Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, “está al servicio de las minorías rapaces”, señaló, este miércoles 21 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que urgió una reforma al Poder Judicial.
“Entonces, eso es lo que están defendiendo y lo mismo de la defensa de los medios al servicio de estas minorías rapaces, es el caso de los jueces y magistrados y ministros, con honrosas excepciones, no vamos a generalizar. Este juez que otorga, así de rápido, amparo por lo de las tarjetas telefónicas a las empresas, es el mismo juez que ampara a las empresas eléctricas”, indicó el mandatario nacional.
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“Y yo soy muy respetuoso de la división y el equilibrio entre los poderes, la autonomía, la independencia de los poderes, pero sí hace falta una reforma en el Poder Judicial, urge una reforma en el Poder Judicial”, expresó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.
Por otra parte, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, tildó a Gómez Fierro de ser un “juez a modo” y que actuó de “manera frívola” al otorgar una suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).
“Un juez a modo, un juez de contentillo, sin todavía publicarse los lineamientos del IFETEL, ya otorgó de manera frívola una suspensión. Por quedar bien, confunde la geolocalización de la llamada con el sitio donde se encuentra el usuario. Este padrón es por la seguridad, es un juez a modo el que estamos señalando”, comentó, para luego decir que el Gobierno Federal únicamente busca velar por la seguridad de los ciudadanos con dicho Padrón.
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“El tema de los datos personales y biométricos, nosotros consideramos que con la huella digital sería suficiente, esto ya se usa en documentos oficiales también en los bancos y aplicaciones y tiendas departamentales. Las compañías telefónicas piden esos datos para la renta fija. Nosotros tenemos un modelo de seguridad”, explicó el funcionario federal.
“¿Por qué esta oposición tan fuerte? Porque hay quien defiende modelo de ventas, nosotros: un modelo de seguridad. Hay 155 países que tienen registro obligatorio de teléfono móvil, hablamos de países de diferente índole, como India, Japón, Alemania, Francia, Singapur, España, Perú, Argentina o Bélgica”, resaltó Mejía Berdeja.
Asimismo, el subsecretario de la SSPC explicó que nueve de cada 10 llamadas relacionadas con extorsiones se realizan desde celulares de prepago, mientras que en casos de secuestro se han documentado más de 20 números de esta índole utilizados por delincuentes para llamar a familiares. Además, junto a las armas decomisadas en operativos, es común encontrar tarjetas SIM de prepago utilizadas.
“Queremos que los delincuentes no se escuden en el anonimato, vamos a seguir defendiendo este padrón, que es por la seguridad, ojalá que hubiera jueces que defiendan al pueblo con esa celeridad”, reiteró Mejía Berdeja, durante la conferencia de prensa matutina presidencial.
JUEZ GÓMEZ FIERRO, QUE AMLO PIDE INVESTIGAR, PROTEGE AHORA A USUARIOS CONTRA PADRÓN DE TELEFONÍA MÓVIL
Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, otorgó, ayer martes 20 de abril, la primera suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), medida cautelar que tiene el efecto para que no se obligue a un usuario entregar sus datos personales y biométricos para registrar su línea telefónica o se le cancele su registro.
Dicho juez federal -que concedió la protección de la justicia al usuario Oscar González Abundis-, es el mismo que ha venido otorgando múltiples suspensiones contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), cuyas reformas fueron impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobadas por el Congreso de la Unión, debido a que consideró, puede afectar la competencia y la libre concurrencia, así como producir daños inminentes e irreparables al medio ambiente.
Gómez Fierro señaló que la entrega de datos “podría no ser idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos”, además de que puede afectar derechos humanos.
Asimismo, el juez federal consideró que el PANAUT tiene como finalidad crear una base de datos para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) pueda colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia, en asuntos relacionados con la comisión de delitos.
No obstante, Gómez Fierro dijo que no advierte una relación de “medio a fin” entre la entrega de datos personales (entre ellos los biométricos, como son las huellas digitales, el iris, el rostro o la retina, etcétera), como condición para tener una línea telefónica móvil y la investigación o persecución de los delitos.
“Dicho de otra manera, no se aprecia cómo es que la entrega de esos datos personales, como excepción al principio de su protección, podría influir de manera positiva en las actividades de seguridad pública que el Estado está obligado a desplegar”, señaló el juez federal.
“E, incluso, no se entiende en qué medida se podría ver favorecida la investigación y persecución del delito, pues la entrega de aquellos datos personales no constituye una condición necesaria para que las instancias respectivas investiguen más o mejor”, apuntó Gómez Fierro.
Estimó que la concesión de la suspensión provisional a González Abundis no provocará que las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia se vean obstaculizadas para desempeñar sus funciones dentro del marco constitucional y legal vigente.
Lo anterior, porque aún sin la existencia del PANAUT, el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) establece facultades para que dichas autoridades puedan solicitar a los concesionarios de telecomunicaciones la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentra relacionada con los hechos que se investigan, y la entrega de datos conservados.
