Las acciones desbordadas de la Cuarta Transformación, no tienen forma ni respeto por las instituciones. Ha quedado claro que, tanto a nivel federal como en Baja California, se comportan como si el poder no fuera efímero y se amontonan contra cualquier cosa que muestra una señal de oposición.
Otro de los ejemplos ocurrió esta semana, cuando el Poder Ejecutivo se dio cuenta que el nombramiento de Vicenta Espinosa Martínez, secretaría de Honestidad y Función Pública, no es responsabilidad exclusivamente del gobernador Jaime Bonilla Valdez, sino que su posición debe ser ratificada por el Congreso del Estado a través de mayoría calificada.
El 5 de marzo, Espinosa presentó su renuncia formal ante el mandatario estatal; el documento en poder de CachanillaZ está firmado por el mandatario y el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, en el que además presentan a Maricarmen Álvarez Herrera como encargada de despacho de la institución.
La intención de Vicenta era contender en la elección interna de Morena en busca de la alcaldía de Tijuana, proceso en el que resultó ganadora la diputada con licencia Montserrat Caballero Ramírez. Espinosa Martínez regresó al cargo como secretaria el 5 de abril, hecho que hizo público a través de diversos medios de comunicación. Desde esa fecha ha realizado una serie de actos utilizando el poder del Estado, pero la realidad es que no tiene facultades para hacerlo.
El martes 4 de mayo, el Congreso del Estado analizó en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales -presidida por el diputado Juan Manuel Molina- la petición del mandatario estatal para nombrar a Vicenta Espinosa como funcionaria de la administración bonillista; el tema fue analizado el martes y subido el miércoles, por si quedaba duda de la urgencia por resolver su error. Y resulta que, tanto al equipo jurídico de Bonilla como del Congreso, se les olvidó que ese cargo requiere respaldo del Poder Legislativo.
No es la primera vez que cometen una pifia en torno a los nombramientos del Poder Ejecutivo, pues a finales de noviembre de 2019, Bonilla nombró a Laura Torres como secretaria del Bienestar en Baja California, luego de la abrupta salida de Cynthia Gissel García Soberanes a raíz de su involucramiento en el tema de los moches, donde presuntamente solicitó sobornos a cambio de contratos en el sector penitenciario.
En el caso también se involucró al ex oficial mayor Jesús Núñez Camacho, ahora titular del Sistema Penitenciario; y de Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno, a quien no le hicieron absolutamente nada.
Laura Torres fue designada por Bonilla, pero olvidaron que dicho cargo requería aval del Congreso, por lo que debieron efectuar una sesión extraordinaria de último momento -y de forma atrabancada- para formalizar su posición. Ha transcurrido más de año y medio desde que ocuparon el cargo y todavía siguen cometiendo errores verdaderamente inverosímiles.
SUBSIDIO
Por segundo año consecutivo, el Gobierno del Estado “olvidó” llevar a cabo el proceso administrativo para que Mexicali sea acreedor al subsidio de verano para el cobro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
El año pasado, Jaime Bonilla Valdez anunció el subsidio varios días después del primero de mayo y estuvo a punto de perderlo, pero gracias a la presión de los propios funcionarios de la Comisión, se obtuvo el recurso que aligera el pago de las altas tarifas.
Han pasado varios días y el Poder Ejecutivo volvió a retrasarse en uno de los temas más sentidos de los mexicalenses, pero bueno, como Bonilla ha venido escasas quince ocasiones en casi un año a la Capital del Estado, queda claro que es algo que no tiene en mente.
