Transparencia, rendición de cuentas, ética, probidad, y participación ciudadana son características inherentes de una buena gestión pública. El servicio público no puede entenderse únicamente como un sistema de normas y procedimientos, también implica un conjunto de principios, premisas y valores que deben ser considerados y aplicados por todos los servidores públicos, independientemente de su nivel jerárquico, el orden de gobierno o el ámbito en el que se desempeñen.
En cuanto a la fiscalización superior, su responsabilidad es vigilar que los entes responsables del ejercicio del gasto, los ingresos y la deuda pública, cumplan con un ejercicio correcto y eficiente de sus responsabilidades, por supuesto, con eficiencia, eficacia, economía, integridad, transparencia, rendición de cuentas, sencillez y honradez; promuevan mecanismos adecuados que faciliten la participación ciudadana en el seguimiento y vigilancia del uso de los recursos.
La integridad, la ética y los valores en el gobierno son activos, para obtener mejores resultados, con mayor razón hoy que la crisis del desastre humano del coronavirus, continúa diezmando a la población mundial y tenemos que asegurar que los recursos públicos sean usados con eficiencia y sin desvíos.
En el foro que organizó hace dos días la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), sobre “Ética y probidad, un bien público para la creación de confianza”, señaló en la presentación del evento, que
“la ética y la probidad son baluartes del compromiso con los más altos valores del servicio público e influyen en la dinámica de la relación entre el Estado y la ciudadanía, así como en los procesos de producción de los bienes públicos”. Sobre esto se refirió el Dr. Nelson Shack Yalta, Contralor General del Perú y presidente de OLACEFS, quien, al hablar de la ética pública, señaló que las faltas de integridad generan un impacto en los costos de eficiencia en términos macroeconómicos, así como para las empresas y en la calidad de vida de la población en general.
En el evento también participamos el Dr. Edwin Salazar, Contralor General de Cuentas de Guatemala y presidente de la OCCEFS, así como el Magistrado Ricardo Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras y mi caso como titular de la ASF y miembro de las dos organizaciones de auditores superiores.
La transparencia y la rendición de cuentas son derechos ciudadanos que les permiten estar informados y evaluar, a partir de elementos objetivos, la gestión de quienes ejecutan los recursos públicos y los resultados de las políticas y programas diseñados para la atención de sus necesidades, con apego al interés general. Ello resalta la importancia de la ética y los valores en la función pública, su relación con la transparencia y la rendición de cuentas, así como la de la participación de los ciudadanos, como factores que contribuyen a fortalecer la confianza y la credibilidad en las instituciones públicas.
En materia de ética e integridad las Entidades de Fiscalización Superior, por el papel que desempeñamos en los procesos de transparencia y rendición de cuentas, estamos obligadas a asumir una posición de liderazgo, porque el éxito de nuestra labor no solo depende de nuestra capacidad técnica, también requerimos de la confianza ciudadana.
Una medida adicional que permite reconstruir y fortalecer la confianza en las instituciones públicas es la interacción, por vías institucionales, entre la ciudadanía y el Estado, por medio de procesos como la auditoría social, que permite a la gente revisar y monitorear la gestión de los recursos públicos y el desarrollo de proyectos y programas. Esta actividad representa la complementariedad entre la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. En la ASF existen testimonios de la evaluación de la misma. brunodavidpau@yahoo.com.mx