“De conformidad con ese artículo, las autoridades investigadoras deben presentar su solicitud ante la autoridad judicial correspondiente, en la que se deben expresar: los equipos de comunicación móvil relacionados con los hechos que se investigan”, agregó el juez federal.
Así como “los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la localización geográfica en tiempo real o la entrega de los datos conservados; la duración; y, en su caso, la empresa autorizada o proveedora del servicio de telecomunicaciones a través del cual operan las líneas, números o aparatos que serán objeto de la medida”.
“Incluso, dicho artículo prevé situaciones excepcionales para que las autoridades investigadoras ordenen la localización geográfica en tiempo real o la entrega de datos conservados sin autorización judicial previa”, añadió Gómez Fierro.
Aunado a ello, el juez federal puntualizó que, si a los usuarios que no registren su línea telefónica móvil en el PANAUT, se les cancelará, por lo que es indudable que la norma incide en otros derechos, ya que su incumplimiento influiría en el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.
Además, el incumplimiento por parte de los usuarios repercutiría en el derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, reconocidos en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SENADO APRUEBA CREACIÓN DE PADRÓN DE USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL
El pasado 13 de abril, con el voto a favor de 54 legisladores de los partidos Morena, Revolucionario Institucional (PRI) y del Trabajo PT, así como 49 en contra de Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), de Movimiento Ciudadano (MC) y algunos priistas, así como 10 abstenciones, el Pleno del Senado avaló, en lo general, la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, mismo que tendrá acceso a datos biométricos de sus propietarios.
El dictamen de las comisiones unidas de Comunicaciones y Estudios Legislativos, reformó la Ley general de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para buscar que las autoridades tengan elementos para identificar la comisión de delitos.
Sin embargo, el bloque opositor, encabezado por el PAN, PRD y MC, anunció que agotarán todas las instancias legales, incluso, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para evitar que se obtengan los datos biométricos de los ciudadanos con acceso a servicio celular.
NO HAY NINGUNA INVESTIGACIÓN ABIERTA CONTRA EL JUEZ GÓMEZ FIERRO: ARTURO ZALDÍVAR
El pasado 19 de marzo, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) y presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), informó que no se había abierto, hasta ese momento, ninguna investigación contra el juez Gómez Fierro.
En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, Zaldívar Lelo de Larrea señaló que se está analizando la queja que envió el titular del Poder Ejecutivo Federal contra el juez Gómez Fierro, para revisar si hay elementos o no para realizar una investigación.
“Hasta este momento se no se abierto, está en análisis en el área respectiva del Consejo de la Judicatura Federal […] Es claro que estamos viviendo un momento de división de poderes. Si el poder Judicial estuviera sometido al Ejecutivo sería absurdo que el Presidente tuviera que salir públicamente a expresar su desacuerdo”, agregó el ministro.
“No es nada peculiar y diferente en el actuar con esta carta. Hasta este momento no se ha abierto ninguna investigación en contra de este juez”, comentó Zaldívar Lelo de Larrea, quien consideró, además, que la constitucionalidad de la nueva ley eléctrica probablemente terminará en la SCJN.
Por otra parte, el ministro presidente de la SCJN y del CJF, afirmó que la mayoría de los jueces federales son honestos, aunque reconoció que también hay casos de corrupción y que la misma se está combatiendo con “energía”.
MAGISTRADOS HABÍAN “CORREGIDO LA PLANA” A JUEZ GÓMEZ FIERRO, AFIRMA AMLO
El presidente López Obrador anunció el pasado 18 de marzo, que enviaría al CJF, una prueba contra la actuación de del juez Gómez Fierro, en la que 10 días antes los magistrados de circuito lo corrigieron por otra resolución.
Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional indicó dijo que Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico de la Presidencia, le informó que 10 días antes que el juez federal dictara las primera suspensiones contra la LIE, los magistrados de circuito “le habían corregido la plana”.
“Diez días antes de que el juez concediera la suspensión a una empresa particular sobre la reforma eléctrica, 10 días antes le habían corregido la plana a ese juez, los magistrados, en otro asunto parecido, observándole de que no podía conceder suspensión a quien no lo solicitaba, que solamente aplicaba para el que solicitaba la suspensión”, señaló el político tabasqueño.
“Es interesante porque lo que hizo este juez es generalizar su fallo, hacerlo extensivo, entonces vamos a enviar como complemento de pruebas al Consejo de la Judicatura, y esa resolución que fue resuelta por unanimidad, es decir, todos los magistrados, pero antes de que el juez resolviera sobre la Industria Eléctrica”, abundó el presidente.
“Los jueces de amparo no pueden ordenar directamente que sus existencias, la protección de sus derechos que no hayan acudido a su juicio de amparo”, leyó el titular del Poder Ejecutivo Federal, respecto a lo que supuestamente los magistrados de circuito le señalaron a Gómez Fierro.
“Y le modificaron la sentencia. Pero esto lo tiene que revisar la Judicatura […] Esto lo pongo porque se rasgan las vestiduras y hablando de que es una intromisión al Poder Judicial y que no debemos intervenir”, aseveró López Obrador.
