Romafam, empresa de Manuel García Soto, director de Fisamex, habría triangulado el dinero que le pagó el gobierno de BC a otras compañías, una de estas denominada Fiscales del Agua Méx, la cual presuntamente el 7 de diciembre de 2020, recibió un pago de 162 millones de pesos. Se presentó denuncia ante la UIF
A las 12:51 horas del 3 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda que encabeza Santiago Nieto Castillo, recibió denuncia contra el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, entre otros funcionarios estatales, la empresa Fisamex y su director Manuel García Soto, por la presunta comisión del delito de lavado de dinero mediante el cobro ilícito de derechos de agua.
Según la denuncia interpuesta por María Guadalupe Jones Garay, candidata a la gubernatura por la alianza “Va por Baja California” y Héctor Osuna Jaime, ex candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano (2019), el “esquema delictivo” consistió en cobrar contribuciones inexistentes que no fueron determinadas de forma legal o fueron calculadas por encima de lo que corresponde a la Ley, cometiéndose presuntamente el delito de concusión.
“Al mismo tiempo, los servidores se coaligaron para impedir la aplicación de las leyes fiscales y el derecho de defensa de los particulares, habiendo hecho expresa esa intención la secretaria de ‘Honestidad’ del Gobierno del Estado, Vicenta Espinoza Martínez, al confesar públicamente que las ‘auditorías’ fueron encargadas a una empresa privada (Fisamex y/o Manuel García Soto), para evitar demandas contra el gobierno, es decir, cometieron delito de coalición de servidores públicos”, indica la denuncia.
De manera que el actuar de Fisamex y/o quien encabeza esa empresa, Manuel García Soto, también “raya” en el delito de usurpación de funciones, y el gobierno estatal habría pagado “sin justificación alguna en relación costo beneficio” a la empresa Romafam, SA de CV -constituida en octubre de 2018 por García Soto-, que recibió más de 278 millones de pesos de organismos operadores del agua de Tijuana, Mexicali y Ensenada.
“Misma persona (Manuel García Soto) que pudo haber incurrido en enriquecimiento ilícito y usurpación de funciones. Lo anterior, siendo que es de explorado derecho el que las facultades de auditoría, comprobación y cobro forzoso no son susceptibles de privatización ni concesión, lo que podría constituir los delitos de usurpación de funciones y peculado”, se lee en el documento.
La cantidad pagada a Romafam corresponde al 20% del recurso recaudado mediante dichas auditorías por el Estado, cuyo monto total asciende a más mil millones de pesos.
Por otro lado, Romafam habría triangulado casi el 100% de los recursos que le pagó el Gobierno del Estado (278 millones de pesos).
Según la denuncia, la empresa de Manuel García Soto pagó “en un solo día” (7 de diciembre de 2020) 162 millones de pesos a Fiscales del Agua Méx, SA de CV; empresa constituida en Tijuana dos meses antes, por el mismo Manuel García Soto y Karen Joanna García Lizárraga.
“Con lo cual, claramente se pusieron en circulación recursos cobrados ilícitamente por el gobierno estatal de Baja California, pagados también excesivamente y por ello en forma ilegal a Romafam S.A. de C.V, con propósitos claros de ocultamiento y dispersión”, acusa el documento al que ZETA tuvo acceso.
Adicionalmente, entre octubre y diciembre de 2020, Romafam pagó 63.8 millones de pesos a la empresa Salhec Grupo Constructor, SA de CV, creada el 28 de mayo de 2020 y cuyos socios son Wister Xavier Guevara Valenzuela y Héctor Manuel Sánchez López. “Es decir, la constituyeron sólo para recibir dinero de Romafam S.A. de C.V. y justificar ‘costos de operación’”, se acusa.
El lunes 3 de mayo, Guadalupe Jones Garay, candidata a la gubernatura por los partidos PAN, PRI y PRD, también presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia por concusión, coalición de servidores públicos, lavado de dinero, usurpación de funciones, más lo que resulte contra Jaime Bonilla Valdez, Salomón Faz Apodaca (secretario del Agua), Vicenta Espinosa Martínez (secretaria de la Honestidad y Función Pública) y Eliel Alejandro Vargas Pulido (director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana), entre otros funcionarios; así como contra Fisamex y/o su apoderado Manuel García Soto, manifestando argumentos similares a los esgrimidos en la denuncia ante la UIF.
VOLUNTAD POLÍTICA PODRÍA DEFINIR RUMBO DE DENUNCIAS
Una vez que la denuncia de Jones Garay y Héctor Osuna Jaime fue presentada ante la UIF, la institución deberá integrar una investigación, y, de encontrar elementos para proceder, tendría que presentar su denuncia contra quien resulte responsable ante la Fiscalía General de la República (FGR). Esto puede ocurrir en un plazo de hasta nueve años, señalaron especialistas consultados por ZETA.
“La UIF tiene facultades para revisar todas las transacciones y conocer hacia dónde se fue el recurso entregado a las empresas señaladas”, y concretar “la tipicidad del delito”, es decir, cómo ocurrió el delito de existir. Sin embargo, hacer la investigación “dependerá de voluntad política”, consideraron.
Más aún, en caso de que la UIF presentara una denuncia ante la FGR, la institución dirigida por Alejandro Gertz Manero tendría que revisar si hay elementos, y, en todo caso presentar denuncia contra el gobernador o quien resulte responsable.
