Decenas de camiones de carga, que operan sin los permisos de ley, han sido detectados por los transportistas. Hoy demandan a las autoridades estatales que intervengan en contra de la competencia desleal e ilegal
Trabajadores del sector transporte se estacionaron frente al Palacio de Gobierno de Baja California Sur, en una protesta pacífica para exigir a autoridades estatales que regulen a las unidades que laboran sin concesión o permisos especiales.
Quienes se dedican a brindar servicio de transporte, aseguran sentirse rebasados por el descontrol ante un problema “que no tiene razón de ser”.
El secretario general de Transportadoras y Materiales de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y representante de los manifestantes, Miguel Ángel Sánchez Acevedo, señaló que han detectado por lo menos 60 unidades que trabajan en Baja California Sur sin contar con una concesión o un permiso extraordinario.
Recalcó que para poder brindar el servicio de transporte, ya se de carga o a personas, la Ley establece que es necesario contar con estas autorizaciones que otorga el Gobierno del Estado.
“Los permisos, según lo marca la Ley, es cuando la necesidad de transporte se vea rebasada, y en ningún momento nos hemos visto rebasados. Existen los camiones suficientes para hacerle frente a los trabajos. Esos permisos están desplazando a los concesionarios”, manifestó.
En la protesta advirtieron que son más de 300 transportistas afectados ante la situación, problemática que se agrava en medio de la pandemia y el estancamiento económico que ha tenido el sector por la crisis sanitaria.
“300 transportistas que sí cuentan con el número económico, razón social, revista, placa, licencia y uniforme, lo que nos exigen las autoridades que cumplamos para poder trabajar. No entienden porque los dejan trabajar, hasta traen placas de otros municipios”, agregó el representante.
“La verdad hemos trabajado muy poco, habrá habido cuando mucho una o dos obras importantes, las cuales se han visto empañadas porque no se han respetado las tarifas establecidas, que han trabajado con camiones irregulares”, subrayó.
Por otra parte, los manifestantes señalaron al director de Transporte de Baja California Sur, Jesús Robles. Acusan al funcionario de haber ignorado la problemática desde el inicio de la administración del gobernador, Carlos Mendoza Davis.
Aseguran que desde hace seis años han notificado al director la existencia e identificación de las unidades que trabajan sin permisos. Comentan, tras denunciar en repetidas ocasiones este problema, el funcionario les ha dicho que es incompetente, ya que “la ley actual no tiene dientes y que no sirve”.
“Es causado por el abandono que tiene el mismo director de Transporte, prácticamente dejó en el limbo. Se ha declarado incompetente las veces que ha podido, eso es peor. ¿Cómo puede un encargado de oficina de Gobierno que se declara incompetente en vez de hacerle frente a la problemática?”, aseveraron.
Exhortan al gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, para que regularice la situación. Asimismo, llaman al gobernador electo, Víctor Castro Cosío, para que revise la problemática en cuanto arranque su administración.
“Que hagan una revisión exhaustiva de lo que es la Dirección de Transporte y poder llegar a normalizar, regular bien el transporte, y poder llegar a realizar un trabajo más digno; que se restablezca del hoyo en el que está metido”, demandaron.
No hay conflicto; es un tema político: Jesús Robles
Tras la manifestación, el director de Transporte Jesús Robles, otorgó una entrevista al Semanario ZETA, afirmando que, más que tratarse de un conflicto por situaciones técnicas, es una problemática con “tintes políticos”.
Jesús Robles aseguró que la dependencia sigue trabajando conforme a derecho, respetando las concesiones que fueron entregadas en administraciones pasadas. Añadió que desde el 2015 (cuando inició la administración de Carlos Mendoza Davis) hasta la fecha, no se han entregado permisos nuevos para operar unidades de transporte de carga.
“En realidad yo no lo considero conflicto, es unilateral. Es de todo mundo sabido que esta administración no ha dado ni una sola concesión, ni un solo permiso. Es una situación fuera de contexto para mi gusto y, obviamente, yo lo siento más político que técnico”, respondió.
El funcionario contestó que las regulaciones que solicitan los protestantes corresponden más bien a facultades municipales: los cambios en tarifas, placas y vigilancia de la legalidad son temas que están en manos de los cinco ayuntamientos, asevera.
“Si bien es cierto que el Estado es quien da la autorización para explotar la vía pública, las vías de comunicación estatales, quien las opera y las vigila es el municipio. Es más, un vehículo sin placas no debe de circular, independientemente de si es transporte público o privado”, indicó.
No obstante, menciona que hay un escenario que dificulta en general la regulación del sector: la desactualización de las leyes de movilidad y transporte de Baja Calidonia Sur.
En 2019, el gobernador propuso una nueva Ley de Movilidad, sin embargo, fue rechazada por la XV Legislatura.
Jesús Robles recalca que en este escenario, según los estándares de leyes en otros países, hay un estancamiento por la falta de una actualización que garantice el acceso al derecho a la movilidad.
“El problema que tenemos de antaño es que las reglas del juego no están claras, no regulamos bajo los cánones internacionales en función del usuario en la pirámide de movilidad. Para cambiar la movilidad de raíz, deben cambiar las reglas del juego; y eso es con una ley de movilidad”, dijo.
Por último, expuso que en estos momentos participa en representación de Baja California Sur en la creación de una Ley de Movilidad federal, que está en proceso con el objetivo de homologar los criterios a nivel nacional.
Refirió que una vez que esté concluida y publicada esta reforma, se espera que se armonice con cada entidad federativa para garantizar el acceso al derecho a la movilidad.
