Después de ser amedrentados con videos y narcomensajes, en tres operativos criminales, parejas de matones intentaron asesinar a cuatro elementos de la GESI. Autoridades de la Mesa de Coordinación contemplan el robo de droga y la captura de homicidas como móvil de los ataques, pero creen que las víctimas se están eligiendo de manera discrecional
Entre el 12 y el 21 de abril, criminales no identificados mataron a un elemento de la Agencia Estatal de Investigación y lesionaron a otros tres. Los cuatro laboran bajo el mando de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) y todos fueron atacados mientras llegaban o salían de sus casas en patrullas blancas oficiales.
José Sebastián Leyva Mariscal fue lesionado por bala el 12 de abril; a Omar Alpízar Muñoz lo asesinaron a balazos el 20 de abril, ambos en Tijuana. Eran compañeros en la Unidad de Desaparecidos. El primero había sido jefe de la Unidad de Homicidios y el segundo subjefe. En ese tiempo, entre 2015 y 2017, Alpízar fue acusado en repetidas ocasiones de actos de corrupción relacionados con su compadre y compañero Ricardo Izquierdo, incluido el robo de un cargamento de marihuana al Cártel Arellano Félix (CAF).
En cuanto a los agentes lesionados en Ensenada, Carlos Antonio Orozco y Cristian Armando Mouet Quiñonez, los investigadores asumen que el ataque iba dirigido al último, ya que se ejecutó en las inmediaciones de su domicilio y porque fue comandante de la Policía Ministerial en el puerto antes de ser removido en medio de “sospechas” y señalamientos por falta de resultados.
“Los ataques sí son por actos de corrupción, pero parece que los homicidas y a sus jefes no les importa la identidad o la responsabilidad que tengan los agentes baleados en esas acciones corruptas. Da la impresión que están tomando información que tenían de agentes que fueron jefes hace meses o años, a los que ya tenían ubicados en el pasado, y los atacan para usarlos como ejemplo”, expuso a ZETA un investigador integrado a la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California.
Estos atentados homicidas son la segunda parte de un ciclo de amenazas que las corporaciones bajacalifornianas recibieron entre el 31 de marzo y el 8 de abril, cuando criminales quemaron dos autopatrullas de la Fiscalía General de la República (FGR), una de la Fiscalía General del Estado (FGE) y publicaron un segundo video mostrando a delincuentes circulando en autos en las inmediaciones de la FGR, además de que colgaron o tiraron en vía pública siete narcomensajes.
“Dejen de estar recibiendo dinero del cartel de Sinaloa y el Cartel Arellano Félix, tenemos ubicados a más de 20 agentes de la FeGE (sic), GESI extinta PEP y GEO vaquitas locas de la Policía Municipal, les vamos a comenzar a pegar pinchi bola de ratas, si no se alinean uno por uno van a ir por ustedes…”, amenazaron los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) la noche del miércoles 31 de marzo, a través de un video publicado en Facebook y Twitter.
La advertencia mortal estaba dirigida contra del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, y varios jefes de primer y segundo nivel en las corporaciones de los tres órdenes de gobierno en el Estado.
De acuerdo con los primeros trabajos de Inteligencia de las fuerzas coordinadas, Alejandro Estrada Bañuelos “El Diablo”, Pedro Stanley Herrera Jelinek y “El Güero Tavo” y/o “El Güero Pecas”, operadores del CJNG, fueron los responsables de las primeras amenazas.
“Pero existe una posibilidad muy real de que matones del Cártel de Sinaloa hayan aprovechado para iniciar también una jornada de ataques contra las fuerzas de seguridad, y responsabilizar a los contrarios”, expuso uno de los jefes policiacos integrado a las Mesas de Seguridad.
los homicidas están grabados en video
COCAÍNA CORTADA QUE TERMINÓ EN TALCO
Los matones del CJNG están molestos porque el 25 de marzo, sus víctimas de secuestro Farrah Fresnedo, Heriberto Rosales, Víctor Tirado Zatarain y Jay Souptrasit Sayarath, fueron entregados a elementos del área de Delitos Patrimoniales de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), quienes nada tenían que ver en la indagatoria.
