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viernes, febrero 16, 2024
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Avanza defensa del Campestre

Siguen las negociaciones entre Club Campestre y el gobierno, dice Bonilla. Apuesta porque “se caiga” suspensión provisional otorgada por un juez federal en un juicio de amparo presentado por la asociación del Club, el cual impugna declaratoria de Utilidad Pública, pese a que en Secretaría de Gobierno no querían recibirla

Un juez federal suspendió provisionalmente al gobierno de Jaime Bonilla Valdez, la posibilidad de publicar el acuerdo expropiatorio contra el Club Campestre de Tijuana, ejecutarlo y desposeer a la asociación civil que ostenta la propiedad del predio, ubicado sobre el Bulevar Agua Caliente.


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La resolución sobre el juicio de amparo bajo el número de expediente 316/2021, promovido por Fernando Cervantes Guajardo, apoderado legal del Club mediante el abogado Juan Marcos Gutiérrez, fue publicada ayer 6 de mayo en la página oficial del Poder Judicial.

En dicha determinación se indica que conforme a Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional tanto como una medida cautelar conservativa, como de tutela anticipada, para que las autoridades responsables se abstengan de ordenar y ejecutar en perjuicio de Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, Asociación Civil, “orden de desposesión, desalojo, lanzamiento, o cualquier acto que perturbe la posesión, uso y disfrute que dicha quejosa ostenta sobre el inmueble conocido públicamente como Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, Asociación Civil, identificado con la clave catastral AC-017-000”.

La suspensión provisional también se otorgó para que el inmueble descrito no sea rematado o adjudicado a favor de tercero alguno, y para que, ante el supuesto de que el procedimiento iniciado con la declaratoria de utilidad pública llegue a concluir con un acuerdo expropiatorio, este no sea publicado en el Periódico Oficial del Estado, hasta en tanto subsista la eficacia de la presente suspensión del acto reclamado.


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Sobre ello, en declaraciones a un medio local, el gobernador Jaime Bonilla Valdez reconoció la suspensión provisional y aventuró: “Se les va a caer, porque el problema que tienen los socios del Campestre es que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos mismos. De hecho, el enemigo número uno del Campestre es otro socio del Campestre, esa es la realidad. Nunca se ponen de acuerdo”.

Más adelante, matizó que su intención es que el club privado se socialice. “No se trata de quitárselos para que ellos no tengan participación. Lo que queremos es que sean ellos y los demás, que participan en esa parte tan importante”.

Roberto Quijano explicó que la suspensión provisional determinada por el juez federal no suspende el procedimiento de expropiación, pero sí los efectos que ocasionaría, como la desposesión, toma e invasión.

Según el abogado, el acercamiento entre ambas partes siempre ha estado “en el ánimo” de encontrar una solución, y confirmó que la administración de Bonilla lo propició. Esto es una vía que sigue junto con la otra, “que es la vía legal”, añadió, para luego asegurar que el Club Campestre no tiene adeudos de Impuesto Predial ni por servicio de agua, y es de “los pocos” campos de golf abierto al público.

“Tradicionalmente se han dado clases de natación, tenis” al público en general, además de haberse celebrado eventos sociales, como bodas y graduaciones.

 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL GOBIERNO, MAL DOCUMENTADO

Representantes legales del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, Asociación Civil, impugnaron ante la Secretaría General de Gobierno la Declaratoria de Utilidad Pública, con la que el gobierno de Baja California inició el proceso de expropiación del recinto recreativo.

La abogada Estela de León señaló que el expediente técnico del gobierno “está muy mal documentado, hay muchas inconsistencias”. Una de las más significativas, es que se están invadiendo otros bienes, otros predios, inclusive, “vemos a un colegio que está invadido con las coordenadas y con todo lo que se señala en la Declaratoria de Utilidad Pública, no nada más es el Club es el que se ve afectado, porque con el documento se daña el patrimonio de otras personas”, aseveró.

A decir de la litigante, el expediente de la autoridad está “muy incompleto”, y en el escrito de impugnación que presentó el Club Campestre se ofrecen “bastantes pruebas” con los que queda plenamente acreditada la propiedad por parte del Club.

La propiedad la adquiere el Club a través de una prescripción y hay varios documentos posteriores que lo demuestran, donde las sucesiones de Abelardo L. Rodríguez y Alfonso García, señalan de manera tácita como dueño al Club Campestre.

De León afirmó que el recurso fue interpuesto en tiempo, ya que el plazo vencía hoy viernes 7 de mayo, y denunció que en un inicio la dependencia a cargo de Amador Rodríguez Lozano no quería recibir el escrito mediante el cual se impugna la Declaratoria de Utilidad Pública (del 13 de abril de 2021), pero “al final de cuentas ya nos sellaron”.

“En principio decían que ahí no era, nos pasaban a otra parte, querían que lo presentáramos ante el Gobierno del Estado, pero quien lleva el procedimiento es la Secretaría General de Gobierno, y, por ende, nos tenía que recibir”, argumentó la abogada.

Una vez presentada la impugnación, deben desahogarse las pruebas presentadas, “son bastantes periciales, entonces, una vez que se desahoguen, se llevará a cabo una audiencia, pero ahorita vamos empezando el procedimiento”, expuso De León.

A principios de esta semana, vecinos del Club Campestre y trabajadores del mismo convocaron a sendas protestas. En la primera participaron alrededor de 500 personas, incluidos políticos que aseguraron ir en calidad de ciudadanos desprovistos de banderas partidistas; en tanto la segunda convocó a cerca de 200 trabajadores pertenecientes a las confederaciones Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la de Trabajadores de México (CTM).

Respecto a las protestas, el gobernador citó que los socios del Campestre “se habían visto mal” al no haber reunido ni siquiera al número de sus socios.

“Cuando haces una manifestación de ese tipo, te exhibes, te das cuenta que no está la ciudadanía. Y alguien me preguntaba. Yo no vi a nadie de la colonia ‘Pancho’ Villa, de la Libertad y busqué. Todos era puros fifís”, expresaría el titular del Poder Ejecutivo estatal. (Con información de Eduardo Villa Lugo)

Autor(a)

Julieta Aragón
Julieta Aragón
Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco. Cursé la maestría de Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y sigo en proceso de tesis. Soy reportera de ZETA desde 2017.
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