Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción trabajan en condiciones adversas, en un contexto en que los conflictos legales del Congreso y el abandono del Poder Ejecutivo los desarma, restándoles presupuesto y capacidad para operar adecuadamente
Alma Cota, integrante del Comité de Participación Ciudadana, confirmó que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) se encuentra en una situación peor que la de 2020.
El año pasado, ya era catalogado como el ente con menos presupuesto en todo el país. A pesar de ello, para 2021 el recurso disminuyó en 500 mil pesos.
“Es parte de los estragos del conflicto del Congreso. Al no haber presupuesto aprobado en 2021, nos remite al último presupuesto, que es el de 2020, que fue de 3 millones 900 mil pesos. Ese año logramos un incremento mínimo que se había logrado, que fue de 500 mil pesos y este año no tendremos”, explicó Cota.
Lo anterior, debido a que el gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, vetó el Presupuesto de Egresos 2021 aprobado por las y los diputados del Congreso. Con esto, entró en vigor el presupuesto ejercido durante 2020.
“Seguimos siendo el que tiene menos presupuesto en el país, lo que más se ve afectado son los honorarios del Comité de Participación Ciudadana, nos quitaron a los honorarios, ya que no puedes dejar de pagar renta, no puedes dejar de pagar luz. Aquí se trata de los tipos de perfiles que quieres agregar a un Comité de Participación Ciudadana, saldrá una convocatoria para un nuevo integrante y ofreces la mitad de los honorarios que ofrecías el año pasado, ¿qué tipo de persona con la participación va a aplicar a la convocatoria si la oferta y la retribución es mínima?”, planteó.
Jorge Moore Valdivia, titular del Comité de Participación Ciudadana (CPC), recalcó que el Poder Ejecutivo tiene cierta obligación para proveer recursos para que el SEA opere adecuadamente, sin embargo, no se ha visto el interés.
Recae en el Congreso el Gobierno del Estado, ya que es el ente obligado para que el SEA opere de forma adecuada. Existe cierto tipo de situaciones que no han sido las que esperarían para trabajar y operar de forma.
Guillermo Lara, miembro del CPC del Sistema, señaló que a pesar de que el presupuesto ha disminuido y los problemas que ocasiona operar con pocos recursos, lograron crear -junto con la Secretaría Ejecutiva- la Política Estatal Anticorrupción.
“No es muy grato el sabor de boca, también se ve una falta de apoyo e interés del actual Gobierno del Estado, que no le interesa generar un presupuesto sustantivo. Los que estamos aquí presentes competimos en un proceso de selección, contamos con alta experiencia en el servicio público y privado, no es tan fácil encontrar ciudadanos que puedan dedicarse a esto; por esta circunstancia, estuvimos a punto de renunciar en bloque, es muy sombrío lo que resta este año, pero como tenemos ánimo de que esto siga, lucharemos. Trataremos de seguir adelante para poner en práctica la Política Estatal Anticorrupción”, compartió.
TRES AÑOS SIN FISCAL ANTICORRUPCIÓN
Alma Cota aclara que no solo es un tema de presupuesto. Han pasado tres años desde la creación del SEA y la actual legislatura del Congreso del Estado no ha lanzado siquiera la convocatoria para nombrar fiscal en la entidad.
Aunado a esto, las y los diputados no procuraron el proceso para que una Comisión de Selección elija al nuevo integrante del CPC, por lo que actualmente están operando con cuatro miembros en lugar de cinco.
Recordó que en 2020, diputados aprobaron una Ley para creación de fiscalías, la cual cambiaría el proceso de selección del titular del SEA; sin embargo, esta fue vetada por Carlos Mendoza Davis.
Por ello, la selección del fiscal debe proceder conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley Estatal Anticorrupción. No obstante, el Congreso no procedió con la convocatoria.
Guillermo Lara explicó que, fundamentado en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de Baja California Sur, para nombrar un fiscal, la Mesa Directiva del Congreso del Estado debe asignar una Comisión de Selección conformada por: un representante del Poder Judicial del Estado, el presidente del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción, un representante de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), un representante de la Asociación o Colegio de Abogados con mayor número de miembros y un representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Una vez integrada la Comisión de Selección, este órgano deberá emitir la convocatoria para los interesados a formar parte de la terna a ocupar el cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.
Para ser titular del SEA, los interesados deben cumplir ciertos requisitos, como haber cumplido 35 años de edad al día de la designación, tener título de licenciado en Derecho y haber ejercido profesionalmente como mínimo durante 10 años.
