Hugo Salinas, presidente del clúster de Tecnologías de la Información en Baja California, señaló que la Ley de Telecomunicaciones -recién aprobada el 13 de abril- no va a proceder, ante la cantidad de amparos y quejas que se han interpuesto, por lo que afirmó que es cuestión de tiempo para que esa Ley se caiga.
El pasado 13 de abril, se aprobó en la Cámara del Senado (en lo general y particular) el dictamen para crear un padrón con los datos biométricos de los usuarios de celulares, que incluye el número de identificación oficial y otros documentos.
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Esto con el fin de combatir delitos en los cuales se hace uso de la telefonía celular, como las estafas, extorsiones, casos que la mayoría de las veces tienen origen en prisiones.
Al respecto, el titular del Clúster de Tecnologías de la Información comentó a ZETA que desde el inicio la ley estuvo mal estructurada, ya que la recolección de datos está a cargo del Instituto Federal de telecomunicaciones (Ifetel), cuando la autoridad la tiene el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
“Ifetel no tiene ninguna personalidad para capturar ni resguardar datos, eso le corresponde al INAI; entonces, para empezar, estás violentando la cadena de capacidades que debe tener cada órgano”, dijo en entrevista con este Semanario.
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Y, por otro lado, en cuanto a la cuestión de la seguridad personal, está por encima de la cuestión de seguridad pública, por lo que “por pretexto de una norma, no se puede violentar tu derecho”.
“Este tipo de reforma es represiva y autoritaria”, dijo Salinas, “tal como se ha instalado en países como República del Congo, Venezuela o Afganistán” añadió, ya que “si realmente se quiere progresar en materia de telecomunicaciones, deberían enfocarse en países como Estados Unidos, Canadá o Reino Unido”.
Asimismo, señaló que deberían de implementar un inhibidor de señal en las cárceles, con lo que disminuirían de manera considerable los delitos que quieren combatir, además que no hay personal capacitado para garantizar el resguardo de los datos personales.
Por otro lado, destacó que la ley es deficiente, pues no tomó en cuenta que al perder un celular o ser víctima de robo o asalto, si se comete un delito con éste, afectará al usuario registrado y no a quien realmente realizó el ilícito.
“¿Qué pasa si compran el celular en una tienda de conveniencia?, ¿quién te va a registrar? Estamos hablando de problemas técnicos, de inconsistencias constitucionales, de violación de garantías y, sobre todo, el objetivo que dicen conseguir no es más amplio que los derechos que te están vulnerando”, mencionó.
En cuanto al Clúster de Tecnologías de la Información, tomarán vías legales tanto a nivel personal como empresas, para trabajar con las controversias constitucionales, ya que la propuesta legislativa es tan débil que es fácil encontrar elementos para que se consiga un amparo.
“La ley no va a prosperar. A final de cuentas van a empezar a llegar las sentencias definitivas, las que van a empezar a confirmar y se van quedando precedentes”, finalizó.