Los agentes fueron acompañados -presuntamente- por integrantes del Cártel de Sinaloa a bordo de camionetas negras, pero los sicarios de Sinaloa encolerizaron por un reciente robo de cocaína, del cual los jefes policiacos tuvieron conocimiento recientemente.
Se trata del cargamento asegurado por elementos de la GESI y reportado a través de un boletín por la FGE el 14 de marzo, cuando informaron la detención de “una mujer con 11 kilos de cocaína durante un recorrido preventivo”.
Detallaron que el 11 de marzo, en revisión precautoria, capturaron a la tijuanense Diana Ortiz Sánchez, de 27 años, conductora de una Jeep a la que previa denuncia, le encontraron once kilos de cocaína: uno en el descansa-brazos del carro y diez en una llanta de refacción.
Los agentes Luis Carrillo y Enrique Ruiz firmaron el Informe Policiaco Homologado, pero la tropa dio a conocer que los agentes aprehensores entregaron la droga a sus jefes.
Por las mismas fechas, varios titulares de área de la Mesa de Coordinación fueron notificados de una denuncia informal, en la que se relató que agentes de la FGE habían vendido alrededor de 10 kilos de cocaína -más o menos-, y para entregarla habían usado la unidad asignada al director de la GESI, Israel Vega Rodríguez.
La primera inferencia de los jefes policiacos fue que algunos de los agentes involucrados pudieron cortar la droga antes de entregarla: “La partieron, se quedaron con 70% y la mezclaron con leche al 30% para que siguiera dando positivo, remitieron la más rebajada y vendieron la de más alta concentración”.
Para evitar problemas, los agentes estatales tomaron video de las primeras pruebas químicas realizadas por la Federación, en la que el producto dio positivo como cocaína.
Después, en el análisis formal, la FGR informó que solo uno de los once paquetes entregados era cocaína; el resto fue clasificado como lactosa.
“En este punto hay dos posibilidades, la GESI se aseguró que las primeras pruebas de los federales se hicieran en el único paquete que contenía suficiente droga; o el personal de la FGR cortó también la cocaína, y debido a que ya estaba muy diluida, terminó siendo pura lactosa”, expuso un jefe policíaco.
Debido a que las corporaciones se inculpan una a la otra, esta transformación de cocaína en leche deberá será investigada por la FGR desde México. En la FGE aseguran estar haciendo lo propio.
UN AGENTE MUERTO Y OTRO LESIONADO EN TIJUANA
Pese a confirmar que Sebastián Leyva Mariscal y Omar Alpízar sí tenían asignaciones laborales como pareja en la Dirección de Unidades de Investigación Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. Trabajaron juntos en Homicidios, y los investigadores insisten en separarlos.
Relacionan a Alpízar con el cártel de los Arzate, pero refieren que la indagatoria de su muerte no ha mostrado un indicio sólido respecto al móvil, “ni siquiera participaron en el rescate de Farrah Fresnedo”.
Los atacantes de Leyva fueron dos hombres aparentemente jóvenes y enjutos, ambos lo tuvieron a centímetros de distancia, le descargaron las armas, se defendió, y, aunque lo alcanzaron cuando corrió, afortunadamente para el agente solo acertaron un tiro en el abdomen que no puso en peligro su vida.
“No los reconocí, ni tengo problemas con nadie, no he recibido amenazas, quizá se trató de una equivocación, ya que en esta calle vivimos varios policías”, manifestó Leyva el 12 de abril, día en que fue baleado.
Esta semana, Omar Alpízar no tuvo la misma suerte. A las 07:20 horas del martes 20 de abril, al salir de su casa en la colonia Hacienda Linda Vista, un joven vestido de negro, sin gorra y sin cubre bocas, lo esperaba a unos metros de frente a su auto. Otro que vestía pantalón gris, sudadera roja y gorra negra, también sin cubre bocas, llegó por atrás y en menos de quince segundos se acercaron, lo balearon dentro de la patrulla, corrieron algunos metros a pie y después abordaron un Volkswagen Jetta para huir.
