Seis meses en prisión y dos audiencias de formulación de imputación, de las cuales una duró más de 14 horas, tuvo que pasar el agente de la GESI, Carlo Emmanuel Herrero Soto, detenido en noviembre y acusado de secuestro agravado en contra de un empresario de Mexicali. Una nota anónima y un reconocimiento facial pésimamente ejecutado, fueron pruebas insuficientes para que la Fiscalía General del Estado mantuviera la acusación
Carlo Emmanuel Herrero Soto es el primero de los cinco agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) que logró derribar el endeble caso que la Fiscalía General del Estado les imputó por el delito de secuestro agravado, en contra de un empresario de Mexicali identificado solamente como ETG, para evitar agresiones o represalia.
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La noche del 6 de agosto de 2020, por lo menos ocho sujetos fuertemente armados y presuntamente vestidos con equipo táctico policial, interceptaron un vehículo tipo pick-up GMC Sierra de color blanco y reciente modelo, tripulado por el empresario y un trabajador, cuando estos transitaban sobre la carretera al Aeropuerto de Mexicali, luego de permanecer varias horas en su negocio ubicado en el rancho “Los Venados”, en los alrededores de la colonia Castro, al Oriente de la ciudad.
Los criminales despojaron a ETG de varios miles de dólares que llevaba entre sus pertenencias y lo obligaron a regresar al rancho, según consta en la declaración emitida ante el Ministerio Público. Lo golpearon y amenazaron para que les entregara más dinero, por lo que intimidaron a su pareja sentimental -que se encontraba en su vivienda- para que recolectara todo el dinero posible que tenía bajo resguardo en su domicilio.
La mujer recolectó cientos de miles de pesos y los dejó en un sitio cercano, donde fue recogido por los agresores. Sin embargo, no fue suficiente, por lo que le exigieron contactarse con otro familiar para pedirle más dinero, por lo que llamó a un pariente residente de Tijuana, al que obligaron a entregar otros miles de pesos en una maleta.
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En total, los criminales se agenciaron 1.5 millones de pesos aproximadamente, además de exigir un pago mensual de 50 mil pesos para “protegerlo”.
Los sujetos -según la denuncia- se identificaron como policías, hablaban en clave y se referían a uno de ellos como “Comandante”, además de tener un “acento chilango”, según lo referido en el expediente 0202/2020/24090, al que ZETA tuvo acceso.
Las indagatorias del caso fueron sumamente lentas y, el 4 de septiembre, nuevamente la víctima fue sorprendida por un grupo de policías cuando circulaba sobre Calzada Independencia, donde -supuestamente- reconoció a por lo menos dos de sus agresores; poco menos de tres semanas después, una nota pegada en el rancho “Los Venados” denunciaba de forma anónima a los agentes que presuntamente cometieron el crimen, por lo que se inició la indagatoria.
Son ocho los agentes presuntamente implicados en el secuestro, la Fiscalía General del Estado (FGE) solo giró cinco órdenes de aprehensión en contra de Carlo Emmanuel Herrero Soto -recién liberado-; Salvador Zepeda Solano, Jesús Alberto Castañeda Nario y Leonardo David Ornelas Barrios -recluidos en el Centro de Reinserción Social- y Saúl Cruz Rodríguez, actualmente prófugo de la justicia y con una suspensión definitiva obtenida por medio de un juicio de amparo que podría resolverse en próximas semanas.
“LO ESTÁN USANDO COMO DEPURACIÓN”: ELÍAS FLORES GALLEGOS
El abogado Elías Flores Gallegos representó a Carlo Emmanuel Herrero Soto. Tras 14 horas de audiencia, presentó 32 pruebas con las que finalmente convenció al juez Gerardo Aceves, de decretar auto de no vinculación a proceso.
Según lo referido por el jurista, su defensa se planteó en evidenciar los errores de la FGE en el proceso, y no en desacreditar que ocurrió el hecho delictivo, toda vez que -a su juicio- el delito se cometió, pero su representado no lo perpetró.
