Riñas entre reos motivaron “mano dura” y presuntos abusos de las autoridades del penal
La Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), presentó una demanda de amparo en favor de 93 personas privadas de libertad que se encuentran en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 CPS Durango, por presuntas vejaciones en su contra de parte de las autoridades penitenciarias.
El escrito que reclama la violación de derechos fundamentales fue radicada en el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna y enuncia a cada uno de los 93 internos por su nombre completo, todos patrocinados en su defensa jurídica por abogados de oficio preocupados por las condiciones de internamiento y la posible vulneración de los derechos humanos de sus defendidos.
La situación agravó después de una serie de hechos violentos que han ocurrido durante 2021, como diversas riñas y el asesinato del interno Omar N., quien fue degollado el pasado 21 de abril. También se reportó un intento de motín el 8 de junio último. Estos eventos llevaron a las autoridades a reforzar la seguridad, incluso con elementos de la Guardia Nacional, lo que se tradujo en una serie de medidas “duras” en contra de la población del presidio, como un violento cateo efectuado el 1 de julio.
Los actos reclamados al Director del Cefereso 14 CPS Durango, con sede en Gómez Palacio, y otras autoridades, consisten en tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes -que refiere la Secretaría Técnica dependiente del IFDP- son objeto los quejosos directos, quienes habrán de ratificar la demanda en cuanto sean ubicados dentro del penal y notificados del juicio de garantías 868/2021 por parte del actuario judicial.
Los presos afectados en favor de quienes se promueve la protección constitucional deben expresar si ratifican o no la demanda, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo dentro de los tres días a siguientes a la notificación, se tendrá por no presentada la misma. Durante la diligencia, el funcionario judicial deberá dar fe del estado físico exterior que presenten los quejosos directos, a fin de advertir si han sido víctima de tortura, malos tratos o violencia.
El juez que conoce del caso decretó la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados en favor de los quejosos, por lo que ordenó que cese de inmediato toda clase de vejámenes de los que sean víctima dentro del centro carcelario, debiéndose acatar dicha medida cautelar bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables.
A su vez, el juzgador solicitó los informes correspondientes a las autoridades del referido penal considerado de máxima seguridad y donde se encuentran internados – en su mayoría- presuntos secuestradores y narcotraficantes, mismos que deberán ser rendidos dentro de los plazos que establece la Ley de Amparo, bajo de apercibimiento de que caso de violar el mandato se aplicará multa u otras sanciones también previstas en la legislación especial.
Familiares y organismos defensores de las personas privadas de libertad, como Documenta A.C., se han manifestado en diversas ocasiones durante el último mes y medio, para exigir el respeto a los derechos humanos de los reclusos que se encuentran en el penal federal de La Laguna; sin embargo, los presuntos abusos, malos tratos e incomunicación denunciados continúan, señalándose la incapacidad y el desinterés de algunas autoridades penitenciarias.
Cabe mencionar que, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2020, el Cefereso 14 de Durango, obtuvo una calificación de 7.37 en la escala de evaluación, refiriendo como problemas a solucionar:
– Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad.
– Insuficiencia de personal de seguridad y custodia.
– Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación.
– Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas.
– Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan de actividades.
– Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
De los hechos recientes, los reos se quejaron de que en el cateo del 1 de julio fueron víctimas de agresiones físicas y malos tratos, así como de haber sufrido el despojo de sus pertenencias y documentos jurídicos, y ser incomunicados sin posibilidad de recibir visitas ni llamadas telefónicas, además de padecer la restricción del acceso a alimentos, agua potable, a recibir atención médica y a bañarse durante varios días.
Los familiares de los internos también han reclamado una alimentación inadecuada e insuficiente como forma de castigo, ataques a la integridad física, falta de atención médica y de entrega de medicamentos, así como la retención de su uniforme, colchón, almohada, zapatos y utensilios de limpieza. También aseguran, el personal juega con el equipo de aire acondicionado de los módulos, apagándolo durante el día cuando hace calor, y encendiéndolo por la noche, cuando desciende la temperatura.
