Se reveló que el hijo del candidato Ricardo Barroso tiene una concesión de 10 millones de litros de agua al año. De acuerdo con especialistas, esto destapa las prácticas inequitativas del reparto del recurso hídrico por falta de reformas
El único debate entre candidatos a la alcaldía de La Paz, detonó la primera confrontación que llegó a instituciones de justicia. La abanderada de Morena-PT, Milena Quiroga Romero, acusó públicamente a su contrincante de la alianza “Unidos Contigo”, Ricardo Barroso Agramont, de poner a nombre de su hijo, menor de edad, una concesión de 10 millones de litros de agua al año.
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Quiroga Romero recriminó a Barroso Agramont de tener posesión del aprovechamiento del agua que consume toda una colonia al año.
“Debemos dar prioridad al consumo de todos, no podemos permitir que se siga lucrando con nuestra agua, como el candidato priista Ricardo Barroso, quien a través de su hijo, menor de edad, pretende ocultar una concesión de 10 mil millones de litros de agua, el equivalente al agua necesaria para toda una colonia de La Paz para un año”, denunció en el debate organizado por el programa radiofónico “Panorama Informativo”.
La candidata hizo hincapié en la condición de estrés hídrico que enfrenta La Paz, además de que se fuga el 30% del agua por las deficiencias en la red de distribución.
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En réplica, el abanderado de “Unidos Contigo” afirmó que su contrincante recurrió a la denostación para golpearlo. Argumentó que la concesión que tiene su hijo fue cedida por sus tíos, quienes se dedicaron a la agricultura a lo largo de su vida.
“Lamentable que la desesperación de verse perdidos, los orille a mentir e involucrar a un niño. Más respeto y seriedad. Solicito a las autoridades correspondientes, así como al enlace del Gobierno Federal, aclare la filtración de documentación oficial en beneficio de Morena”, manifestó a través de redes sociales al terminar el debate.
El conflicto se elevó cuando, por medio de sus representantes jurídicos, Barroso interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PJGE) en contra de Milena Quiroga, con el argumento de que esta incurrió en violaciones al Código Penal y a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Juan Alberto Valdivia Alvarado, coordinador de campaña de Barroso Agramont, declaró que filtrar documentos con datos de un menor de edad vulnera de manera franca el derecho a la intimidad.
En respuesta, la candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia” espetó que “hablar con la verdad no es un delito”, e insistió en que Ricardo Barroso debe una explicación a la ciudadanía respecto a cómo se compromete a abastecer de agua potable, cuando posee una autorización para explotación de hasta 10 millones de litros al año.
Aseveró que ella no violentó la Ley y que sus señalamientos fueron directos contra el candidato y no hacia terceros, “están tratando de sesgar una realidad para no dar una explicación a la gente, del por qué han tenido acaparada el agua; el agua no debe ser para ellos ni para una familia en el poder, debe ser para la gente”.
Los partidos que conforman la alianza levantaron tendencias en la agenda diaria para reprobar la acción de Quiroga, bajo la premisa “Con los niños no”, sin embargo, otros sectores de la sociedad señalaron que esta estrategia desviaba la atención de otra problemática constante y que hoy se agrava ante el estrés hídrico: el acaparamiento legal del agua.
APROVECHAN MARCO LEGAL PARA ACAPARAR AGUA; URGE REFORMA: ESPECIALISTA
Luego que Ricardo Barroso Agramont publicara en su cuenta de Twitter los documentos que avalan la transmisión de la concesión, donde él y su esposa aparecen como representantes legales de su hijo, la discusión entre activistas, investigadores y asociaciones, se enfocó en lo que califican como debilidades de las leyes que permiten el acaparamiento de agua.
Felipe Morales, parte de la asociación civil Conciencia México y vocero del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, detalló que es una problemática local que está llegando a “un punto de descaro” por la poca transparencia de los procesos y la facilidad con que servidores públicos o integrantes de estructuras políticas obtienen esas autorizaciones.
“Estamos hablando de cantidades de agua bastante grandes, no estamos hablando de ni siquiera lo de un hotel. El agua que están acaparando por esta Ley, que se modificó en la época neoliberal, que benefició a las grandes corporaciones, con el tiempo ha devenido que también se reproduzca con ciertos actores locales, con poder político y poder económico. Aprendieron el caminito de cómo hacerse con esas concesiones”, observó.