El integrante del CPC exhibió que en repetidas ocasiones se les solicitó a las y los diputados del Congreso del Estado que iniciaran el proceso para elegir un fiscal; sin embargo, las pugnas entre fracciones que llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), han retrasado aún más la designación.
Elide Salvatierra Ramírez, integrante del CPC, coincide en que la apatía por el combate a la corrupción se presenta en los tres niveles de gobierno. La falta de nombramiento de un fiscal y los recortes, son prueba de ello.
Afirmó que si en estos momentos se registra un delito en materia de corrupción, puede ser calificado, estudiado, analizado y sancionado como cualquier otro ilícito registrado en el Código Penal, “a final de cuentas, decimos que no les interesa, es muy evidente que nos hacen a un lado o que este tema no le conviene a nadie más que a los ciudadanos, estamos en un lado donde no tenemos elementos, no tenemos recursos y tenemos que hacer mucho con nada”.
Y sentenció:
“Todo viene quedando con un incumplimiento de las dependencias y el mismo Congreso. Es irresponsabilidad y desinterés. Es necesario el fiscal, se planeó la política con la estructura del sistema y el fiscal forma parte de ese sistema. Necesitamos el fiscal para que esto pueda caminar como debe ser, si no, no van a dar el resultado que debemos tener”.
No contar con un fiscal limita, mas no es una excusa para detener las investigaciones y sanciones a funcionarios y servidores públicos que incurran en estos delitos.
Recalcan que las instituciones que conforman el SEA, tales como Contraloría del Estado, Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAI), Auditoría Superior del Estado, Tribunal de Justicia Administrativa, entre otras, tienen herramientas legales y presupuestos más amplios para operar, investigar y sancionar a quienes delinquen en esta materia.
SIN PRESUPUESTO CREARON POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DE BCS
En un ambiente en el que pareciera que las acciones apuntan a desarmar un Sistema que debe vigilar y sancionar la corrupción en Baja California Sur, sin presupuesto alguno, integrantes del CPC y de la Secretaría Ejecutiva del SEA lograron crear el documento que organiza la lucha.
La Política Estatal Anticorrupción, aprobada el 16 de marzo de 2021 por el Comité Coordinador, es un documento que coordina a todas las instituciones que conforman el SEA, como Contraloría del Estado, ITAI, la Auditoría Superior del Estado y Tribunal de Justicia Administrativa para señalar, vigilar, prevenir y sancionar la corrupción.
“Es un documento que acabamos de terminar, lo iniciamos en agosto de 2020 y lo terminamos con la aprobación del comité coordinador en marzo de 2021. Surge de actos, actividades, foros de participación de la academia, con la sociedad en general, con la Contraloría y universidades de diferentes lugares”, comentó al respecto Jorge Moore, presidente del CPC.
Se aplicaron encuestas con veinte reactivos “para obtener la información en la política estatal de corrupción, para determinar o tomar decisiones más importantes en cuanto a la prevención, sanciones de los actos de corrupción; tenemos ese documento, con este sentaremos las bases para castigar la corrupción”, añadió.
El trabajo presenta un diagnóstico de la situación en el ámbito de la corrupción en BCS. Se habla de tráfico de influencias, soborno, peculado, uso privado de los bienes públicos, entre otros temas relvantes.
“Obviamente no es una Ley como tal, ya la tenemos, pero la Policía Anticorrupción sí marca la toma de decisiones sobre actos indebidos que se pueden dar y se canaliza a instancias correspondientes para un seguimiento oportuno y tener la sanción”, argumentó Moore.
En tanto, Alma Cota enfatizó que la construcción y aprobación de este documento se logró pese a la adversidad por los recortes presupuestales y en tiempo récord, en comparación a otros estados. En algunos, los Sistemas pagaron hasta millón y medio de pesos para elaborar su Política Anticorrupción.
No obstante, lamentó que, pese a la importancia del documento para la cultura de la legalidad en BCS, ni el gobernador o los legisladores se pronunciaron al respecto. Para los especialistas que integran el CPC, esto es una muestra del interés que tienen las autoridades gubernamentales hacia la lucha anticorrupción.
“Date una vuelta a las redes sociales del gobernador, de los 21 diputados, el 16 de marzo, cuando estuvo la Política Estatal Anticorrupción, no hubo felicitación ni menciones de ellos. No es una felicitación para el Comité de Participación Ciudadana, es para el Estado y lo que representa para Baja California Sur”, sostuvo la integrante del CPC, quien, por último, dio a conocer que quince entidades federativas restan por elaborar su Política Anticorrupción, pese a que cuentan con mayor presupuesto que el SEA sudcaliforniano.
