Las representantes comerciales de Estados Unidos, Katherine Tai y de Canadá, Mary Ng, expresaron preocupación por los recientes cambios en materia energética hechos en México, como la reforma a las leyes de la Industria Eléctrica y a la de Hidrocarburos, que buscan reforzar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) frente a empresas privadas, contraviniendo así el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En una reunión virtual para abordar aspectos del T-MEC, y a unos días que se cumpla un año de su entrada en vigor, la funcionaria estadounidense urgió la necesidad “de una política energética que respete la inversión estadounidense”.
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Mientras que la ministra de Pequeñas Empresas, Promoción e Exportaciones y Comercio Internacional, expresó preocupación por las condiciones de inversión “especialmente en sectores energético y minero”.
La secretaria de Economía mexicana, Tatiana Clouthier (quien asistió a la reunión y ofreció una conferencia posterior), trató de minimizar los reclamos, al argumentar que no se trataba de un asunto generalizado.
“No hicieron un señalamiento per se del clima como tal de inversión, sino cuando nos presentaron el tema de electricidad y la Reforma Energética, fue tratado de una manera general”, sostuvo, para luego detallar que “Estados Unidos sí nos mencionó concretamente a una empresa, y lo que sí comentamos es que queríamos mayor información para que nuestros comentarios fueran llevados a la Secretaría de Energía”.
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En la conferencia del 17 de mayo, Clouthier reiteró que “no es una preocupación per se del Estado estadounidense versus el Estado mexicano”, sino la preocupación de una empresa, cuyo nombre no proporcionó.
En un comunicado, la administración del Presidente Joe Biden pidió “una política energética que respete la inversión estadounidense y sea consistente con los esfuerzos por resolver el cambio climático”, tras señalar cómo México incumple el T-MEC.
Otro tema que abordaron las representantes de EU y México, fue la implementación cabal de obligaciones ambientales y las disposiciones en materia laboral, por el que ambos gobiernos ya han intercambiado reclamos sobre violaciones a trabajadores.
