La Cámara de Diputados federal se alista a dictaminar la iniciativa que reformará la subcontratación en México, esquema laboral también conocido como outsourcing. Se prevé que el dictamen sea aprobado por la mayoría de Morena antes de que concluya el periodo de sesiones en San Lázaro, el próximo 30 de abril.
La iniciativa pretende modificar las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Infonavit, así como de los impuestos sobre la Renta y al Valor Agregado, y el Código Fiscal de la Federación, para permitir solo la subcontratación especializada y tener mayor regulación sobre la misma.
El lunes 5 de abril, gobierno, dirigentes sindicales y empresarios alcanzaron un acuerdo sobre las modificaciones al outsourcing y el reparto de utilidades, en aras de que la iniciativa presentada en noviembre de 2020 por el Presidente Andrés Manuel López Obrador sea modificada y aprobada por el Poder Legislativo.
Según un borrador del dictamen, se prohibirá la subcontratación de personal en el país, con lo que las personas contratadas por insourcing deberán ser adheridas a las nóminas de las empresas. De ser aprobada la iniciativa, solo se permitirá la subcontratación de servicios especializados que no formen parte de la actividad preponderante de las empresas. Las agencias de reclutamiento y capacitación podrán seguir operando.
Otra modificación es que la empresa o persona física que preste servicios u obras especializadas, deberá proporcionar cuatrimestralmente los contratos celebrados en dicho periodo. Además, se podrán deducir los pagos por subcontratación especializada siempre y cuando la prestadora del servicio esté registrada ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, trámite que deberá renovarse cada seis años.
Aunque parte de la Iniciativa Privada consideró que el acuerdo con el Gobierno Federal es mejor a la propuesta presidencial original, un estudio de Manpower Group prevé que no a todas las personas que trabajan bajo el esquema outsourcing serán contratadas como empleados de base. De los 4 millones 600 mil trabajadores subcontratados en el país, solo un millón 380 mil podrían ser contratados como base por las empresas. Mientras que 2 millones 760 mil pasarían a esquemas sin seguridad social y 460 mil se perderían o entrarían a esquemas de evasión.