Inició un operativo policiaco y 19 minutos después, a varios kilómetros de distancia en el fraccionamiento Soler, otros agentes reportaron la localización de dos armas que, de acuerdo con imágenes de cámaras en las inmediaciones, fueron tiradas por los homicidas del Jetta.
Alpízar llevaba más de 18 meses asignado a Desaparecidos, sin ser denunciado o amenazado. Sus antecedentes negativos datan de noviembre de 2015, cuando un puñado de agentes corruptos se llevaron un camión con marihuana del CAF, y una videograbación de los hechos fue recibida por el Grupo Coordinación.
Una indagatoria superficial de la FGE basada en reportes de prensa, identificó a los presuntos responsables como Ricardo Izquierdo Valle, Cristian Vargas Ceballos, un hombre de apellido Harris (se trata de Óscar Harris Mendoza) y otro Cerda (Jorge Cerda); el jefe de Homicidios, Omar Muñoz Alpízar, y el policía municipal asesinado el 26 de noviembre de 2015, José Iván Hernández Contreras.
Uno de los agentes identificados admitió: “La verdad sí nos aventamos ese jale, pero que no se hagan pendejos, fue en coordinación con los de Inteligencia Militar, el que se ve encapuchado es un soldado, y ellos pusieron el trabajo; no sé por qué ahora salen con esto…”. Al tiempo que sugirió que el punto donde robaron, era un lugar donde elementos corruptos de las corporaciones guardaban los “clavos”, droga que roban.
LAS DOS VERSIONES DE MOUET
Treinta y seis horas después del asesinato de Alpízar en Tijuana, pasadas las 19:00 horas del miércoles 21 de abril, trataron de matar en Ensenada al agente Cristian Armando Mouet Quiñonez, quien llegaba a su casa -en la colonia Villa Fontana- escoltado por su compañero, Carlos Antonio Orozco Díaz.
Mouet Quiñonez fue comandante en Ensenada, llegó al cargo en agosto de 2019, después que el ex fiscal de Ensenada, Cristian Colosio Lule; su comandante Esteban Berrelleza Sánchez y el comandante operativo Óscar Miguel Tenorio Camarena, señalados como socios de Víctor Manuel Padilla Murillo “El Chatarras”, traficante del Cártel de Sinaloa asesinado en agosto de 2020, fueron reasignados a otros municipios.
La tropa asegura que Berrelleza intentó entregarle a Mouet un teléfono de contacto con el Cártel de Sinaloa y lo rechazó. Sin embargo, fue descalificado por el grupo de investigadores traído del Centro del país, al estar “dando largas” al trabajo para esclarecer el homicidio de Hiram Rivera Lizárraga, agente del Ministerio Público.
Lo empezaron a investigar por supuestos nexos con Carlos Adrián Casas Reyes “El Mercenario” o “El Tragedias”. El 23 de junio de 2020, al ser detenido por la muerte de Rivera, Jesús Villavicencio Meza “El Rayder”, integrante de la banda “Los Venados”, aseguró que le daba dinero a Mouet: “Para qué te haces, bien que me recibes el dinero”.
Sin mayores sanciones, fue reasignado al área de aprehensiones, donde extrañamente le fueron asignadas decenas de órdenes en contra de homicidas, precisamente del Cártel de Sinaloa, al que le acusaban de proteger.
Ejecutó 14 órdenes de aprehensión contra de los matones de la mafia sinaloenses solo en un mes, entre el 1 de marzo y el 12 de abril: Dulce Hernández Cienfuegos, Víctor Manuel Mendoza Verdugo “El Neck”, Carlos Manuel Mancilla Heredia, Bernardo Hernández Rauda, José Antonio Luna Ortega, Gustavo Alberto Aranda Crosthwaite, Eduardo Ovalle Sánchez, Isaí Arredondo Ramírez, Marco Hugo Lemus Samaniego y otros cinco integrantes de una célula de homicidas identificados como “Los Números”.
“Él cumplió sobradamente bien con su trabajo, en este punto de la investigación es temprano para conocer la dimensión de los señalamientos por corrupción. Pero brutalmente incorrecto, que lo asignaran a él todas las capturas de una célula, parece que lo pusieron en riesgo intencionalmente”, reclamó uno de sus compañeros.
