Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien tomará posesión como gobernadora de Baja California el 1 de noviembre de 2021, recibirá unas finanzas públicas bastante afectadas, minadas y escasas, por parte de la administración que concluirá el 31 de octubre, a cargo de Jaime Bonilla Valdez, gobernador por dos años.
Y en dos años, Bonilla no pudo. De hecho, dejará no solo a la administración estatal en crisis, también a los cinco ayuntamientos de Baja California, pues a todos, desde marzo de este año y en el caso de Tijuana desde 2020, dejó de entregarles participaciones federales que les corresponden de acuerdo al pacto fiscal con la Federación.
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Por ejemplo, adeuda 800 millones de pesos en participaciones a Tijuana, pues cuando tenía su pleito personal con el alcalde con licencia, Arturo González Cruz, simplemente dejó de enviar el dinero de la Federación que le corresponde a esta ciudad, lo cual se sumó a los 150 millones de pesos que quedó debiendo la administración de Francisco Vega de Lamadrid, hasta llegar a 800 millones en la administración bonillista.
Ahora, de forma abusiva, pretende cerrar su administración con la “colaboración”, obligatoriamente voluntaria, de los cabildos municipales, para que le “presten” dinero de las arcas públicas locales y él poder hacer frente a sus deudas de corto plazo y al pago de nóminas.
Con esta acción, por cierto ilegal, pues representa un desvío de los recursos de la Federación destinados a los ayuntamientos, Bonilla también afecta las finanzas en los municipios, entidades que no verán el efectivo del recurso federal, necesario para cubrir sus propios compromisos de cierre de administración, pues “les pagará” con obra o con pago de deuda al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del gobierno y Municipios del Estado De Baja California (Issstecali).
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Bonilla no pudo, ni sanear las finanzas, ni dejar una administración eficiente. Públicamente, su secretario de Hacienda, Adalberto González, ha dicho que con el dinero que los ayuntamientos -de manera insólita- le están “prestando”, les alcanzará para cerrar sus compromisos, pagar nóminas y préstamos al 31 de octubre. No más.
Al gobernador le bastaron dos años para endeudar al Estado, a los ayuntamientos, y heredar una administración deficiente y sin recursos a su sucesora. Todo, con la impunidad de ser “el mandamás” de Morena en BC, al que todos le temen y todos le consecuentan sus excesos.
En un acto nunca antes visto, Jaime Bonilla no solo dejó de entregar las participaciones federales a los ayuntamientos, eso en determinado momento también lo hicieron otros gobernadores que resultaron ser malos administradores, como Francisco Vega de Lamadrid, pero Bonilla fue más allá. Aparte que les retuvo el recurso y lo gastó, ahora se los pidió en préstamo. Es decir, te pago una parte de lo que te debo, pero te lo pido prestado, tú me lo entregas y luego, al finalizar julio, yo te lo regreso… pero no en dinero, sino en obra o a cuenta de pago de deuda con el Issstecali. Así el cinismo de un gobernador que tuvo la oportunidad de limpiar la administración pública y terminó afectándola.
De los 800 millones que debe a Tijuana en participaciones, Bonilla les ha pedido que le “presten” 380 millones de pesos, lo cual hará el Cabildo cuando aprueben por mayoría así hacerlo. Al finalizar julio, “pagarán” con obras que, seamos realistas, terminará ejecutando la gobernadora Ávila Olmeda.
A Tecate le solicitaron 52 millones de pesos, se los anticipan y se los requieren en préstamo, y después se los toman a cuenta de la deuda que tiene ese ayuntamiento con el Issstecali. A Rosarito le quieren bajar 34 millones de pesos, los ganones del Gobierno del Estado. Al único ayuntamiento al que no pedirá prestado Bonilla, es al de Ensenada, pues siendo Armando Ayala, el alcalde, su ex empleado privado y su ex gallo para la candidatura al Gobierno del Estado, no tiene adeudo alguno de participaciones federales. De acuerdo con regidores, las ha entregado puntualmente.
De todo este entramado para hacerse de recursos municipales, tendría que tener cuenta y supervisar el Congreso del Estado, pero como ahí también la mayoría es de Morena, les ha pasado de noche y están permitiendo el desvío de recursos municipales, aprobados en las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos para un fin determinado, y que ahora acabarán en las arcas estatales para lucimiento del gobernador.
Bonilla no pudo ni con los pagos por servicios de agua que se inventó, para generar, hasta el momento y extorsionando empresarios con el acoso público, más de mil 700 millones de pesos.
Recientemente, el Congreso que todo le aprueba, le autorizó un crédito por más de 3 mil millones de pesos, cuyo destino se desconoce -pero que evidentemente no fue suficiente para cerrar la administración-, como también lo que terminará haciendo con el dinero de los ayuntamientos.
Sin una obra de gran calado a la vista, sin inversión en carreteras y vías de comunicación, sin corruptos en la cárcel, sin seguridad en las calles de Baja California y una administración que entregará en crisis; con los asesinatos en aumento, las sospechas de corrupción sobre sus colaboradores y más deudas, Jaime Bonilla Valdez concluirá los dos años de gobierno para los que fue electo en 2019, y demostrará que lo suyo nunca fueron buenas intenciones, sino pactos de impunidad, mala administración, excesos y disfrute del poder. Como ningún otro gobernador, usó y abusó de los bienes estatales, como el edificio que “regaló” a la UABC (a la que por cierto pagó la deuda de “Kiko” Vega, con un crédito a nombre del Estado), o el helicóptero de la Policía Estatal Preventiva que utiliza como transporte personal.
Definitivamente, Bonilla no pudo. Tan es así que, de manera increíble, tiene que pedir prestado a los ayuntamientos. Uff.