Alerta de que, al igual que en otros estados de la República, estos perfiles lucran con el agua aprovechando el marco legal, al grado que hacen usufructo de las concesiones como si fueran una compañía refresquera en baja escala.
Recalcó que es necesario reformar la Ley Nacional de Aguas, ya que deja abierta la explotación del recurso hídrico a las grandes corporaciones, actividad lucrativa que comenzaron a reproducir los actores políticos bajo un esquema de acaparamiento.
“Soy muy claro como vocero del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida: ese tipo de prácticas tienen que acabar. Estamos totalmente convencidos de que, para que eso acabe, tiene que reformarse la Ley”, reiteró Morales.
“La Ley los avala, los ampara, pero no son correctas estas prácticas, ni mucho menos es correcto que, para que no salgan manchados sus nombres, se lo hereden a sus hijos y parientes que no tienen nada que ver con el tema del agua”, agregaría.
En la perspectiva de Morales, el discurso debe cambiar, como debe dejar de normalizarse la práctica de controlar el aprovechamiento de agua como si no se tratase de un recurso público.
“Uno de los efectos y de los síntomas del periodo neoliberal, es el cinismo de quienes se han beneficiado de este periodo, al decir que no tiene nada de malo porque la Ley lo permite”, dijo.
Recordó que hay comunidades en Los Cabos que tardan semanas en recibir un tandeo de agua, así como en La Paz, donde el Ayuntamiento es incapaz de satisfacer la necesidad de la población por falta de líquido.
Para concluir, profundizó que las prácticas de reparto inequitativo que la Ley permite, deben ser prioridad en la agenda legislativa ante la crisis del agua que ya inició desde hace años en Baja California Sur.
TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE LA CONCESIÓN FUE LEGAL: CONAGUA
Entre los debates que se abrieron tras hacerse pública la información sobre la autorización de uso y aprovechamiento del recurso vital, la opinión pública cuestionó si el hecho de que el hijo de Ricardo Barroso tuviera una concesión en su poder era un asunto legal.
El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Baja California Sur, Justo Cardoso García, aclaró que la transmisión de derechos, mediante la cual se dio poder y uso de 10 millones de litros de agua al año, se trató de un procedimiento legal.
Explicó que la entrega y transmisión de concesiones se rigen bajo las leyes de Aguas Nacionales, General de Bienes Nacionales, así como las federales de Derechos y de Procedimientos Administrativos.
Las leyes y reglamentos para otorgar concesiones aplican para toda la República Mexicana, ya que el agua y su disposición, son tema de orden público e interés social, por lo cual se debe regular la explotación, uso o aprovechamiento, distribución y control, así como la conservación de su cantidad y calidad.
En ese contexto, aseveró que el proceso de transmisión de derechos de la concesión se encuentra dentro del marco legal.
En 2018 se integró un expediente para la transferencia de la facultad de un volumen anual de 10 millares y, al tratarse de un menor de edad, los padres intervienen como representantes legales, según lo establecido en el Código Civil.
“Nosotros, desde el punto de vista legal, esto es permitido. La verdad es que por eso se dio esa concesión, que fue una transmisión de derechos”, argumentó el titular de la Conagua.
Para otorgar una concesión, la Comisión analiza todas las solicitudes que ingresan a las áreas correspondientes de la instancia. Los especialistas revisan temas de uso y disponibilidad del líquido en el acuífero o cuenca hidrológica.
No obstante, el director enfatizó que en estos momentos no está permitido autorizar concesiones nuevas para nadie en La Paz, debido a que los acuíferos del municipio se encuentran en estrés hídrico por sobreexplotación, “si alguien llega a pedir una nueva concesión, se la negamos, porque no podemos otorgar una sola gota de agua en una solicitud de carácter nuevo”, recalcó.
En el caso del hijo del candidato de “Unidos Contigo”, resumió que una vez que existen derechos reconocidos de uso y aprovechamiento de agua, las leyes permiten que los propietarios transmitan la concesión a personas que no tienen derechos reconocidos.
En esta situación, la concesión de los 10 millones de litros de agua no es una autorización que se haya otorgado en la última administración. Por lo tanto, se puede transmitir según la Ley de Aguas Nacionales.
De acuerdo con datos proporcionados por el director de la dependencia federal, en Baja California Sur existen 5 mil 123 títulos de concesión: 3 mil 256 de aguas subterráneas, mil 234 de aguas superficiales (manantiales, arroyos), 273 para ocupación de zonas federales, 264 de permisos de descargas residuales y 191 de extracción de materiales.
