Luego de omisiones de funcionarios, el Cabildo del XXIII Ayuntamiento de Tijuana aprobó pagar tres millones 530 mil pesos a la empresa Roma Food Enterprise de México, S.A. de C.V., para liquidar una deuda millonaria que el municipio mantenía desde administraciones pasadas.
En la sesión del 27 de mayo de 2021, la regidora Claudia Casas denunció que la deuda comenzó con un millón de pesos y que “se han pagado más de 350 millones”. Ello pese a que en el convenio firmado entre la administración de Juan Manuel Gastelum Buenrostro y la empresa, en apego a resoluciones judiciales, se estipuló un monto de 228 millones 185 mil 928 pesos.
De este monto, 30 millones se pagarían en 2018; otros 90 millones en diez parcialidades mensuales a lo largo de 2019. En ese mismo año, el Ayuntamiento vendería seis predios, y de no concretarse su comercialización, se le darían a la empresa para completar el resto de la deuda (108 millones 185 mil 928 pesos).
Aunque ese Convenio fue modificado al entrar el XXIII Ayuntamiento con Arturo González Cruz, persistió la desincorporación de los inmuebles para ser vendidos y/o dados en pago a la empresa. No obstante, uno de ellos (identificado con el lote 9, de la manzana 60, de la colonia Hacienda el Colorado, con clave catastral PK-060-009), no pudo ser vendido ni dado en pago a Roma Food Enterprise, por encontrarse invadido y en litigio.
Por esa razón, el 15 de abril de 2021, Rafael Morales Cuevas, en su calidad de apoderado legal de la empresa, presentó ante la Consejería Jurídica una propuesta para que se le pagaran los 3.5 millones de pesos en lugar del predio, y quede así “definitivamente cumplido” el Convenio Modificatorio celebrado entre el Ayuntamiento y la empresa, del 18 de octubre de 2019.
A lo anterior, la administración de Karla Ruiz MacFarland accedió, y según regidores consultados, logró una reducción de 6.5 a 3.5 millones de pesos para finalmente zanjar el asunto.
Predios subvaluados
En entrevista con ZETA, el regidor José Cañada García acusó que el “robo millonario” no solo sucedió porque indebidamente Héctor Magaña Mosqueda, quien fungía como síndico procurador en la administración de Jorge Ramos (2007-2010), aceptó pagar la deuda que originalmente era del gobierno estatal al signar como deudor solidario, sino porque en la administración del también panista Juan Manuel Gastelum Buenrostro se subvaluaron los predios que se iban a vender o a dar en pago a la empresa.
El más subvaluado, dijo, fue el predio ubicado en el lote 5 (manzana 325 del Fraccionamiento Cuesta Blanca), que la anterior administración valoró en 18 millones 580 mil 329 pesos; pero en el Convenio Modificatorio de Arturo González Cruz el avalúo fue de 34 millones 962 mil 949 pesos.
Otro caso es el predio ubicado en el lote 11 (de la manzana 544, de la colonia Hacienda Casa Grande), que tuvo un avaluó inferior en más de 10 millones de pesos, ya que la administración de González Cruz lo valoró en 54 millones 484 mil 691 pesos.
Mientras que al predio también ubicado en el lote 5 (manzana 423, de la colonia Lomas de Terrabella), la pasada administración le dio un avalúo de 28 millones 396 mil 11 pesos, cuando en realidad tenía un valor de 33 millones 844 mil 533 pesos. En menor proporción, los predios de la colonia Zona Río Tercera Etapa y Puesta del Sol también tuvieron avalúos inferiores.
En tanto, el predio ubicado en la colonia Hacienda El Colorado, que no pudo ser vendido o entregado a Roma Food Enterprise por estar invadido, tuvo un avalúo inferior en 410 mil 879 pesos, expuso el regidor por el PT, quien reconoció que en el trienio de Jorge Astiazarán Orcí (en la que también fue regidor) tampoco hubo atención del tema.
Para Mónica Vega, desde que el gobierno de Gastelum Buenrostro signó con la empresa el Convenio, aceptando la deuda de 228 mdp, se observó que no solo los predios estaban valuados por debajo de su precio de mercado, sino que también se estipuló que si no se vendían, pasarían a la empresa con un precio menor en 30 por ciento. “Desde ese momento nos manifestamos en contra, porque advertíamos que era una negociación totalmente favorable a esta empresa”, añadió.
En entrevista por separado, el extesorero Ricardo Chavarría comentó a ZETA que la deuda no se atendió en el XIX, XX y XXI Ayuntamientos porque no se “puso un domicilio procesal” donde se le notificara al Ayuntamiento, condenándole en el expediente 1220/2009, y del juicio de amparo 176/2017.
Dijo que la administración de Gastelum Buenrostro conoció del tema el 6 de diciembre de 2016 y se litigó en tribunales dos años (mediante el Incidente de Nulidad de Actuaciones. el Recurso de Revocación y el Juicio de Amparo Indirecto); sin embargo, estos no prosperaron y terminaron con una resolución de un magistrado que “decía que teníamos tres días para pagar; de lo contrario era cárcel para el presidente, regidores y tesorero. Ya no se podía hacer nada”.
ZETA solicitó una entrevista con el Consejero Jurídico del XXIII Ayuntamiento. En respuesta, Comunicación Social manifestó que entregaría una tarjeta informativa, sin que ésta fuera concedida al cierre de edición. Igualmente, este Semanario buscó una entrevista con el representante de Roma Food Enterprise de México, quien señaló que no sería concedida
