El proyecto aprobado en 2018 estimaba una suma de 886 millones 853 mil 559 pesos y 27 centavos. El nuevo proyecto elaborado por el XIII Ayuntamiento de Armida Castro aprobó un monto total -solo para la desaladora- de 3 mil 539 millones 160 mil 279 pesos, a pagar durante 25 años de operación
El 30 de septiembre de 2020, fueron publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, los decretos 2731 y 2732, con los que se autoriza al Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de Los Cabos, llevar a cabo “el Proyecto para la construcción de una planta desaladora de agua de mar de 250 litros por segundo, que abastezca por un plazo de hasta 25 años agua en bloque mediante la desalación de agua de mar a la ciudad de Cabo San Lucas”.
Así también, “lleven a cabo el Proyecto de Acciones de Mejora Integral de la Gestión”.
Con ello se busca, a través de licitación pública, la construcción y mantenimiento de una planta desaladora para abastecer la necesidad imperante de agua potable.
El monto máximo autorizado para el proyecto fue validado por hasta 3 mil 965 millones 63 mil 931 pesos y 53 centavos más Impuesto al Valor Agregado (IVA), según el tabulador de precios a enero de 2020, que corresponde al monto total de la inversión y operación de la efectiva prestación de los servicios, incluyendo operación y mantenimiento, bajo la modalidad de proyecto de Asociación Público Privada.
El decreto pone en manifiesto que el OOMSAPAS de Los Cabos tenía hasta el 31 de diciembre de 2021 para formalizar los contratos, convenios y actos necesarios para licitar la obra, de otra manera la autorización quedará sin efecto.
Además, se abrogó el Decreto 2547, de fecha 28 de junio de 2018, obra que había sido aprobada para el XII Ayuntamiento de Los Cabos del panista Arturo de la Rosa Escalante.
En 2018, el Decreto del Cabildo dio un plazo máximo de ejecución hasta el 11 de diciembre de 2019, pero la entonces alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, solicitó una prórroga de 180 días, lo que llevó a que el proyecto se perdiera por negligencia.
De entrada, el proyecto aprobado en 2018 por el entonces alcalde estimaba una suma de 886 millones 853 mil 559 pesos y 27 centavos. El nuevo proyecto elaborado por el XIII Ayuntamiento de Armida Castro aprobó un monto total -solo para la desaladora- de 3 mil 539 millones 160 mil 279 pesos, a pagar durante 25 años de operación, casi cuatro veces el valor inicial.
En el punto aprobado por el Cabildo de 2018 de Arturo de la Rosa, consideraban la instalación de micromedidores, telemetría, sustitución de tomas domiciliarias, entre otros, a la par del servicio de la planta desaladora. En aquel entonces, aprobaron más de 444 millones de pesos, en tanto la nueva licitación considera más de mil 330 millones de pesos, el triple de lo ya convenido.
La construcción de la desaladora se publicó bajo el expediente APP-803008993-E6-200, fijando como fecha para dictaminar el fallo el 7 de mayo de 2021 al mediodía. La empresa galardonada en dicho acto fue el consorcio integrado por La Peninsular Compañía Constructora, SA de CV y Acciona Agua, SA de CV.
El consorcio ganador de la licitación pública pertenece al magnate Jorge Hank Rhon y su sobrino, Carlos Hank González, ya que La Peninsular Compañía Constructora es filial de Controladora Grupo Hermes, SA de CV. Compañía fundada por Carlos Hank González, padre de Jorge Hank y abuelo del empresario Carlos, que desarrolla actividades de construcción, energía, industria automotora, transporte y turísticas.
El OOMSAPAS de Los Cabos desechó las propuestas de las siguientes empresas:
* GS Inima Environment, SAU.
* Consorcio conformado por Sacyr Concesiones México, SA de CV; Sacyr Agua, SL; Indi Infraestructura, SA de CV y Regiomontana de Construcción y Servicios, SAPI de CV.
* FCC Aquila, SA y Aquila México, SA de CV.
Cabe resaltar que el comité técnico de evaluación de las propuestas, estuvo integrado principalmente por miembros del Gobierno Federal y del XIII Ayuntamiento de Los Cabos, ambos emanados de Morena, dando entrada libre a los Hank en Cabo San Lucas.
LICITACIÓN A MODO
La cancelación de la planta desaladora fue aprobada en junio de 2018 por el gobierno municipal del panista Arturo de la Rosa, en tanto la desaladora fue pausada por la administración de Armida Castro para colgarse la medalla en la campaña 2021, ahora con casi el cuádruple del costo inicial.
