El negocio de Bonilla

“Ya están vendiendo hasta la visita conyugal”, confesó uno de los trabajadores de la Penitenciaría de Tijuana. “No hay medicamentos, tampoco están abastecidas las tiendas para los reos”. Específicamente, dijo, la comida es de mala calidad. Y lamentó: “Regresaron las prácticas que se habían erradicado”. El Sistema Estatal Penitenciario depende directamente de la oficina del gobernador, en este caso, todavía de Jaime Bonilla Valdez. Por tanto, fue él quien autorizó que Jesús Núñez Camacho, quien inicialmente se desempeñara como oficial mayor, pero no duró ni un mes en el cargo cuando en noviembre de 2019 renunció, al verse involucrado en el cobro de moches a empresarios de Mexicali a cambio de contratos de gobierno, fuese nombrado encargado del Sistema Estatal Penitenciario. Concretamente, para abastecerlo de alimentos. Los moches, en los cuales de acuerdo con un testigo de la transa, también se vinculó a la entonces secretaria de Desarrollo, Gissel García Soberanes y al secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, tenía lugar -consta en declaraciones oficiales no investigadas en la Fiscalía General del Estado- precisamente en las oficinas personales de Jesús Núñez, cuya familia, generosamente, cedió una parte del inmueble para que Rodríguez Lozano encabezara desde ahí la transición. Se habló entonces de por lo menos 26 millones de pesos que fueron a dar a manos de funcionarios. Pero Bonilla prefirió no investigar. O si lo hizo, exonerar. Como la cuerda se revienta por lo más delgado, dimitieron al gobierno García Soberanes y Núñez Camacho. Este último fue rescatado por el gobernador para encabezar el Sistema Estatal Penitenciario, establecer convenios y contratos de abastecimiento de medicamentos, de alimentos, de productos y servicios, todo aquello por lo que se le acusó de los moches. En los últimos días, se ha evidenciado la falta de capacidad de Núñez para titular esa área. No se le vio el martes 13 de abril en las inmediaciones del penal de Tijuana, donde ese día los reos armaron un motín, para quejarse por ¡bingo! la comida. Más de mil 500 convictos se amotinaron porque les dan de comer poco y de mala calidad. Pero de Núñez, nada, ni en los días posteriores Ni una declaración, ni una intervención, nada. Se ve que está ahí no para meter orden en los penales, sino para continuar con la entrega de contratos, que ya en una ocasión, le costó la renuncia, pero ahora se entiende, es de los protegidos de Bonilla, porque tardó 17 meses en volver a meterlo a la nómina, pero finalmente lo hizo. ¿Pues de cuánto será el negocio? Es pregunta sobre los contratos, no de los motines.