Expropiarlo costaría mil 500 millones de pesos, equivalentes al 20% del presupuesto de Tijuana
“Ha habido manipulación y alteración a las partidas registrales” del Club Campestre en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio para borrar su pasado histórico y de esa manera se ha intentado hacer dudosos sus derechos de propiedad en el intento de expropiación por parte del gobernador Jaime Bonilla, denunció Adolfo Solís Farías, abogado del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, Asociación Civil.
Publicidad
En conferencia de prensa, este 19 de abril de 2021, el litigante dijo que ya inició la defensa legal del Campestre en tribunales administrativos, y que la manipulación de partidas aparece un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Dichos actos ya fueron denunciados ante jueces federales.
“Se tienen identificadas a aquellas personas que realizaron la alteración y modificación de las partidas registrales, creando nuevas y borrando el pasado registral”, aseguró y agregó que además existen acciones judiciales por una violación a una suspensión determinada por jueces federales que habían impedido al gobierno estatal utilizar esa información manipulada, para un acto jurídico como la declaratoria de Utilidad Pública, del 13 de abril pasado.
Publicidad
“Si no garantizamos la propiedad entonces nos encontraremos expuestos a que cualquier funcionario, por decisión propia, decisión política o decisiones de partido cambie, manipule, elimine o cree nuevas partidas”, exponiendo a la sociedad completa a que su propiedad sea eliminada, afirmó Solís Farías.
“Tenemos alrededor de 208 parques en la ciudad que ni siquiera tienen un mantenimiento real, ni siquiera se han logrado conseguir los 308.4 mdp para su sostenimiento, mucho menos nos podríamos enfrentar a un gasto tan exponencial de lo que representa este Club”, donde el mantenimiento es de 60 millones de pesos al año.
Dejó entrever que con las modificaciones hechas a la Ley General de Bienes de Baja California del pasado 25 de enero, la apuesta del Gobierno de Baja California para expropiar el Club Campestre es que el lugar sea concesionado vía adjudicación directa, sin licitación. “Yo no sé cuál sea la intención, pero lo cierto es que este Club no se va a concesionar a nadie, no se va a entregar a nadie para su explotación, este Club no está destinado para la sociedad. Este club realmente se está buscando para el beneficio de una sola persona”.
En su oportunidad, Roberto Quijano representante de los socios y vocero del Club Campestre, indicó que la indemnización “deberá corresponder de acuerdo con los valores a mil 500 millones de pesos, eso corresponde a más del 20 por ciento del presupuesto de la ciudad de Tijuana, es lo que nos va a costar a los tijuanenses”.
Recalcó que el intento de expropiar el Campestre es “el intento infame de restringir las libertades. Hoy el gobierno del estado trata de restringir el derecho de propiedad y de uso de más de 70 años, es el primer paso de un estado totalitario”
“Este decreto huele, apesta a revancha política entre dos políticos. No huele a un reclamo social que sería justificable, sin embargo, sus diferencias señores políticos que las diriman en otra cancha, si quieren en un campo de béisbol en San Diego, más no en las canchas deportivas del Club Campestre”, manifestó.
Esto en alusión al conflicto entre el ex alcalde de Tijuana Arturo González Cruz y el mandatario estatal.
El presidente del Club Campestre Gastón Toledo afirmó que éste es un club apolítico, aunque haya personajes que han sido políticos. “Somos respetuosos y lo mejor para nosotros que la gente que llegue, sea la que mejor gobierne Tijuana y Baja California”
Rechazó que el Club Campestre sea una cantina como lo ha señalado reiteradamente el gobernador Jaime Bonilla Valdez, y se dijo en espera del apoyo de funcionarios de la administración estatal que son socios del Club.
“Mienten aquellos que afirman que no somos legítimos dueños, declaran falsamente los que aseguran que el Club Campestre tiene adeudos con el municipio, con las autoridades estatales y con las autoridades federales”, dijo mientras apuntaba una serie de libros y carpetas de archivo.
Apuntó que en la institución conviven más de 800 familias y genera 225 empleos directos y mil indirectos, y que está dispuesta a apoyar a generar áreas verdes en otras partes de la ciudad donde se requieren.