Los abogados consultados previeron “poco probable” que la FGR presente una denuncia contra un mandatario emanado de Morena antes de 2024, al ser el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su opinión, es más viable que de perder las elecciones Morena en Baja California, la FGE investigue la usurpación de funciones en la que presuntamente habría incurrido Fisamex, ya que en varios juicios la empresa es señalada como “encargada de ordenar los cortes (de agua) o los bloqueos (de drenaje) para lograr obtener el pago de los adeudos reclamados, lo cual es improcedente”.
El miércoles 5 de mayo, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, reveló que el Presidente de la República le pidió no formular denuncias durante el actual proceso electoral, “López Obrador conmigo ha sido muy claro, de que no podemos generar denuncias que puedan leerse como una cuestión electoral”, o que la UIF esté siendo utilizada con fines políticos.
No obstante, la Unidad que titula cumplirá con la obligación de proporcionar información a la autoridad que así se lo requiera, afirmó el funcionario federal al participar en la conferencia “6 años de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.
ZETA solicitó una entrevista vía telefónica a Santiago Nieto Castillo para conocer más sobre la denuncia presentada por Jones Garay, sin que fuera concedida al cierre de edición.
De concretarse la investigación de la UIF por la denuncia de la candidata a la gubernatura de Baja California, el organismo sumaría dos expedientes contra Bonilla, ya que, según una columna del periodista Carlos Loret de Mola del 26 de noviembre de 2020, la UIF ya lo estaba investigando junto con los mandatarios de Tamaulipas y Morelos.
La investigación a Bonilla Valdez sería por “temas de bienes inmuebles en Baja California y al otro lado de la frontera”.
“FALSAS” ACUSACIONES DE JONES, DICE RODRÍGUEZ LOZANO
La senadora panista Gina Cruz acusó que el dinero recaudado por los organismos operadores del agua mediante “recibos locos” y las auditorías de Fisamex están yéndose a la campaña de la candidata de Morena, Marina del Pilar Ávila Olmedo, quien rechaza los señalamientos.
En tanto, Guadalupe Jones Garay calificó de “alarmante” la forma en cómo la autoridad y Fisamex han operado de “forma arbitraria”, “sin justificación” y “fuera de la Ley”, sometiendo al ciudadano a extorsiones e intimidaciones al retirarle medidores de agua sin previo aviso. “No podemos permitir que el Estado se nos vaya de las manos con cobros ilegales, con marcada corrupción y afectando al ciudadano”, afirmaría Jones.
Aunque la secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez, aparecía junto a Manuel García Soto los miércoles en las transmisiones del gobernador por Facebook, en las que se exhibía a presuntos deudores por derechos de agua, al solicitarle una entrevista sobre la denuncia de Jones Garay, aseguró no saber “nada del tema”, que le habían comentado sobre unas declaraciones, pero “no lo he revisado, no sé de qué se trata”, reiteró Espinosa.
Quien salió en defensa de Bonilla Valdez fue el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, calificando de “falsas” las acusaciones de Jones Garay y se subió al ring electoral al señalar que la candidata busca nichos de mercado de la agenda social, como la expropiación del Club Campestre de Tijuana, para tratar de obtener “atención mediática, porque no tiene propuestas para el ciudadano, no tiene una base social fuerte”.
Sin nombrar a Fisamex, el funcionario estatal recordó que la empresa que realiza las auditorías ya tenía un contrato con el gobierno de Baja California, y que la administración de Bonilla Valdez solo se lo mantuvo, al no haber un buen sistema de cobro de agua a las grandes empresas, “tanto así que ni el gobierno corrupto de ‘Kiko’ Vega confiaba en las anteriores comisiones del Agua, nosotros menos”.
Cabe señalar que el gobierno de Bonilla Valdez creó la Secretaría del Agua (que encabeza Salvador Faz Apodaca) y designó a nuevos directores de los organismos operadores del agua (CESPT, CESPTE, CESPM y CESPE), que cuentan con áreas de fiscalización y cobranza. No obstante, hasta el 30 de marzo de 2021, la administración de Jaime Bonilla Valdez había pagado 315 millones 883 mil 721.79 pesos a Fisamex. En ese lapso se habían “recuperado” mil 621 millones 546 mil 401 pesos al primer trimestre de 2021, que representan 26.38% del total dictaminado por la empresa y seguían en proceso 177 juicios de amparo.
A continuación, una breve cronología sobre los acontecimientos en torno a Fisamex y a su director, Manuel García Soto:
* En 2016, en calidad de administrador único de la empresa GC&M Dispositivos Economizadores de Agua, SA de CV, suscribió un contrato para vender e instalar reductores de agua en el Hospital de Mexicali y en la Clínica Palmas por un monto total de 62 mil 553 pesos.
* En 2018, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) signó contrato con Fisamex, siendo David Enrique Castañeda Ruiz representante legal de la empresa, la cual recibiría 25% del monto total recaudado por el gobierno; sin embargo, la administración panista nunca ejecutó dichas auditorías.
* En febrero de 2020, el Gobierno del Estado suscribió el contrato AD-SER-01-2020 -vigente hasta el 31 de diciembre del mismo año- con Manuel García Soto como director de Fisamex y representante de Romafam, SA de CV para realizar las auditorías por servicio de agua, obteniendo el 20% del monto recaudado por dichos dictámenes.
* En septiembre de 2020, Bonilla Valdez y Espinosa Martínez defienden a García Soto tras darse a conocer un video anónimo en el cual se ve al director de Fisamex consumiendo por nariz y boca una sustancia blanca, aparentemente cocaína.
* En diciembre de 2020, luego de ser víctima de un atentado en el que resultó lesionado, Manuel García Soto dejó de tener apariciones públicas.
