Avanza tesis municipalista en defensa del Club Social y Deportivo. Administración de Jaime Bonilla Valdez no puede publicar la expropiación ni ejecutarla hasta que no se resuelva de fondo el juicio de amparo
El martes 15 de junio, el Juzgado Segundo de Distrito en Amparo y Juicios Federales concedió la suspensión definitiva al Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, Asociación Civil, en el juicio de amparo 316/2021.
Esta resolución ordena que no se desposea ni se perturbe al Club Campestre; que se resuelva si se quiere el proceso de expropiación (que lleva a cabo la Secretaría General de Gobierno), pero que no se publique ni se adjudique el inmueble a nadie hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo.
Juan Marcos Gutiérrez, abogado al frente del amparo 316/2021 y de la estrategia municipalista, dijo a ZETA que, con esta resolución, “Club Campestre de Tijuana queda protegido hasta que haya una resolución de fondo firme y pase por todas las instancias”.
Explicó que el juez concedió la suspensión definitiva por tres razones. La primera, la apariencia del buen derecho en que encontró que los argumentos de la defensa del Club Campestre son posiblemente razonables como para conceder el amparo y por eso lo protege.
De igual forma, que es muy probable que el procedimiento de expropiación (iniciado por el gobierno de Jaime Bonilla Valdez con la publicación de la Declaratoria de Utilidad Pública el 13 de abril) ha desestimado las facultades constitucionales y legales del Ayuntamiento de Tijuana en materia de desarrollo urbano. Esto porque antes de que el gobierno estatal publicara la Declaratoria de Utilidad Pública, debió haber procedimientos de uso, destino y afectación del suelo urbano, los cuales son competencia del Ayuntamiento.
Para concluir tales procedimientos debiendo ocurrir, no ocurrieron, y, si ocurrieron, tuvieron defectos porque no le permitieron al Club Campestre ser oído ni llamado a esos procedimientos, lo cual violaría el Artículo 14 de la Constitución Mexicana, según expuso el litigante a este Semanario.
Por último, el juez concedió la suspensión definitiva al considerar que el daño potencial que se le puede causar al Club Campestre de Tijuana y en general a la ciudad si no se otorgara esta suspensión definitiva, es aún más alto frente a la probabilidad de que el procedimiento expropiatorio es defectuoso.
Roberto Quijano, vocero de los socios del Club Campestre, recordó que el 6 de mayo, el juez federal ya había otorgado la suspensión provisional en la que si bien no se detiene el proceso expropiatorio “porque es de orden público y nadie lo puede detener”, la resolución del juzgador “sí detiene los efectos expropiatorios”.
En ese sentido, se recibió “bien” la suspensión definitiva, pero habrá que verla con la dimensión apropiada porque no resuelve el fondo del asunto, simplemente suspende de manera definitiva las cosas hasta en tanto se resuelva el asunto en el fondo, lo cual podría suceder en tres o cuatro meses.
“Somos optimistas de que el juez debería otorgar el amparo, pero no acaba allí. La Secretaría General de Gobierno podría promover una serie de recursos en contra de dicha resolución”, advirtió.
Por otro lado, se espera que hoy viernes 18 de junio se reanuden los acercamientos entre el Club Campestre y el Gobierno del Estado “para llegar a algún acuerdo satisfactorio para el gobierno, los socios del Campestre y para la comunidad”.
Aunque no adelantó sobre las propuestas que se discuten en las reuniones, se está considerando la posibilidad de que el Club Campestre se haga cargo de algunas áreas verdes de la ciudad, “porque se ha hecho anteriormente”.
Sin embargo, “no podría decir ahorita que vamos a tomar cuáles o qué predios, y se van a mantener o los vamos a adoptar; es algo que tiene que planearse” y requiere de una coordinación con las autoridades municipales, que son las que tienen al cuidado los jardines de la ciudad.
Actualmente hay tres procesos vigentes en cuanto a la intención de expropiación del gobierno estatal. Uno es el expropiatorio, de carácter administrativo, que se lleva a cabo en la Secretaría General de Gobierno. El 6 de mayo, la defensa legal del Campestre impugnó la Declaratoria de Utilidad Pública con la que inició ese proceso, y a la fecha no hay resolución.
En segundo lugar, hay varios amparos promovidos por el Club Campestre y algunos vecinos y comerciantes de la zona porque la notificación que se publica, señala coordenadas que incluyen ciertas propiedades aledañas al Club Social y Deportivo, las cuales también se verían afectadas.
El tercer proceso es un juicio de carácter civil interpuesto por el Gobierno del Estado, en el que está impugnando el título de propiedad del Club Campestre. Este asunto se encuentra en la etapa de ofrecimiento de pruebas, “estamos esperando acuerdos de admisión de ellas”, confirmó Quijano.
El Club Campestre de Tijuana concentra un predio de más de 50 hectáreas en el Bulevar Agua Caliente, una de las zonas de mayor plusvalía en la ciudad. Según estimaciones del gobierno morenista, expropiarlo y convertirlo en Complejo Interactivo Campestre costará mil 535 millones de pesos, de los cuales mil 230 corresponderían a indemnización y 305 millones a adecuaciones conforme al proyecto de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) y mantenimiento del lugar.
