Siete feminicidios impunes

Daniela Lino Ramírez una joven cabeña con todo el futuro por delante, asesinada brutalmente por su expareja / Monserrat de 30 años fue privada de la vida en San José del Cabo, la causa de muerte fue asfixia por sofocamiento / Campaña lanzada por Colectivas Feministas ante creciente de feminicidios en el estado
Edición Impresa martes, 29 junio, 2021 6:55 PM

“Tenemos tipificado el feminicidio desde 2019, pero cuando ocurre un feminicidio, para no elevar las cifras, no quieren tomarlo como uno”, explicó a ZETA una de las representantes de Colectiva Pitahayas RadFem, quienes siguen protestando por los casos no resueltos de Ana Luisa, Daniela Lino, Aolanis, Anita, Annel, Monse y Ana Laura

Ana Luisa, Daniela Lino, Aolanis, Anita, Annel, Monse y Ana Laura, fueron brutalmente asesinadas y sus casos siguen siendo feminicidios sin resolver.

Es por eso que colectivos feministas se unieron en una sola voz: “Si ellas callan, callarán la voz de las jóvenes asesinadas”.

Annel Viridiana, de escasos 24 años, fue reportada como desaparecida el 30 de mayo en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos. Tres días después, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reportó “fue encontrada sin vida en el camino vecinal ‘El Manglito’ de la colonia El Tezal”.

De esa manera se confirmó el feminicidio agravado de la joven, pero fue considerado como tal hasta la captura de Jesús Alberto “N”, quien presuntamente asesinó a Annel de un tiro en la cabeza.

Según el Artículo 389 del Código Penal de Baja California Sur, desde el momento de su hallazgo, debió considerarse como feminicidio, ya que la víctima fue localizada “expuesta, exhibida, depositada o arrojada en un lugar público o paraje despoblado”, de ahí que colectivos feministas denunciaron la tardía respuesta de las autoridades.

Ana Luisa Gutiérrez fue encontrada sin vida el 8 de enero de 2021, la brutalidad con que fue asesinada en su propio domicilio confirmó la tipificación del delito, pero es fecha que su agresor no es buscado como feminicida.

Daniela Lino Ramírez, de 18 años, fue asesinada y calcinada por su ex pareja Jesús Ernesto Chinchilla Coronado, apodado “El Chuy” y/o “El Salchicha”, prófugo de la justicia desde el 16 de diciembre de 2020.

Aolanis Sánchez, de 23 años, es un caso más en la lista de pendientes. La joven estudiante de Economía en la Universidad Autónoma de Baja California Sur en Guerrero Negro, fue encontrada con dos tiros en la cabeza a inicios de 2020, a la orilla de la carretera de la comunidad, y entre sus brazos, su bebé de meses con vida.

Monserrat Ortiz, de 30 años, fue hallada sin vida al interior de su domicilio en la colonia Primero de Mayo en San José del Cabo, su agresor la golpeó con brutalidad y fue asfixiada por sofocamiento.

Una mujer más víctima de la brutalidad de su pareja, fue Ana Laura Añorve Salazar, de 33 años. Fue reportada como desaparecida el 29 de mayo de este año, luego de un convivio familiar en la colonia Mesa Colorada en Cabo San Lucas. Cuatro días después de su desaparición, se le localizó tendida en el patio de un domicilio en calle Palma Molino, entre Palma Canarias y Palma Datilera de Cabo San Lucas. Su cuerpo fue hallado bañado en sangre y con múltiples golpes en la cabeza; su pareja sentimental la privó de la vida con un bat de beisbol, ya hay detenido y en espera de que la muerte de Ana Laura se catalogue como feminicidio.

Estos son algunos de los delitos que siguen pendientes en la administración de Carlos Mendoza Davis, algunos con detenido, pero faltan las agravantes para que los feminicidas paguen por la crueldad y abuso de confianza que ejercieron en sus víctimas.

JUSTICIA SIN MEDIDA

Uno de los principales reclamos de los colectivos feministas, es la tardía actuación de los protocolos de feminicidio. A pesar de que el homicidio de una fémina es considerado como tal en la entidad desde 2019, los aparatos burocráticos siguen deteniendo la justicia para las víctimas y sus familias.

La Colectiva Pitahayas RadFem platicó con ZETA respecto a que hace falta oficio en las autoridades, ya que tratan de minimizar un grave problema que se está registrando y afecta gravemente a la seguridad de las mujeres; además de denunciar la falta de acciones contundentes y que cuando un feminicida quiera actuar, la piense dos veces.

