Si no le están aplaudiendo, dejándose grabar en video para agradecerle, o pidiéndole algo que sus brigadas enviadas -previo a las jornadas- ya hayan analizado que puede prometer y cumplir; si no es en un espacio controlado, donde pueda destacar como si fuera todopoderoso, entonces el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, no quiere nada con los ciudadanos.
Lo dejó muy clarito desde que entró. Tomó posesión el 1 de noviembre de 2019 y el día 3 tenía uno de sus primeros actos masivos en Tijuana. El recién nombrado mandatario ya estaba en camino, el tinglado estaba armado, mantas con logos del Estado y el ingeniero simplemente decidido a no presentarse porque había una gran manifestación de residentes del fraccionamiento Verona, en contra de que afectados por los derrumbes en Lomas del Rubí fueran reubicados en un predio anexo al mencionado fraccionamiento.
Tratándose de expresiones sociales, la que más desea aniquilar es la “participación ciudadana institucionalizada”. Se trata de los organismos que se crearon e inscribieron en Ley, cuyo objetivo es trabajar con el gobierno en la creación de políticas públicas y establecer mecanismos de vigilancia ciudadana para que los funcionarios rindan cuentas públicas. Además, tienen derecho a participar en audiencias públicas y privadas para realizar evaluaciones de los actos de gobierno.
Dos ejemplos de la profunda aversión de Bonilla a esta modalidad más inclusiva de contribución social, son los embates contra el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), al que le puso el pie en el cuello desde que llegó a la gubernatura en 2019. Y el más reciente, el cabildeo para desciudadanizar el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) de Baja California.
En el caso del SEA, el gobierno estatal frenó propuestas, exhortos y negó información respecto a probables actos de corrupción; luego les quitaron la posibilidad de operar los recursos presupuestados para el funcionamiento; retrasaron o ignoraron nombramientos de consejeros; y la semana pasada, con apoyo de consejeros -a punto de finalizar su gestión- y funcionarios afines se coaligaron para votar y suspender “temporalmente” a los consejeros incómodos por faltar a seis reuniones extraordinarias y supuestas “irregularidades” que no se tomaron la molestia en aclarar (ver ZETA edición 2467).
Pero mientras planeaban la embestida contra del SEA, al que no han dejado siquiera que empiece a funcionar, también tuvieron tiempo para tramar cómo desactivar el CCSP, un organismo de contrapeso y colaboración fundado en 1999 que desempeñó un papel crucial en la elaboración de la estrategia contra el crimen organizado en una de las peores etapas de inseguridad en Baja California entre 2006 y 2011; que ha protagonizado confrontaciones, reclamado acciones y promovido acciones legales frente a contratos ilegales o reformas inconstitucionales.
Hasta el morenismo, el CCSP había tenido un papel protagónico en la definición de políticas públicas de seguridad. Este Consejo funciona desde hace 22 años, desde que el actual gobernador era estadounidense y director del Distrito de Agua de Otay (2001-2018) en el vecino país.
Víctimas de la violencia, los integrantes del CCSP de la entidad se preocuparon y ocuparon en trabajar por la seguridad de los bajacalifornianos, 13 años antes que el ingeniero Bonilla se interesara por la política y consiguiera su primera diputación en 2012.
El Consejo cumplía su función mientras el secretario Amador Rodríguez peleaba con PRI y PRD porque no lo hicieron candidato a gobernador, y perdía representando al PT. Y el CCSP siguió dando resultados cuando el actual secretario general de Gobierno decidió irse como responsable de la seguridad a Chiapas, en los tiempos infaustos en los que dos toneladas de cocaína decomisada, se convirtieron en dos toneladas de lactosa.
Como parte de su enfrentamiento pasivo-agresivo con el CCSP, de inicio, el gobierno bonillista retrasó la convocatoria que expiró en abril, para suplir a los dos consejeros que cumplieron sus tiempos.
En el inter, durante mayo, Rodríguez Lozano -con anuencia del gobernador, porque no se manda solo- modificó el Reglamento de CCSP de Baja California, que tiene su origen en la Ley de Seguridad Pública, con la mala intención de aumentar el número de funcionarios e integrarlo con diez representantes gubernamentales y solo ocho ciudadanos para tener mayoría y convertirlo en otro consejo gubernamental.
Frente al aumento de funcionarios, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública interpuso un amparo en los Juzgados Federales, y los mismos funcionarios de la Fiscalía General que redactaron el reglamento original -el cual modificó para agandallar la Secretaría General de Gobierno-, aseguraron que la Ley les dará la razón a los ciudadanos y solo es cuestión de tiempo.
Como la intención es no tener contrapeso, los morenistas siguieron buscando opciones, y para el tercer ataque, el Estado se puso de acuerdo con la “autónoma” Fiscalía General del Estado (FGE). Una vez abierta la convocatoria para suplir a los dos consejeros salientes, los funcionarios empezaron a promover su caballo de Troya.
Vencido el plazo para registrarse como aspirante a consejero ciudadano de Seguridad, la FGE informó al CCSP que solo se habían registrado tres candidatos: el ex regidor independiente Roberto Quijano, el académico Ismael Plascencia y la feminista Rebeca Maltos, invitados por el mismo Consejo.
Pero se guardaron la inclusión del cuarto: Marco Antonio Moreno Santelices, empresario y proveedor de las áreas de seguridad en Baja California, sus municipios y Baja California Sur, en los tiempos cuando José Ramírez Gómez, actual oficial mayor de la FGE era tesorero en Sudcalifornia.
El “gallo” del gobierno, obtuvo cartas de apoyo de dos asociaciones, cuyos presidentes admitieron haber recibido la llamada telefónica de un alto funcionario de la fiscalía pidiendo el respaldo para Moreno, a quien querían convertir en presidente del Consejo Ciudadano. Luego de respaldar la tramposa estrategia de la fiscalía, los grupos de profesionistas terminaron por hacerse a un lado.
No conformes con los resultados de sus tretas, ahora la FGE decidió que, por solo tener cuatro registros, en lugar de dos candidatos por sector -educativo, empresarial y organizaciones civiles-, invalidarán la convocatoria para emitir una nueva, “pero siempre ha habido pocos registros, y la Ley permite insacular a los que se hayan inscrito mientras sean igual o más, de los consejeros salientes”, explicó el consejero presidente saliente, Juan Manuel Hernández Niebla.
Los hechos expuestos evidencian que la FGE y el Estado, necesitan más tiempo para renovar y hacerse un CCSP afín, con personas que no analicen ni cuestionen resultados, que no se amparen frente al manipuleo de la Ley o los abusos del erario, y que no los supervisen ni contravengan sus versiones o posturas oficiales. Solo es cuestión de esperar para saber hasta dónde son capaces de llegar en su intento por desarticular uno de los pocos organismos de participación ciudadana institucionalizada, con resultados.
Mientras, toca a los representantes de los sectores empresarial, educativo y activistas sociales, resistir para mantener los pocos contrapesos. Y no terminar como la mayoría morenista del Congreso: sometidos y abandonados a los caprichos antidemocráticos e ilegales del gobernador saliente y su secretario general.
