El Cabildo del XXIII Ayuntamiento de Tijuana aprobó por unanimidad pagar, mediante transferencia electrónica o cheque certificado, 3 millones 530 mil pesos para liquidar la deuda millonaria que el municipio mantenía desde pasadas administraciones con la empresa Roma Food Enterprise de México S.A. de C.V.
El dictamen -avalado en la sesión extraordinaria de este 27 de mayo de 2021- también instruye a la Consejería Jurídica y a la Oficialía Mayor realizar las acciones necesarias para la incorporación del bien inmueble identificado con el lote 9, de la manzana 60, de la colonia Hacienda el Colorado, con clave catastral PK-060-009 al régimen del dominio público.
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Durante la sesión, Mónica Juliana Vega Aguirre indicó que si bien votaba a favor es un tema “que a los que amamos la ciudad nos duele y enoja”, porque es un tema que se viene arrastrando de un juicio por el que de manera intransigente un síndico procurador se atrevió a signar papeles como deudor solidario de una denuncia que estaba presentando un particular por un monto de un millón de pesos.
Acusó que por omisiones de distintos funcionarios de todos los Ayuntamientos que siguieron, la administración pasada (de Juan Manuel Gastelum Buenrostro) hizo una negociación dejando en desventaja a los tijuanenses al aceptar una deuda por casi 230 millones de pesos. Dinero “que pudo y debió haberse invertido en infraestructura terminó en los bolsillos de un tijuanense, desde mi punto de vista irresponsable, y con la complacencia de funcionarios de distintos Ayuntamientos empezando por el XIX y terminando con el XXII”.
Los antecedentes de la millonaria deuda que quedará saldada luego de la aprobación de hoy del Cabildo se remontan a 1995 cuando Ángel Fernández Quintana, padre de Mauricio Fernández Margain, celebró un contrato de promesa de compraventa con el gobierno del Estado de Baja California para adquirir un predio de más de 118 mil metros cuadrados, ubicado sobre el Libramiento Rosas Magallón.
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Debido a que el Congreso local no autorizó la venta y el gobierno estatal no regresó el millón de pesos que Fernández Quintana había dado como anticipo, en 2009 su hijo, Mauricio Fernández Margain, (quien es ex socio de Jorge Ramos -actual candidato a presidente municipal de Tijuana por la coalición “Va por Baja California”-) interpuso una demanda civil.
Como ZETA lo informó en enero de 2019, durante la administración de Jorge Ramos (2010) y en el mismo año que Fernández Margain y el político crearon una empresa juntos, el gobierno municipal aceptó pagar el adeudo con intereses al empresario, pero éste no reclamó el pago inmediato.
En 2017, Fernández Margain obtuvo resolución a su favor en un juicio de amparo, en el cual se ordenó al Ayuntamiento de Tijuana pagar 228 millones de pesos. En octubre de 2018, el entonces presidente municipal Juan Manuel Gastelum Buenrostro llegó a un acuerdo con Fernández Margain e inició la venta de terrenos para poder pagar la millonaria deuda.
En su intervención la procuradora síndica María del Carmen Espinoza señaló que en su momento había instruido a la Dirección de Investigación para que recabara los medios de prueba para esclarecer los hechos e hiciera el informe de presunta responsabilidad administrativa, el cual ya fue turnado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas, para que en su momento emita su resolución.
“Da pena que servidores públicos en administraciones pasadas fueran omisos al no atender una deuda de un millón de pesos y dejar que creciera más de 228 millones de pesos. Para mí como servidora pública y encargada del Órgano de Control Interno fue desconcertante después ver a estos personajes incluidos en el área más importante que tiene la defensa del Ayuntamiento, que es la Defensoría Jurídica”.
“Es por eso que siempre hice del conocimiento que estas personas que habían sido omisas estaban permaneciendo en la administración de Arturo González. Estos fueron los causantes de haber sido omisos y de haber hecho crecer esta deuda. Vergüenza deberían tener estas personas que en su momento estuvieron en la Consejería Jurídica y ahora están involucrados en este tema”, manifestó.
En su oportunidad, el regidor José Refugio Cañada García politizó aún más el tema diciendo que “un problema que debió ser tomado y defendido en tiempo y forma desde su inicio, desde su raíz, en la décima novena administración de Tijuana a cargo del entonces alcalde Jorge Ramos Hernández hoy que nuevamente pretende gobernar, derivado de del descuido y omisión de su mala administración” es que hasta el día de hoy la presente administración está luchando para darle solución a ese problema.
“Hoy hago notar el vergonzoso actuar de los que entonces fueron funcionarios municipales que permitieron que esa omisión llegara a una enorme e injusta cantidad de adeudo”, sentenció, para luego añadir que no se puede permitir que las arcas municipales queden en manos de personas que olvidan la esencia de lo que es servir a la ciudad.
“Deberían tener vergüenza, vergüenza estas personas, y estos que andan hoy pretendiendo gobernar nuevamente y no cobrar esos 3 millones 530 mil pesos que pretenden cobrar, creo que les debería vergüenza y no presentarse a cobrar o dárselo a los tijuanenses que más lo necesitan”.
En otros temas, este jueves, el Cabildo también aprobó que se haga una inspección estructural del edificio del Palacio municipal junto con la revisión al estacionamiento adjunto -que ya se había aprobado anteriormente-Trabajos en los que participará el Colegio de Ingenieros de Tijuana.
Además, se aprobó la ampliación presupuestal por 11 millones 629 mil 850 pesos a Fondos Tijuana. Con ello, este organismo ejercerá un presupuesto total de 8 mil 442 millones 584 mil 367 pesos.
A decir de la regidora Edelmira Chamery Méndez estos recursos se irán a detonar proyectos estratégicos como el remozamiento del andador de Playas de Tijuana. Tendrá “un gran impacto” los murales y las bancas para que locales y extranjeros que visitan esa zona tengan una experiencia más agradable.
Otros temas aprobados fueron el reglamento para organizaciones de la sociedad civil, y el interno del DIF municipal.
