo Sheridan y confirma el gran escritor Jesús Silva Herzog-Márquez en Reforma. Lo terrible de este caso es que el flamante nuevo miembro (a fuerzas) del SNI, no niega la toma de párrafos completos de obras y textos de terceros sino que, al más puro estilo de su jefe López Obrador, lo intenta justificar. Este caso me recordó el episodio de Fausto Alzati, quien como Secretario de Educación del incipiente gobierno de Ernesto Zedillo ostentó un doctorado inexistente. Cuando menos tuvo Zedillo el gesto de correrlo.
Queda claro: la moral y la ética, en la 4T, residen en la oquedad, en el vacío… no existen.
El autor es maestro en Derecho y fue diputado federal de la LVII Legislatura (1997-2000), ex cónsul general de México en Estados Unidos, subsecretario de Gobernación y ex magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Correo: juanmarcos@jmgutierrezyasociados.mx
