El Congreso de Baja California es uno de los más caros del país: un total de 670 mil pesos al mes es lo que percibe, entre dieta, apoyo social, gasto de comisiones y otros conceptos, los diputados locales reclamó el jueves 13 de mayo el sector patronal.
Lo anterior fue expuesto como parte del análisis realizado por el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Octavio Sandoval López, quien arremetió contra los legisladores que aprobaron y defendieron la “Ley Gandalla”, reforma constitucional que permite a los legisladores de la entidad buscar una reelección inmediata sin separarse del cargo.
En el análisis, el representante empresarial exhibió que las aportaciones se dividen de la siguiente manera:
*Apoyo social y apoyo para módulos: 350 mil pesos mensuales.
*Apoyo para presidir y ser miembro de una comisión: 100 mil pesos mensuales.
*Apoyo por ser miembro de una comisión: 50 mil pesos.
*Asesores: 80 mil pesos.
*Dieta: 90 mil pesos.
Esta distribución, expuesta por Sandoval López en una conferencia de prensa, fue el resultado de un estudio en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), donde compararon información de oficio disponible en la página de Internet.
Aseguró que este recurso demuestra los motivos por los que se refieren a ellos como “gandallas”, pues disponen de una sustancial cantidad de recursos para distribuir a su antojo, otorgándole una ventaja ante sus competidores.
Por su parte, el abogado Guillermo Rivera, aseveró que tras la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de “echar abajo” el referéndum de la “Ley Gandalla”, optaron por presentar un recurso de reconsideración, el cual tiene un número de expediente REC/423/2021.
Los argumentos expuestos fueron que la entidad cuenta con una libertad configurativa para determinar la aprobación de un acto constitucional, emprendido por el Poder Legislativo, en el propio beneficio de los diputados.
El abogado afiliado a Coparmex, comentó que se reunieron más de 65 mil firmas para promover el referéndum constitucional (por única vez en la historia), y solo confirmaron que no existe una Ley de Participación Ciudadana seria y funcional, por lo que no puede ser utilizada como una herramienta ciudadana.
Es por ello que también pretenden mejorar mecanismos de participación ciudadana a través de un marco jurídico fuerte, concluyeron.
