Desplazados por el narco, ignorados por el gobierno

Foto: Archivo
Columnaz lunes, 28 junio, 2021 8:00 AM

Desde hace meses, en el refugio Embajadores de Jesús en la “Pequeña Haití” en Tijuana y en el campamento El Chaparral en la Garita de San Ysidro, viven decenas de familias procedentes de Michoacán, Guerrero, Jalisco y Colima, a quienes les han asesinado a dos a seis miembros de su progenie.

Todos, con una historia de horror que incluyen balaceras, desmembramientos, secuestros, desapariciones, casas, autos y personas incineradas, carreteras trozadas, servicios cortados, situaciones perpetradas por integrantes del crimen organizado.

De hecho, la Parroquia de Nuestra señora de Guadalupe recién abrió el Albergue del Buen Samaritano en las inmediaciones de la garita de cruce en Zona Río. Esperan por la siguiente ola de familias procedentes de Aguililla, municipio de Michoacán, del cual, a partir del pasado mes de abril, han migrado alrededor 300 familias -un promedio de mil 500 personas-, huyendo del horror para dejar un pueblo fantasma cuyo paisaje de desolación semeja las zonas de guerra.

Escaparon como lo hicieron otros miles de mexicanos entre 2017 y 2018 en Las Varas, Nicolás Bravo, Las Pomas y Madera, poblados en Chihuahua. Y antes que ellos, otros miles abandonaron sus hogares en San Luis de la Loma en 2013 en Guerrero; Allende, Coahuila en 2011; y Mier en Tamaulipas durante 2010, todos amenazados por el narco.

Lo mismo que está ocurriendo desde 2020 en la frontera chica de Tamaulipas, que abarca Miguel Alemán, Camargo y Nueva Ciudad Guerrero. Huida que muy probablemente repliquen los residentes de algunas zonas en Reynosa, donde el sábado 19 de junio, un comando armado recorrió cuatro colonias y asesinó a más de veinte, personas incluidos obreros, taxista, comerciantes y un enfermero, antes de ser intervenidos por las autoridades.

Son migrantes y son mexicanos, sin embargo, su gobierno les está fallando por dos, porque no solo los están invisibilizando en la estrategia de seguridad; también los están ignorando en las políticas de migración.

El conflicto no es pequeño. Conforme a Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), 346 mil 945 ciudadanos fueron desplazados por el narcotráfico y la violencia solo entre 2017 y 2019.

El problema va al alza, ya que, de acuerdo con la organización TRAC Immigration de la Universidad de Syracuse, solo entre octubre de 2020 y febrero de 2021, Estados Unidos rechazó 22 mil 031 solicitudes de refugio hechas por mexicanos y aceptó 4 mil 361.

Pero tratándose de políticas pro migrantes, pareciera que para el gobierno de la Cuarta Transformación, solo existen de dos tipos: los que provienen de Guatemala, El Salvador, Honduras y atraviesan el país rumbo a Estados Unidos; y los mexicanos legales e ilegales radicados en la Unión Americana que envían dinero al país, lo cual en el rubro financiero se conoce como remesas. Estos últimos, inclusive le sirven al Presidente Andrés Manuel López Obrador para presumir, como si fuera su logro personal, el hecho que durante 2021 hayan enviado miles de millones de dólares en remesas a sus parientes menos afortunados, que en México no tienen condiciones para sobrevivir sin el apoyo de los paisanos.

Pero la principal causa para pedir asilo de los mexicanos, es la “amenaza del crimen organizado”, seguida de lejos por temas económicas o de persecución política. Y en cuanto a seguridad, la estrategia o ausencia de esta es todavía más devastadora.

Mientras los pueblos se vacían, la gente deja atrás el producto de su vida y se lanzan a un futuro incierto, no les queda siquiera la esperanza de ver a su gobierno trabajar y hacer lo necesario por capturar o desterrar a estos grupos criminales que a punta de pistola suplen al gobierno en ciertas zonas.

Delincuentes que seguramente hacen mofa de la indescifrable “pacificación militarizada”, la de los “abrazos, no balazos”, la de acusarlos con sus madres o esperar a que decidan cambiar las becas de los programas sociales por sus ganancias vendiendo drogas. O incluso echarles porras públicas porque un fin de semana mataron a menos gente de la que acostumbran.

Como lo hiciera López Obrador al referirse al comportamiento de los narcotraficantes y sicarios el día de la jornada electoral, 6 de junio: “Los que pertenecen a la delincuencia organizada (…) en general bien, muy pocos actos de violencia de estos grupos”, mientras criticaba a su aborrecida clase alta: “… se portó creo que más mal la delincuencia de cuello blanco, pero no se pasaron de la raya”.

Una “no guerra” que, de acuerdo con el informe de la consultora Lantia correspondiente a diciembre de 2020, reportó que la captura de integrantes del violento Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) aumentó en un 200%; que en medio de la pandemia presumió la lógica reducción de los robos y aceptó el aumento en feminicidios y violencia intrafamiliar, pero ha registrado más de 35 mil homicidios por año, muy por encima de las 14 mil ejecuciones anuales de la guerra de Felipe Calderón.

El despliegue de 100 mil elementos de una recién creada Guardia Nacional que a la fecha solo se dedica a patrullar, no es suficiente para los desplazados, tampoco que las autoridades se reúnan todos los días a contar muertos, a presentar informes de hechos de alto impacto, cuando de acuerdo con el informe 2021 del Departamento de Estado de EU, los cárteles de la droga aumentaron su producción y trasiego.

Tampoco es relevante que el Presidente haga giras por los estados más violentos, si la Fiscalía General de la República, Ejército y Guardia Nacional se mantienen como observadores y guardias perimetrales ante la violencia en las distintas entidades federativas, como sucede en Baja California.

Es igual de improductivo, absurdo y oneroso que la visita de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, Rosa Icela Rodríguez a Tijuana, el municipio más violento del país -más de mil homicidios cometidos en el transcurso de 2021-, para supervisar la vacunación contra la COVID-19.

Y menos impacta el mandatario nacional al declarar: “No vamos a negociar con la delincuencia (…) No vamos a dejarnos intimidar”, tras liberar al hijo de un capo del Cártel de Sinaloa y saludar a su abuela, mientras aumenta la captura de integrantes del CJNG.

Como dijo don Andrés Manuel en su mañanera del 8 de abril de 2021: la migración tiene que ser “opcional, no forzosa, no debe producirse por hambre, por pobreza o por violencia”, en alusión a los centroamericanos. Solo falta que además de ver la paja en el ojo ajeno, vea la viga en el propio.

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