Una ola de bajas a los que seguirá otra de demandas, es lo que se espera en los pasillos jurídicos del XXIII Ayuntamiento estos últimos meses que quedan de administración. Cuatro de las cesadas trabajaban para Carmen Salazar -ex contrincante del actual alcalde en la pasada elección-, quien lamenta la situación
El lunes 7 de junio, un día después de la elección intermedia en Baja California, donde el actual alcalde Armando Ayala Robles fue reelecto para administrar el XXIV Ayuntamiento de Ensenada, al menos nueve empleados del gobierno municipal recibieron una hoja de despido inmediato.
Aquí algunos de los nombres de los destituidos a los que ZETA tuvo acceso: Federico Luna Serrano, director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento; Erika Puga, subdirectora de Ecología; Eduardo Herbé Ortega, coordinador en Recaudación de Rentas y ex coordinador en Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat); el juez calificador Candelaria González; además de Zulema Nidya Martínez Beltrán, Nadia Lizette Aguilar Santini, Sara Luz y Dora Luz Jiménez Cruz, quienes fungían como empleados de la regidora con licencia Carmen Lidia Salazar Guerra, contendiente en la pasada elección por la presidencia municipal de Ensenada por Fuerza por México.
Al no recibir una justificación válida para su cese por parte de Oficialía Mayor, los empleados confirmaron que presentarán una demanda laboral en contra del XXIII Ayuntamiento de Ensenada por despido injustificado; la Tesorería deberá indemnizar con dinero del presupuesto.
La edil con licencia Carmen Salazar lamentó la situación de quienes trabajaban cerca de ella y quedaron fuera de la administración, calificándola como “venganza política” por contender en contra del proyecto de Ayala Robles.
El 11 de junio, el oficial mayor Juan Guillén Sánchez recibió un oficio bajo el número EMRA/122/2021 de la suplente de Carmen Salazar, de nombre Elsa Margarita Rodríguez Amao, para saber del estatus laboral de los cuatro empleados que anteriormente estaban en esa oficina.
Por el momento, la suplente no dispone de recursos económicos para operar, mucho menos personales para abrir la puerta de su oficina al público.
NO ES ASUNTO POLÍTICO: AYALA
En entrevista en la delegación El Sauzal, Armando Ayala Robles declaró que todas las áreas del gobierno municipal se van a ajustar, acción con la cual pretende una administración más eficiente.
De octubre de 2019 a junio de 2021, alrededor de 300 empleados han sido recortados de la administración, pero el alcalde ha preferido llamar “cambios” a los despidos que se avecinan.
“En el caso de las paramunicipales, todas se quedan con la gente que sí trabaja, y la que no, pues hay que hacer cambios”, expresaría.
Insistió en que su plan de reestructuración administrativa no se trata de recortes, sino de ajustes, e ironizó con la frase: “Vamos con Tokio”.
Sobre el despido del director de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Luna Serrano, quien fue sustituido por Yesenia Pelayo Heredia, que ha tenido distintos cargos desde el gobierno panista de César Mancillas Amador hasta el del priista Marco Novelo Osuna, aseguró se trata de mejorar.
“No es nada político ni contra nadie, solo él está atendiendo lo que la gente quiere”, opinó el presidente municipal.
Debido a que los despidos o cambios se traducen en demandas laborales y posteriormente en laudos firmes, cuando un juez obliga al gobierno a cumplir una sentencia, el alcalde tiene contemplada tal posibilidad.
Sin dar número exactos de la situación legal, demandas o laudos firmes, respondió que se han pagado los laudos poco a poco, y por eso es muy necesario tener un jurídico responsable, justo, que atienda todos los temas.
“No quiero que ningún regidor tenga problemas, ni ningún tesorero por no atender en tiempo y forma todos los procedimientos legales de los laudos”, continuó, para después -en afán de evadir la pregunta sobre los despidos- destacar cómo con acciones de austeridad, después de nueve años incrementaron el salario de elementos policías tanto activos como prejubilados y más de mil 050 elementos, lo que representa un impacto de 67 millones de pesos para el gobierno.
“Este dinero no lo teníamos previsto en el Presupuesto de Egresos de 2021, no obstante, estamos reforzando otras áreas de acuerdo con lo que el pueblo pide, como es la vigilancia, servicios y ordenamiento en nuestros espacios públicos”.
Ayala espera terminar con este proceso antes de octubre, una vez inicie el de entrega-recepción, y, aunque se trate de él mismo, debe cumplir con lo dictado en la Ley.
PRESIDENTE SOBREPASA FACULTADES
Carmen Salazar no ha descartado la posibilidad de promover una denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de género ante el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Los regidores tienen un presupuesto de 40 mil pesos mensuales asignados para el sostenimiento de cada equipo. Aun con este dinero aprobado por Cabildo para 2021, se llevaron a cabo los recortes en el área de Cabildo.
De acuerdo con el Artículo 206 del Reglamento de Administración Pública, se indica que los regidores tendrán la atribución de nombrar y remover al personal a su cargo, por lo que contarán con el apoyo humano técnico y material necesario para el auxilio de sus funciones de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del año que corresponda.
HISTORIAL DE DEMANDAS LABORALES
ZETA solicitó una actualización de la situación económica que enfrenta el gobierno municipal por la acumulación de laudos firmes, misma que fue rechazada por el nuevo Jurídico.
Sin embargo, documentos señalan que, a la llegada de Armando Ayala al poder, los Juzgados Séptimo, Noveno, Quinto y Octavo ya tenían demandado al Ayuntamiento por el incumplimiento de las órdenes por demanda laboral.
Hasta el 31 de diciembre de 2018, diez meses antes que Ayala asumiera el cargo como presidente municipal, el universo era de 500 expedientes municipales en proceso en los tribunales de Baja California, de los cuales 203 ya tenían laudo y 140 estaban firmes.
Es decir, el Ayuntamiento estaba obligado a pagarles o todo el Cabildo corre el riesgo de ser removido. Los 140 laudos condenatorios representan 150 millones de pesos, para lo cual el XXII Ayuntamiento intentó pedir un préstamo bancario, el cual les fue negado.
De acuerdo con declaraciones del ex alcalde Marco Novelo, como parte de su plan de austeridad para adelgazar la nómina prescindió de 360 empleados, y de ese total de despedidos, por lo menos 70 recurrieron a una demanda laboral para que les retribuyan el dinero de horas extra trabajadas, prestaciones, base sindical o reinstalación.
