Personas que llevaban décadas viviendo en unas cuarterías de la Zona Norte, recientemente fueron desalojadas de manera violenta; sin embargo, varios de ellos han decidió defender sus hogares.
Asela Dionicia Velázquez, lideresa de colonos y comerciantes de la Zona Norte, lleva 33 años viviendo en las cuarterías ubicadas entre la Avenida Niños Héroes y la calle Michoacán, y explicó que el 5 de abril llegaron varias personas, sin ningún permiso, y los comenzaron a desalojar con violencia.
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Detalló que siempre le pagó una renta al presunto dueño, Rafael Morales Núñez, un ex policía municipal, quien tuvo que dejar la corporación por problemas con su vista; la relación era tan buena entre ambos que se hicieron compadres. La mujer calcula que pagó alrededor de 560 mil pesos en todo ese tiempo.
Pero la mañana del 5 de abril, sin ninguna advertencia, llegó un grupo de hombres con maquinaria y comenzaron a tumbar las casas; incluso a unas les prendieron fuego.
“Yo les dije ‘muéstrenme los papales’, yo agarré y les dije ‘muéstrenme los papeles que ya compraron aquí’; llegó una persona y me quiso pegar, me jaloneó, entonces un señor -vecino- se metió y lo golpearon a él”, exclamó la mujer de la tercera edad.
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El abogado Francisco Armenta Apodaca se hizo cargo de la defensa de los residentes al día siguiente. Logró evitar que las personas continuaran destruyendo las casas y acordaron que solamente estarían trabajando en una parte hasta que se determine quién se quedará con el lugar.
También acusó que elementos de la Policía Municipal de Tijuana estaban actuando de manera arbitraria, a favor de quienes estaban realizando el despojo.
“Platicamos con ellos, yo con el abogado del supuesto comprador, y llegamos a un acuerdo: espérate mientras dirimimos quién tiene los derechos de aquí. Los policías -municipales- están manifestándonos que no solo son empleados de Seguridad Pública… Que también son empleados de los señores Vicente y Miguel Brisuela, los que tienen el control de los bares de la Zona Norte”, aseguró el abogado de los residentes.
El litigante dijo que presentó un amparo para detener la obra, entregó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una querella ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por las amenazas de muerte que recibieron y acusó a los policías municipales ante Sindicatura Municipal.
Actualmente las más de 30 familias están en espera de saber si sus casas van a ser demolidas, y que las autoridades hagan algo al respecto.
Una de las personas (quien prefirió mantenerse en el anonimato) dijo que el predio era de sus abuelos y ha estado en la familia por 60 años, pero debido a que el ex policía es el hijo mayor, se sintió con el derecho de venderlo.
“Hizo todo a su manera, pensando que como es el hermano mayor… este patrimonio es de los abuelos, le dieron la carta poder por ser el mayor, pero realmente esta entestado todo el predio. Los abuelos no dejaron bien claro todo, pero él -Rafael Morales Núñez- arregló a su manera; pero la verdad hay más hermanos”, dijo el quejoso.
Fue consultado por ZETA Benigno Licea González, abogado litigante, quien mencionó que los procedimientos legales para despojar a personas de un predio son muy tardados, especialmente en los tiempos de COVID-19; además que si el despojo se hizo de manera violenta se está cometiendo un delito.
“Eso puede constituir en un delito que se llama despojo: si yo por la fuerza, sin un mandato de autoridad -entiéndase un Juez, una sentencia-, utilizando la violencia física o la violencia moral… ése es un delito que se sanciona con la pérdida de la libertad de las personas”, explicó el experto en materia jurídica.