“La justicia no es que haya avanzado, haya retrocedido o esté estancada; lo que se pide es la atención digna e inmediata, y que de alguna manera, a pesar de que sabemos que son feminicidios, no los quieren procesar como tal, sí dieron con una de las personas que asesinó a una de las mujeres hace poco, pero está en veremos cómo será procesado el feminicida. La mayoría de los casos no se han tomado con un feminicidio, a pesar de serlo, ese es el primer paso que se quiere, porque tenemos tipificado el feminicidio desde 2019, pero cuando ocurre un feminicidio, para no elevar las cifras, no quieren tomarlo como uno”, explicó a este Semanario una de las representantes de Colectiva Pitahayas RadFem.

Las familias de las víctimas prefieren recurrir a organismos civiles, que solicitar información a la PGJE, pues además de cargar con el dolor de su pérdida, deben exigir que se les trate con respeto y justicia.

“Se han catalogado como feminicidios, de siete, solo dos, la mayoría en Los Cabos. La petición (de las familias) ante su desesperación es el apoyo, de hacer y ejercer presión; primero fue solicitar apoyo de asesoría legal, posterior a eso empezaron a solicitar apoyo de la protesta, porque a pesar de que se le brinda el apoyo con asesoría legal, de alguna manera no le dan para adelante y empiezan a lentar (sic) el caso, empiezan a no definir, incluso hay algunos casos que no tienen número las carpetas de investigación; la lucha ahorita es para que se les asigne a algunos carpetas de investigación número, que no se archiven y que puedan, ya con el número asignado, tomarse como un feminicidio”, refirió el colectivo.

Aun con detenidos, en ocasiones la mala ejecución de la evidencia genera que no se puedan detener las condenas deseadas.

Sin embargo, en dos de los casos más sonados en La Paz y Los Cabos, cometidos en menos de un mes -a finales de 2020 y principios de 2021- se sabe quiénes fueron los agresores, pero la justicia no ha llegado.

“En los casos de Ana Luisa y Daniela Lino, una de La Paz y otra de Los Cabos, en primera no saben la ruta que deben tomar, primero es lo que quieren saber, cómo repercuten sus acciones, declaraciones, para que no pueda ser viciada la investigación o no sea llevada a cabo como tal; más bien, se acercan para saber qué hacer, qué paso, se hace primero, esperarse para quizá dar algún tipo de declaración o darla de una vez. También está el tema de los protocolos de protección que deben seguir, por el hecho de las personas que sospecha que asesinaron a esas mujeres, y pues tenemos los casos en que sí se sabe quién fue el asesino, específicamente en el caso de Daniela Lino, que fue su ex novio”, reconoció la entrevistada.

Un grave problema que el propio Colegio de Postgraduados en Derecho y Ciencias Afines ha denunciado, es la falta de sensibilización de los agentes que atienden a las víctimas del delito, pareciera que no hay capacitación en el trato hacia los denunciantes o familiares de las víctimas.

“Nosotras no hemos tenido acercamientos con la procuraduría, como Colectiva no podemos involucrarnos como tal, más que las abogadas o abogados. El caso es que se les asigna un abogado de oficio o abogada, sin embargo, este personal de la procuraduría, a pesar de que han llevado a cabo capacitaciones para personal de la procuraduría en perspectiva de género, siguen ejerciendo la violencia, no traen la perspectiva de género y no tienen la capacidad, ni el conocimiento para el acompañamiento que se le debe dar, violentan los Derechos Humanos”, lamenta Colectiva Pitahayas RadFem.

 

ESPERANZA EN LAS NUEVAS AUTORIDADES

En la entrega de constancia del gobernador electo, Víctor Manuel Castro Cosío, Colectiva de Pitahayas RadFem se hicieron presentes junto con familiares de Ana Luisa Gutiérrez.

Solicitaron revisar este caso como todos los feminicidios registrados, pero lo más importante, que a su llegada se investigue y no se archiven las carpetas de investigación.

“Tenemos esperanza, dudamos un poco porque a final de cuentas cada que entra una administración tiene que decir que va a cumplir lo que está prometiendo, sin embargo, la administración pasada de alguna manera o la que está por salir, tiene la posibilidad aún de archivar esas carpetas de investigación; nuestra esperanza es que la administración saliente no las archive, y que la administración entrante nos dé la apertura y le den apertura a las familias, para que de la manera más digna poderles brindar atención que se merecen”, detalló Pitahayas RadFem.

Una de las solicitudes, es que en el cambio de administración se revise a detalle al personal que encabece las diferentes direcciones de atención ciudadana, fuera de la terna del nuevo procurador de Justicia o la continuidad, ya que a final de cuentas los perfiles de abajo tienen trato directo con las víctimas.

“Que las personas nuevas que van a entrar a la procuraduría, sean personas realmente certificadas, que pasen exámenes, algún protocolo, filtros, para poder estar dando ese tipo de atención”, es la solicitud de la Colectiva.

