La democracia representativa constituye el sistema esencial para lograr el pleno ejercicio de los derechos, pues debe garantizar permanentemente las libertades públicas y los derechos fundamentales, así como un Estado de Derecho; este último como la idea de límites al poder: un poder regulado, sometido y controlado por el Derecho, que se encuentra articulado con la idea de dignidad de la persona y el reconocimiento de sus derechos.
En consecuencia, la vigencia de un Estado de Derecho se constituye con el respeto a los derechos humanos y sus principios fundamentales; entre ellos, la igualdad y la prohibición de la discriminación, que componen la base para el desarrollo de una sociedad democrática, como las piedras angulares de los sistemas de derecho y de la cultura de la legalidad.
Si bien, los derechos humanos nacen con vocación universal, las reglas del ordenamiento social responden a patrones socioculturales que establecen relaciones de poder, donde está presente una concepción de superioridad-inferioridad. Estas percepciones negativas afectan el trato hacia las personas, la manera de ver el mundo y de vivir las relaciones sociales; por tanto, ello influye en las oportunidades para ciertos grupos de personas o grupos históricamente en desventaja.
De ahí el surgimiento de las acciones afirmativas como mecanismo equiparador de las desigualdades sociales, y de los espacios democráticos para personas que enfrentamos diferentes contextos que no se nos permite participar en igualdad de condiciones. Estas acciones enlistan todos los esfuerzos utilizados por los poderes públicos, tendientes a lograr prácticas para restablecer los derechos humanos a los grupos históricamente en desventaja, como las mujeres, las personas que viven en las comunidades indígenas, personas de la diversidad sexual, personas que viven con discapacidad, entre otras.
Así, las acciones afirmativas tienden a promover y exigir el cumplimiento de aquellas normas destinadas a la equiparación real entre las personas (como entre hombre y mujeres), buscan se garantice un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades, de que dispone la mayoría de los sectores sociales.
Por ello, las acciones afirmativas transitan hacia las leyes de cuotas, con el objetivo de restablecer la igualdad para diversos grupos sociales que han sufrido la desventaja histórica, a los que se ha negado o restringido la posibilidad de acceder y participar en la configuración de sus derechos en igualdad de oportunidades.
Estas medidas no tienen por objeto descalificar a la mayoría de la población, sino que su finalidad es desaparecer el estatus de desigualdad mediante un trato diferenciado justificado, que permita coexistir a ambos parámetros.
La subrepresentación de las mujeres, las personas pertenecientes a las comunidades indígenas, las personas de la diversidad sexual y las personas con discapacidad, ha impedido su participación política. Desde esta perspectiva, la exclusión histórica y política se procura compensar por medio de las leyes de cuotas que presentan una forma de igual acceso a la inclusión real de participación efectiva.
Actualmente, en México prevalece un bloque de constitucionalidad que recoge y hace suyo las normas supranacionales que, con una visión humanista, hacen realidad todo el escenario jurídico y político del derecho internacional de los derechos humanos. En consecuencia, permite la evolución de estos mecanismos de resistencia ante los flagelos de la discriminación que enfrentan los grupos históricamente en desventaja.
Las acciones afirmativas como mecanismo equiparador y compensador de los grupos desaventajados históricamente, en lo relativo a la participación política, han permitido que los partidos políticos y el Estado modifiquen y amplíen el espectro de la democracia participativa, en tanto abren la deliberación de estos grupos subrepresentados políticamente; ello con las normas democráticas de inclusión en las listas de manera obligatoria, por medio de las leyes de cuotas.
Aunque actualmente existen estas leyes de cuotas para la representación política de las mujeres, lo ideal es que debemos llegar al tiempo en el que no se necesiten cuotas y las mujeres, las personas con discapacidad, de comunidad indígenas, LGBTI o jóvenes puedan participar de la democracia representativa por sus aptitudes y virtudes solamente. Transitar de la obligación legal hacia la responsabilidad social.
En nuestra sociedad actual resulta urgente y conveniente promover un espíritu democrático en las relaciones sociales, donde podamos tratarnos con dignidad y respeto, evitando la polarización o la división por nuestras distintas creencias o formas de pensar. Precisamente la diversidad es la mayor fortaleza de una comunidad, debido a que desde ahí podemos descubrirnos humanamente y crecer de forma comunitaria.
Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California.
Correo: melbaadriana@hotmail.com