Entre sus pruebas evidenció con testimonios de la novia de Carlo, de un ingeniero de nombre Rebolledo y de otro amigo de nombre Cristian Jesús Olvera, con los que estuvo gran parte de esa noche.
También presentaron como prueba la información de las llamadas telefónicas realizadas ese día para establecer su ubicación y demostrar la distancia entre el origen de la comunicación y el sitio del crimen.
Flores Gallegos desacreditó el reconocimiento facial realizado por la FGE, al violar todos los procedimientos al presentar a su representado con personas con características totalmente ajenas a las suyas, aunado a que la descripción con la que pretenden señalarlo, discrepaba de su apariencia física.
Para empezar, se trataba de un comandante, cuando Carlo es policía tercero, pero además se le identificó como un hombre de 1.80 metros de altura, robusto y cacarizo, pese a que cuenta con una estatura media y no cuenta con cicatrices o marcas en su cara, lo cual fue confirmado por un médico del Issstecali solicitado para un análisis de su piel en la audiencia.
A su juicio, la FGE no hizo una investigación exhaustiva, pues enfocó toda su acusación en una carta que calificó como “denuncia anónima”, pero no exploró más evidencia que pudiera vincular a los agentes.
“La FGE dice que no los citó para no alertarnos, se trata de gente de tu corporación, cítalos, dales la oportunidad de que se defiendan, que no se cometa una injusticia; ellos decían que tendrían una coartada, pues claro que la van a tener. Una característica es que la mayoría estaba en su día de descanso y dos de vacaciones, se me hace raro que en esas condiciones decidan secuestrar a alguien”, refirió el abogado.
En opinión de Flores Gallegos, la FGE obstaculizó la investigación por parte de la defensa, a razón que testigos ofrecieron sus teléfonos celulares para extraer la información de los sistemas de mensajería y tener certeza de las conversaciones que sostuvieron con Carlo Emmanuel, pero les indicaron que no pudieron hacerlo debido a que su software “no era compatible” con teléfonos iPhone y Samsung.
NO ESTAMOS DE ACUERDO CON LA DECISIÓN: HIRAM SÁNCHEZ
El fiscal Hiram Sánchez Zamora declaró no estar de acuerdo con la decisión emitida por el Juez de Control, y anunció que la Fiscalía Especializada en el Delito de Secuestro, encabezada por Ricardo Iván Carpio, se encuentra trabajando para presentar suficientes elementos y apelar la decisión.
En entrevista para ZETA, el funcionario estatal aseveró que -a su juicio- existían suficientes evidencias para decretar la vinculación a proceso, toda vez que el estándar probatorio para obtenerlo es mínimo.
“Además del error, tenemos una investigación incompleta, debe seguir investigando, pero en todos los casos que estén implicados los policías, les den el voto de confianza. En estos casos, lo he visto mucho, la FGE acusa a sus elementos tanto de GESI como investigación y los están utilizando como depuración, pero en lugar de dejarlos fuera de la corporación, intentan encarcelarlos”, detalló Sánchez Zamora.
“Definitivamente no coincidimos con la determinación distinta a la que determinó un Juez de Control, y sustentado básicamente en los mismos datos de la carpeta de investigación, que había decretado la vinculación un juez diverso, de lo cual tampoco estamos de acuerdo”, expuso.
Aseguró que Carlo Emmanuel aún es imputable y, aunque se dice respetuoso de la decisión del juez, presentarán los recursos necesarios para defender su teoría del caso.
Respecto a los otros juicios de los agentes que se llevan de manera simultánea, indicó que permanecerán igual, pues, aunque se trata de la misma causa penal, la defensa y la etapa procesal entre los tres detenidos y el hoy liberado es diferente.
De hecho, los otros tres elementos de la GESI continúan en espera de la audiencia inicial, toda vez que se negó la apelación de la vinculación a proceso.
Sobre el caso de Cruz Rodríguez, actualmente prófugo de la justicia, si bien mantiene una suspensión definitiva, la realidad es que dicho procedimiento no defiende de la orden de aprehensión, al tratarse de un delito grave.