Además, piden a los actores del Poder Legislativo que trabajen en lineamientos de protección a cada mujer, niños y niñas, que sean leyes adecuadas y blinden la seguridad de cada una.

“Se espera que cuando se presenten nuevas iniciativas de Ley o se toque a debatir ciertos puntos específicos, en cuanto a los derechos de las mujeres, específicamente a los derechos que tenemos de estar con vida, de vivir una vida libre y digna, desplazarnos libremente en cualquier espacio, a cualquier hora y poder estar seguras y no temer por nuestras vidas, sea cual sea el estilo de vida que llevemos, que se salvaguardan esos derechos que tenemos, incluyendo también los derechos sexuales y reproductivos de cada una de las niñas y mujeres”, lanzó Pitahayas RadFem.

En cuanto a las carpetas de investigación de las chicas que ya no están físicamente, pero sí en sus protestas, seguirán manifestándose hasta encontrar a los culpables y que se les aplique todo el peso de la Ley.

“Vamos a continuar con las protestas, esperando a septiembre, que llegue la toma de protesta de las nuevas autoridades, se tomen todas las riendas del Estado y ver cómo responden ante nuestras peticiones, ante las exigencias que se tienen. Esperamos que pronto se le empiece a dar el seguimiento que no le quiso dar la administración saliente a esas carpetas de investigación, entre otras que existen de denuncias por violencia sexual, violencia intrafamiliar, etcétera”, sentenció la Colectiva.

 

NECESITAN REFUGIOS

Pitahayas RadFem hace hincapié en necesidades actuales, que mucho tuvo que ver el Gobierno de México en la desaparición de refugios para mujeres agredidas. Necesitan que las autoridades le den la importancia debida a la violencia contra la mujer.

Hay mujeres que denunciaron agresiones y amenazas por parte de su pareja o familiar, y que hoy no viven para contarlo, porque tuvieron que regresar a un domicilio en el que fueron víctimas de sus agresores.

“A partir de la pandemia, que se tuvieron que resguardar en sus hogares, para muchas mujeres, estadísticamente la mayoría, mueren a causa de feminicidio dentro de sus casas y por algún familiar o alguien muy cercano, puede ser la pareja o el padre, el abuelo. Es lamentable que no existen refugios para salvaguardar a estas mujeres, cuando existe una denuncia”, lamentó la Colectiva Pitahayas RadFem.

Especialistas de Semáforo Delictivo confirmaron a ZETA que la violencia intrafamiliar es un punto rojo en Baja California Sur, al cual abonó el encierro por la pandemia, incrementando las agresiones a mujeres y niños.

Por ello es de vital importancia la rehabilitación de espacios como refugios temporales para mujeres víctimas de violencia para resguardarse hasta la captura de su agresor.

“Tienen que huir, y de alguna manera, pueden, de cierta forma, entorpecer de esa manera también las carpetas de investigación que hay en cuanto a las denuncias por violencia intrafamiliar, sin embargo, tienen que esconderse de su principal agresor, como es el caso de algunos menores de edad, que tienen que salirse de sus casas porque puede ser que estén a punto de matarles a golpes, por el grado de violencia. El >Estado no quiere hacerse cargo de una persona más, porque le cuesta, aquí el tema es también, estamos organizándonos para luchar por los refugios para las mujeres y para salvaguardar los derechos de las mujeres privadas de su libertad”.

En la denuncia de Colectiva Pitahayas RadFem, reside el llamado enérgico a las autoridades penitenciarias, refieren que dentro de los penales están padeciendo de explotación sexual y laboral, y ante el confinamiento, temen por sus vidas, pues los victimarios están dentro, con ellas. De ahí que solicitan una revisión a las condiciones de las féminas privadas de su libertad.

“Viven una violencia considerablemente terrible, el alto nivel de explotación sexual que hay ahí adentro, tanto en mujeres adultas como en niñas, porque ahí paren a sus crías y hasta que tienen los dos años pueden salir de ahí; hay un nivel alto de explotación sexual, explotación laboral y un alto índice de enfermedades de transmisión sexual dentro del reclusorio. Ellas deberían tener su propio reclusorio, sin embargo, no hay presupuesto suficiente destinado, no hay que alcance, y el problema principal de este tipo de situaciones son los presupuestos”, denunció la Colectiva.

Pitahayas RadFem pone a disposición su página de Facebook, para que a través de un mensaje, las víctimas soliciten apoyo si se sienten encerradas, agredidas o pasan por alguna situación atribuible a un delito. Cualquier solicitud de ayuda, la Colectiva siempre está disponible para asesorar y apoyar, incluso pueden ser su voz ante las autoridades.

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