No pocos candidatos de Morena en Baja California se han mostrado indiferentes con la agenda que se traza fuera de su entorno partidista. Es evidente que ciertas actividades, de carácter institucional o de otra índole, les resultan indistintas, si no es que intrascendentes. Ahí está el caso de los debates organizados por el Instituto Estatal Electoral, para los cargos de gobernador, alcalde y diputado local, con trece ausencias acumuladas por el partido en el poder, lo que equivale a faltar a casi la mitad de los 30 encuentros efectuados.
Otra muestra de desaire fue la renuencia de la candidata a la gubernatura, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a dar entrevista a por lo menos dos medios de comunicación (ZETA y La Jornada).
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La indiferencia atribuible a los perfiles de ese instituto político (hablando en términos generales) no es privativa del escenario bajacaliforniano.
Otro episodio de desdén, con el sello de Morena, fue la negativa de los candidatos a gobernador a participar en un ejercicio auspiciado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) para conocer las propuestas en materia de seguridad y justicia de los 107 contendientes al cargo (a renovarse en quince entidades federativas). A decir del director general de la organización civil, Francisco Rivas, ninguno de los aspirantes inscritos a la contienda por el partido oficial “quiso participar”.
Ello, por supuesto incluye a la abanderada en Baja California, entidad de la que el académico mencionó, vive “una terrible crisis”. De ahí que considerara inaceptable no tener un plan de combate a la inseguridad.
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En el curso de las campañas, Ávila Olmeda se ha pronunciado por reconstruir el tejido social a base del fomento a la cultura y en aras de “disminuir conductas criminales”. Además, propone incrementar el número de elementos policíacos, instalar cámaras de video vigilancia y judicializar las denuncias. Pese a contar con tales planteamientos, al final de cuentas, la mexicalense no los presentó ante el ONC.
Francisco Rivas, quien de 2005 a 2009 dirigió el Centro de Cultura de la Legalidad en Baja California, también deploró que el candidato en Sonora, Alfonso Durazo Montaño, a su vez haya desairado la solicitud expedida por el Observatorio. Subrayó que, en la entidad del Noroeste, “todos candidatos participaron, a excepción precisamente del ex secretario (federal) de Seguridad (y Protección Ciudadana). Asumió que “evidentemente no tiene nada que presentar” en ese rubro.
Aparte, desaprobó que en determinado momento Durazo haya dicho “que hoy ya la delincuencia organizada no controla el territorio, (cuando) es evidente que la delincuencia organizada controla como nunca la mayor parte del territorio nacional”. Advirtió que los cambios de administración traen consigo delitos de alto impacto y otros conflictos, por lo que juzgó fundamental tener “propuestas basadas en evidencia” para “mitigar los riesgos durante los primeros seis meses de gobierno”.
No obstante, 94 contendientes (incluidos los de Morena, así como los de Baja California en su totalidad) se negaron a compartir sus posturas en materia de seguridad y justicia.
“En el caso de los punteros (cuya mayoría es de Morena)”, semejante descortesía constituye “una omisión grave que puede ser indicativo de qué tipo de gobierno serían”, observó Rivas.
La propuesta presidencial
El director del Observatorio mencionó que, en 2018, tres de los entonces candidatos a la Presidencia de la República, entre ellos el hoy primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, accedieron a compartir sus planes contra la inseguridad, al igual que otros contendientes al cargo de gobernador.
Tratándose de los presidenciables, hubo “dos respuestas muy concretas”. En el caso particular de AMLO, finalmente, Francisco Rivas reveló: “Una de las peores propuestas fue precisamente la del actual Presidente, y eso nos explica por qué vamos tan mal en materia de seguridad y justicia”.
