Luego de más de un mes de permanecer prófugo de la justicia, Daniel Miguel Martínez Villela de 33 años de edad, la tarde del lunes 5 de julio, fue presentado ante el juez de control por primera vez, para enfrentar la acusación de homicidio simple intencional que le imputa la Fiscalía General del Estado (FGE) por atropellar y terminar prematuramente con la vida de Rosa Isela Viveros de 40 años y su hija Leah, de 9 años en Mexicali el 28 de mayo.
En la Sala 5 del Centro de Justicia de Río Nuevo, de Mexicali, fue presentado por primera ocasión, como parte de la jornada que comenzó la tarde del domingo 4 de julio, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Baja California y la Fiscalía General de Sonora, lograron la detención de Daniel Miguel, en el municipio de Hermosillo, donde se refugió en un rancho perteneciente a sus familiares, intentando evadir la acción de la justicia.
No fue hasta la madrugada del lunes cuando fue presentado ante el Ministerio Público para enfrentar la responsabilidad legal por el accidente ocurrido a finales de mayo pasado, en la Calle Novena, frente al fraccionamiento Palmar de Santa Anita, donde al transitar a exceso de velocidad por el acotamiento, arrolló a las dos mujeres que caminaban por la zona.
Previo a la audiencia se generó nueva información del caso, como el hecho que cinco agentes de la Policía Municipal de Mexicali, entre ellos dos mandos, fueron suspendidos de manera provisional y serán investigados por omisión, porque tras el doble homicidio, solo turnaron al detenido por conducir en estado inconveniente.
El síndico procurador del ayuntamiento cachanilla, Héctor Ceseña, comentó que el caso será entregado a la Comisión de Honor y Justicia, conformada por representantes del cuerpo policíaco, del Cabildo de mexicalense y del sector ciudadano, los cuales evaluarán la responsabilidad administrativa de los agentes implicados.
Pese a los cuestionamientos, el Ceseña no precisó avances en la investigación, pero arremetió contra el representante del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), actualmente comandado por la abogada Alma Araujo, de siempre votar en contra de las investigaciones de la Sindicatura.
Menos de una hora después de la audiencia de control, el vicefiscal Pedro Ariel Mendívil, brindó una conferencia de prensa donde informó detalles sobre la detención de Martínez Villela, el cual -aseguró- podría tener una pena de 8 a 15 años de prisión, porque la teoría del caso descarta el homicidio por culpa, aunque se trata de un accidente, y se reclasifique a un homicidio simple imprudencial.
Explicó que el motivo por el que no se llevó a cabo la detención en flagrancia, fue porque la Policía Municipal turnó el Informe Policial Homologado (IPH) como “sin detenido”.
El Vicefiscal, aseveró que -de manera individual- la FGE indaga a 10 funcionarios municipales, desde policías hasta altos mandos, con el objetivo determinar su hubo responsabilidades penales en torno al caso.
Agregó que su hipótesis responsabiliza totalmente a Daniel Miguel del accidente, por lo que desacreditaron los peritajes preliminares hechos por la Policía Municipal de Mexicali y trabajarán con otro tipo de evidencia para estructurar el caso.
Durante la madrugada cuando el presunto responsable llegó de Hermosillo, como en la tarde del lunes que se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación donde se leyeron algunas pruebas del hecho delictivo que incriminan al acusado, familiares y amigos de la víctima ejercieron una intensa presión por medio de protestas, en busca de obtener justicia.
Mientras tanto, la defensa particular a cargo del abogado y ex procurador Christian Colosio Lule, escuchó los primeros alegatos y prepara su defensa, la cual se llevará a cabo el día viernes 9 de julio en el mismo edificio.
Pedro Ariel Mendívil comentó que durante la administración han modificado los esquemas para tratar los casos de accidentes donde se relacionan las bebidas embriagantes. Durante estos casi dos años han presentado ante el juez a 12 personas que causaron un deceso por conducir en estado inconveniente, y en al menos 7 de ellas, reclasificar el delito de homicidio culposo a homicidio simple imprudencial, por lo que han mantenido prisión preventiva; el resto ha sido a criterio de los jueces.
