En noviembre de 2019, el primer mes de la administración de Jaime Bonilla Valdez, la Secretaría de Honestidad y Función Pública de Baja California, inició una investigación en la que se implicaba a tres funcionarios, de establecer un sistema de cobro de sobornos, en ese momento, estimada en alrededor de los 20 millones de pesos.
Los implicados fueron Cynthia Gissel García Soberanes quien fuera secretaria de Integración y Bienestar Social, Jesús Núñez Camacho quien ostentaba el cargo de Oficial Mayor, y el secretario General, Amador Rodríguez Lozano.
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De acuerdo a la denuncia, una vez que el gobernador delecto Jaime Bonilla anunció quienes ocuparían los cargos de primer nivel, los hombres y la mujer mencionados, solicitaron -y recibieron- aportaciones económicas, a cambio de comprometer la entrega de contratos gubernamentales con sus futuros proveedores.
Los sobornos se hicieron públicos y fueron exhibidos después 27 de septiembre de 2019, 36 días antes que los bonillistas tomarán posesión, porque Einar André Hernández Garza, quien se presentó como secretario particular García Soberanes, fue detenido en el retén militar de la Laguna Salada, porque llevaba 2 millones de pesos en efectivo dentro de un maletín, y 600 mil dólares en un lugar oculto la camioneta con matrícula G7FJ276. El hombre dijo que el dinero era del gobierno de Morena, llamaron a García su jefa, ella confirmó y dejaron a Hernández irse con el dinero.
Pero la información llegó a otros integrantes del gabinete quienes le reportaron a Bonilla, quien aseguró desconocer el hecho, y después declaró públicamente que ordenó una investigación a la Secretaría de Honestidad, misma que nunca avanzó.
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La indagatoria fue oficializada por la Fiscalía General del Estado en diciembre de 2019 con el testimonio de Rosendo Colorado García, quien laboraba con García Soberanes e hizo las veces de contacto de los funcionarios con los empresarios. Pero el Ministerio Público del Fuero Común congeló la carpeta en enero del 2020, y para abril del mismo año por “insuficiencia probatoria” sin avances, le dieron carpetazo, argumentando que la abrirán cuando tengan nuevos elementos.
En el inter, Cynthia Gissel García Soberanes fue removida y el gobernador Bonilla defendió al secretario Amador Rodríguez Lozano acusando una campaña negra. Núñez fue el único que en diciembre de 2019 solicitó una licencia temporal -que después se hizo definitiva-, para ser investigado, y en enero del 2020 anunció que buscaba esclarecer los señalamientos en su contra y que había solicitado un amparo.
En la denuncia contra los funcionarios, refieren los acuerdos hechos con el empresario Humberto Valadez García, “El Huevero”, quien Rosendo Colorado informó habría entregado 20 millones de pesos a cambio de convertirse en el proveedor de los desayunos escolares, y de los alimentos en los Centros de Readaptación Social (CERESO) de Baja California.
Ahora, poco más de 15 meses después, el viernes 2 de abril del 2021, el aun secretario Amador Rodríguez Lozano le toma posesión nuevamente a Jesús Núñez Camacho, esta vez como Comisionado del Sistema Penitenciario de Baja California, donde justo tiene la facultad de otorgar los contratos de alimentos a los CERESOs, justo el tema de corrupción en el que estuvo implicado.
Núñez Camacho se encargará de dirigir el sistema penitenciario de Baja California, pese a que no cuenta con experiencia en el sector, además de los señalamientos no aclarados.
