Con más de 400 homicidios perpetrados en 2020 y casi 200 en lo que va del presente año, candidatos a la presidencia municipal de Ensenada reconocieron crisis de inseguridad, pero aportaron pocas soluciones, acciones concretas y estrategias claras orientadas a revertir el creciente índice delictivo.
Durante el segundo debate organizado por el Instituto Estatal Electoral de Baja California la noche del miércoles 19 de mayo, bajo los ejes temáticos de seguridad, justicia y combate a la corrupción, no se contó con la participación de los candidatos Carmen Salazar (Fuerza Por México) y el alcalde Armando Ayala Robles, quien faltó al encuentro de nuevo.
Por orden de aparición, Brenda Mendoza (PAN-PRI-PRD) dijo que la seguridad será un eje transversal en su gobierno, y de alzarse como triunfadora, fomentará la participación ciudadana mediante comités, instalación de mesas de rendición de cuentas y programas gratuitos culturales, artísticos y deportivos.
Asimismo, propuso aumentar la fuerza operativa de la Dirección de Seguridad Pública hasta con 300 elementos más -sin decir de dónde saldrá el recurso-, crear la figura de policía de reacción, bajar el nivel de escolaridad para los interesados en ingresar a las filas de la corporación, celebrar convenios con cámaras empresariales y llevar a cabo una reingeniería de la Policía y redistribuir el personal.
Olga Lelevier (PES) se pronunció por gestionar fondos con los diputados federales, implementar programas preventivos, atender a personas con trastornos mentales y destinar más agentes en zonas con mayor porcentaje de habitantes. Estuvo en contra de que los agentes municipales porten sus armas de cargo las 24 horas.
Estuvo de acuerdo en transmitir en vivo las sesiones de comisiones de Cabildo, revisar los contratos de personal y reducir el de confianza, así como hacer pública una lista de deudores de Impuesto Predial.
Por parte de Redes Sociales Progresistas (RSP), el candidato Félix Ojeda aseguró que se debe dignificar la labor de los agentes, otorgándoles seguros de vida, mejores salarios y herramientas; estuvo a favor de dejar armados a los policías cuando salen de sus turnos y propuso que las asociaciones de Policía presenten una terna para que, de esta, el Cabildo nombre al director de la dependencia y no sea alguien de fuera, impuesto por otro orden de gobierno.
Además, deslizó la necesidad de reestructurar la deuda, que ronda los 5 mil millones de pesos, bajar sueldos del personal para aportar a capital y reducir la nómina.
Antonia Casas, del Partido de Baja California (PBC), se decantó por colaborar con el sector empresarial a través de programas sociales, atender la prevención y cuestiones sociales. Pese a que poblados como Camalú y Bahía de los Ángeles ya forman parte del municipio de San Quintín, lamentó que no tengan los suficientes elementos de policía.
Al hablar de violencia contra la mujer, Elvira Romero (Movimiento Ciudadano) adelantó la reactivación de programas orientados al género femenino, al igual que las cámaras de seguridad en la ciudad.
Reconoció la necesidad de contar con más policías y aumentar el número de cadetes en la academia, gestionar fondos federales con los diputados, así como dignificar la labor de los agentes y escoger bien a los mandos de la corporación.
Por su parte, Rogelio Castro Segovia (independiente) propuso llevar a cabo una reestructuración interna de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, activar a los policías auxiliares y designar a un local como director de la corporación.
Entre sus proyectos, implementaría la policía de proximidad e incrementaría el número de agentes de zonas de mayor incidencia, además de reducir de 60 a 30 kilómetros por hora la velocidad máxima en el conocido como “Tramo de la Muerte”.
También reduciría la nómina, eliminaría direcciones que solo sirven “para colocar a los amigos del alcalde”, y buscaría que Sindicatura desempolve investigaciones archivadas.
