Fueron requeridas dos alertas de los Estados Unidos y un atentado en contra de una ambulancia, para que el fiscal Guillermo Ruiz Hernández entendiera que la situación de violencia en el Valle de Mexicali es un tema importante.
En 2020, la Capital del Estado registró una cifra histórica de homicidios, al superar los 200; parte importante se le adjudica a la pugna entre células de la delincuencia organizada y el narcomenudeo en la limítrofe del Valle y San Luis Río Colorado.
En agosto del mismo año -por primera vez en mucho tiempo-, en el Valle de Mexicali se detectó un comando armado circulando por las calles de terracería de las comunidades rurales, y aunque fue detenido uno de los tripulantes en otro incidente, las alertas de inseguridad comenzaron a gestarse.
Descuartizados, víctimas menores, convoyes de camionetas con sujetos fuertemente armados y con equipo táctico, e incluso cuerpos arrojados desde el cielo, fueron las múltiples alertas que emitieron los grupos de la delincuencia organizada, advirtiendo el conflicto que se avecinaba. Pero fue muy pobre la reacción del prestigioso abogado, ahora exhibido por sus carencias en torno a la creación de estrategias para la prevención y el combate a la inseguridad.
El lunes 26 de abril, se llevó a cabo una reunión de trabajo con mandos policíacos y militares de Sonora y Baja California, con la única intención de resolver la problemática de violencia que se vive en esta zona.
Después de varios meses de hechos violentos, hasta ese momento el fiscal tuvo una reacción a lo que ocurre en Mexicali, municipio que no registraba más de 150 asesinatos al año antes de que llegara la Cuarta Transformación, y que la responsabilidad de la política pública en materia de seguridad fuera enteramente de un fiscal todopoderoso, a cargo de una “Súper Fiscalía”.
Sin embargo, su reunión parece insuficiente y desfasada para atender la problemática que se registró en materia de seguridad en Mexicali, donde de enero a abril del año en curso, se documentaron 56 homicidios, cifra más alta que los 43 crímenes ocurridos en 2020, considerado el año más violento en la historia de la Capital bajacaliforniana.
Con más de veinte agentes asesinados en toda la entidad y con un estallido criminal en cuatro de los cinco municipios del Estado, es increíble que no haya cambios dentro de las corporaciones y fiscalías… o por lo menos un cambio de estrategia para el combate a la inseguridad.
LA MOVIDA DE ACOSTA FREGOSO
Como sabemos, el ex candidato a la gubernatura por el PRI, Enrique Acosta Fregoso, tiene una amistad muy cercana con el ex inquilino del complejo penitenciario de “El Hongo”, Jorge Hank Rhon, al grado que abandonó los intereses del Partido Revolucionario Institucional para apoyar la candidatura de su amigo en Encuentro Solidario.
Evidentemente esto tuvo como beneficio que la segunda regiduría en la presidencia municipal de Mexicali le fuera entregada a su esposa, la actual regidora con licencia Adriana López Quintero, quien durante el XXIII Ayuntamiento, fungió como edil representando al partido tricolor.
Lo curioso y que al parecer nadie identificó, es que su movimiento podría estar violando restricciones en materia electoral, máxime cuando la reelección a cargos de elección popular no puede hacerse de manera inmediata por otro partido.
Esto quiere decir que la candidatura a regidora de López Quintero, podría ser impugnada por cualquier partido político, e incluso, podría ser removida por incumplir con esta medida, ya que en estos momentos es edil con licencia representando al PRI, partido en el que ya no encontró espacio cuando se construyó la alianza “Va x Baja California”. Atentos, partidos, que ahí pueden meterle un gol al PES.
