A una semana del día de la elección, de siete candidatos a la gubernatura en Baja California, solo una ha hecho pública su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, ante la organización ciudadana de consulta pública ObserBC.
Han pasado dos meses y Victoria Bentley Duarte, Guadalupe Jones Garay, Carlos Atilano Peña, Alcibíades García Lizardi y Jorge Hank Rhon, han evadido informar de sus posesiones para que los ciudadanos puedan conocer y tener un parámetro para vigilar que no usen el poder público y el erario para enriquecerse.
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El candidato constructor Jorge Ojeda García tampoco transparentó sus bienes, pero muy seguramente fue porque ya tenía el plan de declinar a favor de la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien a la fecha ha sido la única en presentar su 3de3, iniciativa ciudadana en la que organizaciones civiles apelan -porque no los pueden obligar- a la voluntad, honestidad y transparencia de los funcionarios, particularmente a los candidatos en época electoral
Les piden tres declaraciones: la patrimonial, respecto a cuánto tienen en dinero o bienes; la fiscal, que indica cómo contribuyen; y la de intereses, es decir, cuántos parientes tienen inmersos en la política o en cargos públicos.
El objetivo es vigilar y detectar el abuso de poder, el enriquecimiento ilícito, el favorecimiento propio, de un pariente, compadre o socio comercial, a través de contratos como proveedores o beneficiarios de recursos de programas gubernamentales.
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“Los conflictos de interés son aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él o ella, y la integridad de sus acciones, tienden a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, el cual frecuentemente es de tipo económico o personal.
“Es decir, una persona incurre en un conflicto de intereses cuando en vez de cumplir con lo debido, podría guiar sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero”, definición inscrita en la página de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, encabezado por la denominada Cuarta Transformación.
LEER AQUI:
http://www.obserbc.com/2021/03/26/obserbc3de3marinadelpilar/
En teoría y por Ley, los funcionarios están obligados a evitar cualquier acción financiera o política que comprometa su capacidad de gobernar con justicia, como los funcionarios bonillistas solicitando “moches” por más de 20 millones de pesos, prometiendo a empresarios que recibirían contratos. Investigación congelada en la que fueron mencionados como receptores del recurso, la ex secretaria de Integración y Bienestar Social, Cynthia Gissel García; Jesús Núñez Camacho, actual comisionado del Sistema Estatal Penitenciario; y el secretario de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano.
Y en lo federal, los millonarios contratos de Petróleos Mexicanos, cancelados con Felipa Obrador, prima del Presidente, Andrés Manuel López Obrador; o el hermano de este, José Ramiro, quien, siendo subsecretario de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos en Tabasco, recibió créditos de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural Forestal, mientras se les negaban a otros productores.
Sin embargo, es evidente que seis de siete candidatos a gobernador por Baja California le apuestan a la opacidad.
En su 3de3, Marina del Pilar informó haber percibido 580 mil pesos como funcionaria en un año, y que su cónyuge, Carlos Torres -abogado y asesor-, devengó un millón 200 mil pesos. Por el menaje de la casa en que vive, que ya justificó en el pasado, pagaron 6 millones de pesos con dinero de su mamá y está a nombre de la señora, y tiene un valor de 300 mil pesos. Su esposo tiene un departamento en Tijuana y un carro modelo 2019, ella no; a su nombre tiene una cuenta con 500 mil pesos o más, y otra con 100 mil pesos o menos.
También reportó que participa como administradora en algunas sociedades con sus parientes, aunque en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio solo está inscrita con la empresa de abarrotes Vida Orgánica Tijuana, S de RL de CV.
De los que decidieron no compartir su información con los votantes, en el mismo Registro Público ZETA encontró:
Jorge Hank tiene registradas 14 empresas: dos de bienes raíces, tres en el Estado de México; tres de telecomunicaciones, soluciones satelitales y tecnologías, y seis directamente relacionadas con sus casinos, las apuestas y la promoción.
De los negocios de apuestas en sus reportes ante Gobernación, el empresario registró pérdidas millonarias.
Bentley y Atilano poseen varias propiedades, y no está claro cuáles han vendido. Del Instituto Lupita Jones y su empresa Promocertamen, tampoco hay nada en los registros de Propiedad y Comercio.
Alcibíades García Lizardi inscribió en 2010, Grupo MVC Inmobiliario, S de RL de CV; en 2014, Grupo Magigas, S de RL, dedicado a la compra venta y transporte de gasolina y gasolineras y a los préstamos; y en 2017 inició Concrete Panels de México, SA de CV. Su hijo es socio en empresas operación, dirección, administración y explotación de toda clase de compañías y negocios relacionados con el ramo gastronómico.
En cuanto a Jorge Francisco Ojeda García, además de la inmobiliaria Grupo Aries, el candidato que oportunamente decidió cambiar de bando y apoyar a Morena, registró otras cuatro empresas que otorgan créditos y realizan otras actividades como proveedoras o socias de la primera.
Con estos antecedentes, es cuestión de poner lupa en la opacidad, se deben exigir declaraciones públicas también a los electos, la historia reciente ha dejado claro que los valores y la ética de los políticos mexicanos es bastante frágil y relajada, por eso la sociedad debe urgir la información que le permita poner candados para reducir la tentación de los funcionarios oportunistas.
Si como dice el refrán, “En arca abierta, el justo peca”, imagine el Lector los injustos.
