De 10 años de prisión a cadena perpetua, enfrentan Alejandro Herrera “El Caimán”, Lorenzo Hinojosa “Cabo 96”, Edgar Pérez Villa “Cabo 89” e Israel Alejandro Vázquez “Cabo 50”, miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tijuana, tras la “acusación y orden de arresto sustitutas” emitida por el tribunal del vecino país por conspirar para introducir y distribuir droga en territorio estadounidense
Una investigación del Gobierno de Estados Unidos que tomó seis meses, reveló que cuatro hombres, cabecillas de la célula de “Los Cabos”, integrada por traficantes y homicidas radicados en Tijuana al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Zona Costa bajacaliforniana, son responsables del asesinato de más de150 personas.
De acuerdo con la fiscalía, las evidencias encontradas prueban que este grupo considerado el mejor armado, más violento y peligroso, traficó toneladas aún no especificadas de heroína -las muertes por sobredosis de esta droga están consideradas como pandemia en Estados Unidos desde 2015-, metanfetamina, fentanilo y cocaína entre Tijuana y San Diego, California.
Bajo estos antecedentes, el 14 de junio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicas la “acusación y orden de arresto sustitutas” en su contra. Sin embargo, el jueves 17 y hasta el cierre de edición de ZETA, el documento había sido retirado de la página electrónica de esa jurisdicción.
La acusación basada en los expedientes 19CR1274-BAS y 21CR0861-BAS, fue revelada a través de la plataforma electrónica, en un comunicado emitido por el Distrito Sur de California en el cual se señala directamente a Edgar Alejandro Herrera Pardo alias “El Caimán” / “Cabo 8”; Carlos Lorenzo Hinojosa Guerrero “Cabo 96”; Edgar Pérez Villa “Cabo 89”; e Israel Alejandro Vázquez Vázquez “Cabo 50”.
En los organigramas en poder de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California, también son considerados cabecillas del CJNG de acuerdo con reportes de las autoridades:
Edgar Alejandro Herrera Pardo “Cabo 8”. Identificándose con un nombre falso, en mayo de 2017 fue herido en el mismo operativo criminal en el que desaparecieron al entonces líder de “Los Cabos”, Héctor Manuel Morales Guzmán “El Gallero”. Se le capturó el 4 de agosto de 2019 en San Luis Potosí, tras cumplimentársele orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la comisión de delito contra la salud.
Carlos Lorenzo Hinojosa Guerrero “El Hacker” y/o “Cabo 96”. Identificado como pistolero y operador de tráfico en la Zona Este de Tijuana, pero subordinado a Rodolfo López Arellano “Solecito” o “Cabo 30”, actualmente considerado cabeza de “Los Cabos” en la Zona Costa bajacaliforniana. No se le menciona en la investigación iniciada en la Corte del Distrito Sur de California.
Édgar Pérez Villa “El Nier” o “Cabo 89”. Operador del CJNG en la zona de Sánchez Taboada y Los Pinos en Tijuana, e identificado por la violencia de sus homicidios, el uso de narcomantas para amenazar y la exposición pública de cuerpos desmembrados para aterrorizar. Detenido el 9 de octubre de 2020 por delitos federales y liberado bajo proceso en la misma semana.
Israel Alejandro Vázquez Vázquez “Cabo 50” y/o “El Goofy”. En sus orígenes, cabecilla de célula de sicarios con antecedentes delictivos en Sinaloa e ingresos penitenciarios en Baja California por robo con violencia en los años 2003, 2010 y 2012. Se integró al CJNG en 2015, asignándole el control criminal de la zona de Otay en Tijuana; en los seis años recientes escaló en el organigrama criminal.
UNA LARGA Y CONTINUADA INVESTIGACIÓN
En el comunicado emitido el 14 de junio, las acusaciones abarcan hechos criminales perpetrados entre 2019 y 2021, pero resulta evidente que los cargos en contra del grupo abarcan expedientes iniciados previamente. Como ejemplo, la mención del homicidio de dos adolescentes sandieguinos en Tijuana.
El 24 de noviembre de 2018, Juan Suárez Ojeda, graduado de Ingenuity Charter School en Skyline y Christopher, de 17 años y estudiante e integrante del equipo de futbol de la preparatoria O’Farrell en Encanto, con residencia en California, fueron asesinados en compañía del mexicano Ángel Said, también de 17 años, con un balazo en la cabeza en el fraccionamiento Lomas Verdes en Tijuana.
El mayor visitaba a su familia del lado mexicano y el menor visitaba la ciudad por primera vez. En enero de 2019 se detuvo a sus presuntos agresores: Fabricio Ramos, Esteban González y Alejandro Rodríguez. Como móvil del ataque se mencionó un “ajuste de cuentas y una confusión”.
Previamente. el 27 de enero de 2017, la fiscalía norteamericana hizo público el caso 17CR0219CAB para presentar cargos en contra de Juan José Pérez Vargas “El Piolín”, identificado como cabeza del CJNG en Tijuana desde 2015 y entonces, jefe de “Los Cabos” mencionados en la actual acusación.
La intención era solicitar la orden de aprehensión del traficante detenido en septiembre de 2017 en Jalisco. Fue acusado de conspirar para importar y distribuir 500 gramos de metanfetamina, cinco kilos de cocaína, un kilo de heroína y mil kilos de marihuana. Sin embargo, murió en mayo de 2019, en condiciones extrañas.
Antes de eso, como parte de una investigación en Estados Unidos y en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Baja California, las autoridades locales pudieron conocer el 26 de noviembre de 2016, los planes de Israel Alejandro Vázquez Vázquez “Cabo 50”, de balear las oficinas de ZETA a manera de amenaza, luego que dos días antes, su rostro y el de algunos de sus cómplices fueran exhibidos en la portada de este Semanario.
La presencia del CJNG en San Ysidro, California y otras ciudades como Orange County, Riverside, Bakersfield y Sacramento, fue reportada por primera vez en 2015, según informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
“Por mucho tiempo, poderosos cárteles han implementado violencia indescriptible en Tijuana, una ciudad que está al lado de San Diego. Continuaremos nuestra campaña de terminar con el reinado de terror de los cárteles y parar el flujo de drogas a través de la frontera al procesar a los líderes y cabecillas”, fueron las palabras del fiscal general de Estados Unidos, Randy S. Grossman, citadas en el comunicado.
