Han pasado seis meses desde el 22 de diciembre de 2020, cuando se reformó la Ley de Seguridad, y el gobernador Jaime Bonilla Valdez, así como el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, informaron que se había aprobado un fondo de 400 millones de pesos “para empezar a pagarle a los policías lo que se merecen, lo que el Estado le debe dar en reciprocidad de su trabajo”.
Medio año después, los agentes siguen sin seguros de vida, gastos funerarios ni fondos para el retiro. Los uniformados siguen muriendo, enfermando, continúan quedando discapacitados; decenas de ellos han llegado a la edad de jubilación, pero los servidores públicos y sus viudas no han visto uno solo de esos 400 millones de pesos.
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Convenientemente para el gobierno, inconveniente para los policías, los presupuestos del Estado y ayuntamientos, se aprobaron días antes que se publicara la reforma a la Ley, que incluye las Bases Generales de los Sistemas de Seguridad Social, Pensiones y Beneficios Complementarios de los integrantes de las corporaciones de seguridad pública.
Así que, en sus presupuestos 2021, los poderes ejecutivos no contemplaron los recursos para la previsión social de los policías, argumentando que las peticiones de recursos se habían enviado desde noviembre.
Pero omitiendo el hecho de que justo en ese mes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una “alerta temprana” para recordarles que debían tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad social de los elementos policiacos, evitaron incluirlo en el presupuesto, pero presumieron tener los millones de pesos y prometieron entregarlo a los policías… pero no han cumplido.
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Los ayuntamientos de Tijuana y Tecate aprobaron los reglamentos que contienen las prestaciones sociales allá por marzo; Mexicali, Rosarito y Ensenada, lo hicieron en el segundo trimestre del año. Del cumplimiento del sistema penitenciario y de la Fiscalía General del Estado (FGE), nada se sabe, porque no han informado.
En cuanto al dinero, para acceder a los millones, cada municipio, la fiscalía y el sistema penitenciario, debían hacer convenido con el Estado, pero sin justificación, decidieron esperar tres meses para efectuar la primera petición.
En marzo, los municipios con policías que ganan menos de 18 mil pesos -Mexicali, Ensenada y Tijuana- solicitaron los recursos para la homologación salarial, pero el dinero continuó sin moverse, sin que nadie hiciera reclamo al respecto.
La FGE tampoco solicitó el dinero para la seguridad social de los agentes. Se hizo una breve revisión de las solicitudes de ampliaciones presupuestales de la FGE, y resulta que en el año en curso han hecho alrededor de 200 ampliaciones automáticas, pero ninguna para el fondo policiaco. El oficial mayor de la fiscalía anda tan desinteresado en la tropa, que ni siquiera ha tramitado los recursos de manutención y sueldos para abril, mayo y junio para los agentes federales que están apoyando en la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI). Y todo indica que también ha olvidado el trivial trámite de solicitar recursos para gasolina, por lo que, en medio de la inseguridad, los investigadores han recibido la orden de salir lo menos posible.
A mitad de la campaña electoral, algunos agentes recibieron promesas de aumentos, dicen elementos que el sistema penitenciario, la FGE y Ensenada cumplieron. Utilizaron recursos propios que repondrán cuando reciban el recurso de los fondos.
A la fecha, dos son las hipótesis de por qué esos 400 millones de pesos siguen sin llegar a los policías: una, que el secretario Rodríguez Lozano ordenó congelarla para que el reconocimiento fuera todo para la administración bonillista y no se incluyera como logro de la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila, quien habló con los policías y solicitó acelerar los trámites en enero y abril pasados; y la segunda, que en realidad no había dinero.
Cualquiera de las dos razones, resulta que hace dos o tres semanas los trámites congelados se empezaron a mover y la Secretaría General de Gobierno finalmente dio luz verde a la solicitud de recursos, pero cometió errores. La Secretaría de Hacienda pidió corregir, y en esa parte del proceso estaban cuando, el 28 de junio, llegó una importante cantidad -la cual se desconoce- de recursos federales, de donde sale la mayoría de los dineros para los temas de seguridad.
Habrá que esperar a que el gobierno bajacaliforniano no decida utilizarlo en otros pendientes, como el pago de deuda a corto plazo que se les vence este mes. En diciembre de 2020 aseguraron que “los policías fueron escuchados”, pero hasta ahora todo está en papel, Ley, reglamentos y convenios en proceso. El papel moneda no llega a los policías con sueldos indignos, ni a los que requieren pensiones, jubilaciones, ni a las viudas, y del pago de gastos funerarios, ni hablar.
Dentro de estos cambios de “avanzada” que no terminan de llegar, el fondo de pensiones será una discusión aparte, ya que las corporaciones proponen aumentos mínimos al salario y retenciones de hasta el 14 por ciento para el retiro -en la burocracia es del 11%-, las cuales los uniformados no tenían contempladas y no han sido bien recibidas.
Menos cuando los policías recuerdan que los magistrados del Poder Judicial estatal llevan más de 10 años abusando de la autonomía y del erario, usando los fondos públicos para abonar anualmente 5 millones de pesos para su fondo personal de retiro, en lugar de pagarlos de sus cuantiosos sueldos.
Seis meses de espera son más que suficientes, más allá de los acuerdos oscuros que tengan con el Gobierno del Estado para congelar o incumplir promesas anunciadas con bombo y platillo. Los ayuntamientos, la Comisión, el sistema penitenciario y la FGE están obligados a pedir el dinero para cumplirle a los policías.
Para exigir hay que saber dar, se trata de reciprocidad y respeto. Si los jefes son incompetentes, incapaces de empatizar con las necesidades de la tropa y de proteger a sus subalternos, difícilmente podrán dirigir policías con el nivel de compromiso que la inseguridad de Baja California requiere. Y ya se tardaron.