El proyecto ha sido entregado a uno de los constructores favoritos de Andrés Manuel López Obrador: la familia Hank, a quienes el Gobierno de México otorgó casi 7 mil 700 millones de pesos en contratos durante el ejercicio fiscal 2020, distribuidos en 24 contratos, los cual son públicos a través del portal Compranet.hacienda.gob.mx, solo por debajo de Grupo Carso de Carlos Slim y Mota-Engil, de capital portugués.
Lo cierto es que desde finales de 2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto puso a disposición del Ayuntamiento de Los Cabos 568 millones 609 mil pesos para la construcción de la planta desalinizadora y con ello resolver el desabasto de agua potable; dos años después se estableció el monto final en más de 844 millones de pesos, y actualmente llegó a más de 3 mil 300 millones en contratos a 25 años.
A continuación, las fechas del desarrollo de la licitación pública y el fallo:
2020
30 de septiembre. Publicación del decreto oficial de autorización.
27 de octubre. Publicación de la convocatoria APP-803008993-E6-200 en el Diario Oficial de la Federación, en Compranet y los periódicos El Heraldo de México y El Sudcaliforniano en Los Cabos, BCS.
4 de noviembre. Reunión informativa y visita al sitio del proyecto.
24 de noviembre. Junta de aclaraciones.
2021
15 enero. Segunda junta de aclaraciones.
12 de febrero. Tercera y última junta de aclaraciones.
12 de marzo. Acto de presentación de propuestas y apertura de la oferta técnica y la documentación requerida.
23 de abril. Acto de dictamen de las ofertas técnicas y apertura de las ofertas económicas.
7 de mayo. Fallo del concurso.
A los Hank se les abrió el camino cuando FCC Aqualia, SA y Aqualia México, SA de CV. El comité técnico de evaluación resolvió que las empresas resultaron no solventes, al no cumplir cabalmente con los requisitos señalados en la Sección 3.2, Acreditación de Personalidad del Concursante y la sección 12.5.1 de las bases del concurso.
Por su cuenta, GS Inima Environment fue descalificada al no cumplir con los requisitos solicitados como la metodología de la construcción componentes del proyecto tanque de entrega y el modelo de contrato APP. CC Aqualia y Aqualia México fueron nuevamente descartadas al haber presentado inconsistencias en su oferta técnica.
Al final, solo quedaron las ofertas económicas del Consorcio conformado por Sacyr Concesiones México, Sacyr Agua, Indi Infraestructura y Regiomontana de Construcción y Servicios, cuyo valor económico fue de 14 millones 836 mil 956 pesos de operación mensual.
Por obvias razones, el consorcio de los Hank conformado por La Peninsular Compañía Constructora y Acciona Agua, que presentó una oferta menor de 11 millones 797 mil 200 pesos de operación mensual, al final a los ciudadanos de Los Cabos le costará 3 mil 539 millones 160 mil 279 pesos durante 25 años.
El Gobierno Federal y el Ayuntamiento de Los Cabos jugaron políticamente con un derecho humano como es el del agua -Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, reteniendo la necesidad de los cabeños de 2018 a 2021 para dar a conocer la realización de una obra en plena campaña electoral.
LOS CÓMPLICES DEL SOBREPRECIO
El 28 de junio de 2018, el Congreso de Baja California Sur aprobó la construcción de la desaladora para el XII Ayuntamiento de Los Cabos, administrado por el panista Arturo de la Rosa Escalante; 17 votos a favor fueron suficientes para autorizar la obra.
“Para la construcción de una planta desaladora de agua de mar de 250 litros por segundo que abastezca por un plazo de hasta 25 años de agua en bloque a la población de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con el objeto de cubrir el déficit actual en la demanda de agua para los usos doméstico y no doméstico”, estableció la XIV Legislatura.
En una discusión acalorada entre legisladores por más de cuatro horas, “los representantes de Morena, Guadalupe Rojas; del PT, Camilo Torres y la independiente Rosa Delia Cota, mostraron su rechazo al dictamen por considerar que la figura de la Asociación Público Privada que soportará la construcción de la planta no es lo adecuado, dado que a los usuarios del servicio de agua con el tiempo les saldrá más caro el servicio que recibirán”.
Cota Montaño, diputada independiente es la secretaria general municipal del Ayuntamiento y Los Cabos, aprobando la construcción de una obra con cuatro veces su valor a través de la figura APP que tanto negaba que llegara a la comunidad cabeña y simplemente no se pronunció.
“El único objetivo es destinar miles de millones de pesos de los usuarios de esta planta a una empresa en particular. Se quiere aprovechar la oportunidad de otorgar un gran negocio de miles de millones de pesos durante un plazo de 25 años a una empresa particular”, reiteraría Rosa Delia Cota en 2018.
Otro de los aliados de Morena, el entonces diputado del Partido del Trabajo, Camilo Torres Mejía, expresó en su momento que es inmoral entregar una obra de gran calado a una empresa particular, ya que es poco confiable: “Hemos insistido que esta figura para crear infraestructura para resolver problemas sociales es poco confiable y que incluso puede ser una acción de gobierno legal, que no deja de ser inmoral”.
Guadalupe Rojas, ex diputada por Morena, fue cómplice del rechazo al derecho humano de los cabeños a recibir agua potable en 2018; en ese momento dijo que aceptar una APP es “prácticamente privatizar el agua en Los Cabos”, pero hoy no se alzaron las voces, incluso cuando el fallo es a favor de Jorge Hank Rhon.
Complicidad y culpa, en 2018 negaron el derecho humano de dar agua a los ciudadanos porque la obra la construiría una APP, pero hoy que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indica que así será, ninguno se pronunció en contra de la determinación que rechazaron hace tres años. Decisión en los que algunos incluso participaron.
EL COSTO INFLADO DE LA DESALADORA
El principal reclamo a los ahora servidores públicos en el gobierno de Morena, es que negaron la oportunidad de recibir agua potable hace más de dos años, además, el costo es mucho más de lo que había destinado en aquel entonces el XII Ayuntamiento de Los Cabos.
La actual administración municipal negó el acceso al agua, infló el precio y ni siquiera entregará la planta desaladora.
“En el punto de acuerdo presentado por la alcaldesa y que previamente autorizó la junta de Gobierno del OOMSAPAS Los Cabos por un monto total de 3 mil 965 millones 063 mil 931 pesos, más el Impuesto al Valor Agregado, dicho proyecto a 25 años; sin incluir el apoyo no recuperable de 669 millones 900 mil pesos por parte del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), es aquí donde las diferencias se exhiben diametralmente, ya que el monto del proyecto original (aprobado por la XII Administración) fue de 886 millones 853 mil 559 pesos. Con el nuevo proyecto los ciudadanos de Cabo San Lucas deberemos pagar durante 25 años un monto de 3 mil 295 millones 163 mil 931 pesos por concepto de agua potable, que resulta inviable financieramente”, denunció Jesús Flores, ex regidor del XII Ayuntamiento de Los Cabos.
El proyecto presentado por la actual administración es el mismo que se había aprobado hace casi tres años, y en 2018 los candidatos de Morena denunciaron un presupuesto fraudulento e inflado, cuando era de poco más de 800 millones.
Hoy, que la misma obra es de más de 3 mil millones, el silencio es su mayor aliado, nadie dice nada. Todo lo aprobaron desde el partido.
“El hubiera no existe, y menos cuando la grilla se mete en medio, y en esa reflexión, el engaño y el manejo absurdo, hipócrita y convenenciero del doble discurso, todo en relación al punto de acuerdo mediante el cual el XIII Ayuntamiento de Los Cabos aprobó el proyecto para la construcción de una planta desaladora de agua de mar, para ser presentado al Congreso del Estado, el proyecto ya estaba aprobado hace más de 24 meses por la XII administración y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur (BOGE) tras la aprobación de la Cámara de Diputados y que por grilla, insensibilidad e irresponsabilidad, Morena y sus candidatos enarbolaron como bandera de campaña, descalificándolo y denostándolo”, lanzó Flores.
Para el ex regidor de Los Cabos, el gobierno de Morena politizó el agua potable para capitalizarlo para la campaña electoral 2021 con una obra a la que solo le cambiaron el membrete, “ya como gobierno, niegan la posibilidad de dar continuidad al proyecto abortando el proceso, alegando se sometería a consulta y se definiría su suerte tal cual fuera innecesario llevarlo a cabo, ante la indispensable y elemental necesidad de llevar agua potable a los hogares sanluqueños. Ante la presión de una nueva visita del Presidente de la República, y no haber acatado su instrucción de darle luz verde a la construcción de la planta, se aprueba fast track el punto de acuerdo muy similar, casi igual al que años atrás había aprobado la XII administración, sometiéndolo tanto en la Junta de Gobierno del Organismo de Agua Potable Municipal y el Cabildo, y analizado, discutido y aprobado por diputados locales y publicado en el BOGE, con cambios irrelevantes en lo técnico, pero exorbitantes en lo financiero”, finalizó Jesús Flores.
